El Gobierno otorga la máxima importancia al Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona el 21 de diciembre. Es la segunda reunión del gabinete de Pedro Sánchez fuera del complejo de la Moncloa tras el celebrado en Sevilla el 26 de octubre, pero este es diferente. El Ejecutivo central llegó al Gobierno con una apuesta por una política que combinase el diálogo con la Generalitat y los partidos independentistas (determinantes en el éxito de la moción de censura) y al mismo tiempo la defensa de la Constitución y la independencia judicial.

La estrategia le ha granjeado no pocos enemigos y parece no satisfacer a ninguna formación política salvo al PSOE y al PSC, su partido hermano en Cataluña. PP y Ciudadanos atacan inmisericordemente a Sánchez, al que considera "partícipe de un golpe de Estado", según le recriminó en una bronca sesión parlamentaria en octubre el líder popular Pablo Casado, que este viernes acusó al presidente de "cómplice" de la "kale borroka independentista" por no aplicar el artículo 155 de la Constitución que le reclama junto a Albert Rivera. Por si fuera poco, la derecha ha sumado mayoría absoluta en Andalucía, irrupción de Vox incluida, con un discurso centrado en Cataluña y la cuestión nacional. 

Los partidos independentistas creen que Sánchez se ha quedado sólo en palabras desde que llegó al cargo y han endurecido sus mensajes a la espera del juicio y sentencia a los dirigentes en prisión preventiva. Unidos Podemos acusa a Sánchez de falta de valentía y empeño a la hora de convencer a los independentistas de que apoyen sus cuentas públicas. 

El diálogo, ¿la única vía posible?

Pero Sánchez y varios de sus ministros, entre los que se encuentra la responsable de Política Territorial, Meritxell Batet, creen que su vía es la única posible y por eso conciben la cita del 21 de diciembre como una oportunidad histórica para hacer una apuesta por la concordia y una España diferente a la que combaten los partidos independentistas.

Este jueves, en los pasillos del Congreso, Sánchez anunció en conversación informal con los periodistas que la cita contendrá importantes medidas para el conjunto de España y otras específicas para Cataluña, aunque no especificó cuales. El objetivo es, pues, doble: mostrar desde el corazón de Cataluña que otra España es posible, diferente a la del PP y Ciudadanos, al tiempo que se trata de seducir a la sociedad catalana con medidas que probablemente tengan simbolismo o impacto social. Preguntados por el detalle de esas medidas, ni los servicios oficiales de prensa ni otras fuentes del Gobierno confirmaron su carácter o detalle. 

Sánchez concibe su visita a Barcelona como un último intento de convencer a los partidos independentistas por la vía del desgaste. Fuentes del Gobierno consideran que su estrategia ya ha dado frutos: PDeCAT y ERC se han visto obligados a votar a favor de medidas sociales del Gobierno a pesar de criticar que ningún entendimiento es posible si no interfiere en el procedimiento judicial o garantiza un referéndum de autodeterminación. 

La división del independentismo

Fuentes del PSC creen además que la imagen del Gobierno de España es buena en Cataluña y que se vive un momento de distensión evidente, motivado en parte por la división del independentismo y, además, del propio PDeCAT en varias almas, de lo que también se sienten responsables.

Manifestaciones como las de médicos, profesores universitarios y bomberos de hace unos días dan esperanzas al Ejecutivo, que las considera un poderoso elemento de coerción ciudadana para que PDeCAT y ERC se planteen no bloquear los Presupuestos, que contienen 2.200 millones para Cataluña, según el Ministerio de Hacienda. 

En ese sentido, el Consejo de Ministros de Barcelona pretende una gran puesta en escena que sirva como reclamo. Con la cita, el Gobierno espera ablandar las reticencias de los partidos independentistas a apoyar los Presupuestos. Al mismo tiempo, Sánchez ofrece a Quim Torra una reunión como la que mantuvieron en Moncloa. La Generalitat quiere un cónclave del Govern y el Gobierno, con la presencia de todos los consellers y los ministros, descartado de plano por el Ejecutivo central. 

Oportunidad para denunciar al independentismo

Si Torra rechaza un cara a cara con Sánchez, "será su problema", según ha dicho el propio presidente sin cámaras el día de la Constitución. De alguna manera, Moncloa espera que, si el 21 de diciembre no sale bien, también salga bien. Es decir, que quede clara la voluntad del Gobierno y la responsabilidad de la Generalitat al no implicarse en el diálogo con el Ejecutivo que siempre ha dicho defender.

En el Gobierno laten muchas voces. Algunos ministros creen que es necesario aprender de Andalucía y ser más contundentes en el combate dialéctico y político del independentismo, interviniendo en asuntos de política catalana si es necesario.

Por ese motivo, el Consejo de Ministros de Barcelona puede marcar un punto de inflexión y abrir la vía a un distanciamiento fruto de la imposibilidad de seguir avanzando. Podría ser sólo retórico, pero Sánchez respondería así a las múltiples voces en su partido y, especialmente, en los candidatos destacados a las elecciones autonómicas y municipales de mayo, que creen que el diálogo con los independentistas puede acabar con su estrategia y empujarlos fuera del poder, como le ha ocurrido a Susana Díaz. 

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