Los independentistas catalanes lo tenían todo pensado por si triunfaba la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 y estaban preparados para constituir su "República": la Constitución del futuro Estado ya estaba redactada y regulaba la existencia de partidos políticos, la seguridad y hasta el futuro de los militares y los Guardias Civiles españoles.

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En el documento, intervenido por la Guardia Civil al exsenador y juez Santiago Vidal y remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, se enunciaba que los funcionarios catalanes del nuevo Estado debían tener "una única nacionalidad", la catalana, y tenían un margen de seis meses a partir de la declaración de independencia para decidir su futuro. Sin embargo, el aviso era claro: si optaban por seguir siendo españoles, serían cesados de sus trabajos y perderían la condición de funcionarios, aunque podrían seguir residiendo en Cataluña.

En cuanto a los militares que no tuvieran origen catalán y a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España o de un gobierno extranjero, estos no podrían obtener ni conservar la ciudadanía catalana. La República solo revocaría esta situación si los profesionales "renunciaran a la nacionalidad de origen" y solo en ocasiones excepcionales, estudiadas caso a caso.

En el borrador encontrado durante los regitros a Santiago Vidal se exponía que "se permitirá la existencia de todo tipo de participación política siempre y cuando su programa electoral no vaya contra la existencia de Cataluña como Estado ni contra esta Constitución". Además de la prohibición de toda oposición a la República, los independentistas también propusieron espiar a los grupos que pudieran actuar contra el nuevo Estado y crear una "unidad especializada en españolismo violento" para "administrar el ejercicio de la presión policial".

Un ejército catalán

"La seguridad de las personas y el control del territorio" era una de las máximas de la Constitución, que contemplaba la creación de un ejército catalán aparte de los Mossos d'Esquadra para responder a las emergencias internas y externas y "para ser aceptado como Estado". Para ello, la Policía tendría que disponer de información sobre los grupos que pudieran actuar contra el nuevo Estado y apuntan que "los máximos mandos han de contar con absoluta lealtad al cuerpo y no tener ninguna duda".

En el texto que analizan los investigadores también se habla de la enseñanza, que es "un vehículo de socialización política y de cohesión social" que junto con "los medios de comunicación y otros espacios públicos compartidos y la vivencia de los símbolos nacionales, fortalezcan vínculos, la lealtad y el sentimiento de pertenencia la nuevo Estado".