El Gobierno está dispuesto a enviar a la Policía y a la Guardia Civil a Cataluña si persiste la "inacción" de los Mossos d'Esquadra ante la "grave perturbación del orden público" de este fin de semana, cuando los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) cortaron durante más de un día la autopista AP-7 sin que la policía catalana hiciera nada por evitarlo.
El Gobierno dice que la vía de Torra tendrá consecuencias en Cataluña
Así consta en una carta enviada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al conseller de Interior, que se suma a las misivas enviadas también por la vicepresidenta, Carmen Calvo, y el titular de Fomento, José Luis Ábalos, a sus homólogos en el Govern.
[Lea aquí la carta del ministro del Interior enviada a la Generalitat]
El Gobierno y el PSOE aseguran que, de momento, no es necesario aplicar el artículo 155 de la Constitución, algo que le exigen Pablo Casado y Albert Rivera, líderes del PP y Ciudadanos. Pero la advertencia epistolar a la Generalitat es una seria advertencia y puede constituir un paso previo por la gravedad de los hechos descritos y la disposición del Ejecutivo central a neutralizarlos de manera urgente.
Hechos de "gravedad"
Marlaska destaca la "gravedad" de los cortes, especialmente en un puente como el de la Constitución, con millones de desplazamientos. La policía autonómica "no ha ejercido su función de garantizar el mantenimiento del orden público, la seguridad del tráfico, la libertad de desplazamiento de los ciudadanos y la normal gestión de las autopistas de peaje por parte de la empresa concesionaria".
El titular de Interior recuerda a Buch que, según la Constitución, todos los cuerpos de seguridad, independientemente de la titularidad, deben garantizar el ejercicio de "derechos y libertades" y garantizar "la seguridad ciudadana", algo que depende en última instancia del Gobierno de la Nación aunque las comunidades tengan competencias en la materia. "La tutela de estos bienes jurídicos no admite supuestos de inacción", advierte.
Por ese motivo, exige a la Generalitat que explique sus acciones y cumpla con sus deberes, al mismo tiempo que le advierte de que si no lo hacen los Mossos lo harán la Policía y la Guardia Civil.
"Se ordenará la intervención"
Si la Generalitat no cambia sus actuaciones en el futuro, "se ordenará la intervención de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando proceda y en términos de proporcionalidad y necesidad", explica el texto firmado por el ministro del Interior.
"En el marco de la lealtad que debe presidir las relaciones entre el Gobierno del Estado y el de la Generalitat, me dirijo a ti para trasladarte nuestra inquietud", comienza otra de las misivas, firmadas por la vicepresidenta, Carmen Calvo.
"Aparentemente ha existido una dejación de funciones". "Te solicitamos nos aclares lo sucedido", le pide en referencia a las autopistas a Pere Aragonés, vicepresident de la Generalitat.
Calvo fue muy crítica en la mañana de este lunes en declaraciones a los medios. "La Constitución y el Estado de Derecho establecen situaciones de respuesta en las que se encuentra el Gobierno porque esto no puede volver a ocurrir", había dicho Calvo, que ha considerado "inadmisible" la situación. "Va a tener consecuencias", según ella.
Ábalos expresa su "profundo malestar"
El ministro de Fomento remitió, por su parte, otra misiva, en este caso al conseller Damiá Calvet, conseller de Territorio y Sostenibilidad. "Te manifiesto mi más profundo malestar por los altercados", dice en la carta. "Dañan la imagen tanto de España como de la comunidad autónoma de Cataluña y, en particular, de las instituciones que la representan".
"Te recuerdo que, en el marco competencial vigente, corresponde a la Generalitat promover las acciones que permitan el pacífico y ordenado uso de las infraestructuras. Confío en que no se vuelvan a producir situaciones o hechos simialares", dice el texto.
Ábalos no excluye la posibilidad de que las concesionarias presenten reclamaciones por la interrupción de los carriles, que debería haber sido evitado por los Mossos. En lugar de eso, los agentes a órdenes de la Generalitat desviaron el tráfico y permitieron a los CDR actuar con total impunidad.