El cerco de la llamada operación Kitchen se estrecha poco a poco sobre varios dirigentes policiales con el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, a la cabeza. Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, la Fiscalía Anticorrupción trabaja con la tesis de que fue su subalterno Enrique García Castaño, comisario dependiente de la Comisaría General de Información, quien recibió los documentos sacados sin orden judicial de la casa del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, tras captar como confidente a su conductor Sergio Ríos Esgueva.
En una pieza separada del caso Tándem (caso Villarejo), la Audiencia Nacional investiga en secreto lo que Anticorrupción considera una operación "parapolicial" destinada a conseguir la información que Luis Bárcenas escondía en su casa. Tal y como desveló este diario, los investigadores apuntan directamente a que "directivos" del Partido Popular se sirvieron de mandos policiales para conseguir sus objetivos, que nada tenían que ver con los primeros pasos de la investigación judicial del caso Gürtel y que pasaban por localizar la información en poder de Bárcenas y ocultarla.
En ese dispositivo jugó un papel fundamental, según la Fiscalía, el comisario García Castaño, conocido como El Gordo y que según los investigadores sería la persona que recepcionó los documentos y la información obtenida presuntamente por el conductor y asesor personal de Luis Bárcenas cuando éste ya había ingresado en prisión preventiva.
Información sobre altos cargos del PP
Los representantes de la Fiscalía consideran que el objetivo real del operativo era localizar la información que afectaba a altos cargos del Partido Popular y hacerla desaparecer para que nunca terminara en un juzgado. Este diario publicó ya en 2015 que entre la documentación obtenida en la operación Kitchen había manuscritos de la familia Bárcenas que hablaban, por ejemplo, sobre el presunto uso de 'dinero B' para reformar la vivienda de Mariano Rajoy. Algo que no fue trasladado a juzgado alguno y sobre lo que el juez encargado del caso Gürtel no tenía conocimiento.
Por su parte, García Castaño ha defendido ante el juez Manuel Garía-Castellón que su papel en dicho operativo policial estuvo siempre dentro de la legalidad y que trasladó todos los datos de interés a sus superiores. De hecho, pidió al juez que solicitara al Consejo de Ministros autorización para que declarara al margen de la Ley sobre Secretos Oficiales y poder contar todo lo que sabía sobre los fondos reservados que se destinaron al operativo.