El Rey tiene muy tasadas sus funciones, por otra parte esenciales. El título de la Corona que figura en la Constitución le atribuye no solo la Jefatura del Estado sino el ser "símbolo de su unidad y permanencia". Felipe VI "arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones". Sin embargo, poco puede hacer como árbitro para acabar con el bloqueo político y la interinidad que, en sus distintas fases, vive España desde 2016.
Su principal papel llegará el martes y el miércoles y también está milimetrado en el artículo 99 de la Constitución, que le atribuye la propuesta de un candidato a la presidencia del Gobierno tras consultas con representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria.
El epígrafe en sí da bastante libertad al monarca para proponer a quien considere oportuno, pero dado que éste debe solicitar después la confianza del Congreso de los Diputados, el Rey suele proponer a los candidatos con más apoyos. Incluso aunque estos no quieran, como dejó por escrito y para la Historia Felipe VI en 2016, cuando Mariano Rajoy rechazó la encomienda por falta de apoyos. Fue la excepción que confirma la regla. Los líderes de la fuerza más votada suelen querer ser presidentes del Gobierno, aunque encaren difíciles negociaciones.
Sánchez aniquila el suspense
Ese es el caso de Pedro Sánchez, que aspira a superar por primera vez una investidura tras haberse presentado a dos fallidas. Este miércoles, Sánchez aniquiló el suspense al considerar que su designación como candidato era cuestión de tiempo. "Espero que cuando tenga el honor recibir la encomienda por parte del jefe del Estado", dijo en una rueda de prensa en Londres, "todas las fuerzas políticas no se desentiendan de una responsabilidad que compartimos entre todos: que haya Gobierno en España cuanto antes".
Sánchez asegura que no puede haber alternativa a él como presidente, por lo que considera que el camino de Felipe VI tiene ya un recorrido marcado. Pero, por si fuera poco, el PSOE ha fijado junto a ERC una reunión de equipos negociadores que coincidirá con la primera jornada de la ronda de consultas.
Los representantes socialistas e independentistas se verán por tercera vez el martes, día en el que Felipe VI recibe a los primeros 10 de los 19 representantes políticos. La investidura está ahora, más que en manos del jefe del Estado (aunque formalmente sea su tiempo) en las de ERC, que de momento no han anunciado una abstención sin la cual no saldrá las coalición que PSOE y Unidas Podemos han acordado ya.
ERC, además, no asiste a la ronda de consultas al no considerar al jefe del Estado un interlocutor válido por negarse en 2015 a recibir a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, hoy condenada a 11 años de cárcel por sedición por el Tribunal Supremo, y por su discurso de defensa de la Constitución el 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum ilegal en Cataluña.
Todos pendientes de ERC
En ese sentido, la cita política de mayor voltaje de todo el martes, cuando el Rey dedicará siete horas y media a despachar con los líderes políticos, se producirá en realidad en el Congreso de los Diputados, lugar a priori de la reunión de socialistas e independentistas.
Esta vez, al menos, el Rey no estará fuera del país si los dos partidos hacen público un acuerdo, en caso de llegar a uno. Cuando Sánchez anunció su preacuerdo con Pablo Iglesias, el rey Felipe VI estaba en Cuba. En esta ocasión, el Gobierno barajó enviarlo a Buenos Aires para la toma de posesión de Alberto Fernández como presidente de Argentina. Que el Gobierno lo hubiese enviado allí también sería compatible con las funciones del monarca tal y como figuran en la Constitución, que dice que asume "la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica".
Sin embargo, se da por hecho que el Rey debe estar en suelo español cuando haya avances significativos en la política nacional, especialmente en un momento de interinidad como este. Hasta para eso hay responsable, según (de nuevo) la Carta Magna. "De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden", específicamente el presidente del Gobierno y, en su caso, a los ministros competentes. Lo dice el artículo 64.