"La discusión sobre la reubicación obligatoria se ha agotado y es hora de dejarla atrás. La solidaridad puede venir de diferentes formas, pero debe venir de todos". El comisario de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, el último defensor convencido que quedaba en la Unión Europea de las cuotas obligatorias de refugiados, se da también por vencido. Admite que no hay ninguna posibilidad de que este mecanismo permanente de solidaridad -que Bruselas propuso en mayo de 2016 para ayudar a los países que sufren mayor presión migratoria, como Italia, Grecia y ahora España- salga adelante. Los países del Este, liderados por Hungría y Polonia, mantienen una oposición férrea a las cuotas, pero lo cierto es que esta solución no entusiasma a casi ningún país.
Hace ahora un año, Avramopoulos se indignó con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, por dar ya por muerto el reparto obligatorio de demandantes de asilo. Las cuotas "han creado división" entre la Europa Occidental y la del Este y "no han resultado eficaces como herramienta para afrontar la crisis de refugiados", sostenía Tusk. El comisario de Inmigración tachó estas palabras de "inaceptables" y "antieuropeas": había que seguir negociando sobre las cuotas porque la solidaridad voluntaria no funciona. Doce meses más tarde, Avramopoulos se rinde ante la evidencia de la falta de avances, entierra las cuotas definitivamente y se conforma con esas medidas voluntarias que antes descalificó.
Lo que está en juego es la reforma del reglamento de Dublín, que establece que el primer país de entrada irregular de un migrante será el responsable de tramitar su posible solicitud de asilo. Esta norma impone una carga desproporcionada sobre los países fronterizos como España, Italia y Grecia. De ahí la propuesta de Bruselas de introducir un mecanismo permanente de reparto obligatorio en caso de crisis grave. Un sistema que se ensayó de forma provisional en la crisis de 2015 y resultó un fracaso: De los 160.000 refugiados que los países de la UE se comprometieron a repartirse como medida provisional, sólo se reubicó a 34.689 (el 22% del total) una vez concluido el periodo de dos años previsto.
El comisario de Inmigración, Dimitris Avramopoulos
La alternativa que el Ejecutivo comunitario acaba de presentar de cara a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del 13 y 14 de diciembre se basa en una solidaridad a la carta. Cada Estado miembro será libre de elegir cómo ayuda en caso de crisis migratoria: negociando con los países de origen y tránsito, aportando guardias de frontera o acogiendo a refugiados. Eso sí, el nuevo sistema debe contar con una "red de seguridad" que garantice que, a falta de suficientes ofertas voluntarias, un Estado miembro afectado por una fuerte presión migratoria reciba la ayuda que necesita.
Pero ni siquiera este compromiso de mínimos ha servido para desatascar la negociación. "Nuestras discusiones previas se centraban en cómo crear un mecanismo de reubicación de manera reactiva. Ahora hemos pasado a un enfoque proactivo que sitúa en primer plano cuestiones como el control de fronteras, pero la cuestión de la solidaridad interna sigue estando abierta", ha admitido el ministro austriaco Herbert Kickl, del partido de extrema derecha FPÖ, tras el Consejo de Interior de la UE celebrado este jueves en Bruselas. A la reunión no ha asistido el ministro Fernando Grande-Marlaska.
Acuerdos temporales ad hoc
De hecho, la Comisión da por imposible la modificación de Dublín antes de las elecciones europeas de mayo de 2019 y trata de salvar del naufragio el resto de componentes del nuevo sistema de asilo que todavía están pendientes de aprobación. De sus siete propuestas iniciales, Avramopoulos ha pedido a los Estados miembros y a la Eurocámara que aprueben en esta legislatura cinco que están casi a punto: entre ellas el reglamento que fija criterios comunes para aceptar una demanda de asilo, la directiva sobre las condiciones de acogida o la norma sobre Eurodac, la base de datos para guardar las huellas de los migrantes. "Aunque todas están ligadas, cada uno de los instrumento tendrá un impacto importante por separado", sostiene.
Y a la espera de un pacto lejano sobre Dublín, el Ejecutivo comunitario plantea establecer cuanto antes acuerdos temporales para el reparto de los migrantes rescatados en alta mar que sirvan como "puente" hacia el nuevo sistema. Unos acuerdos que se basarían en la experiencia adquirida durante el verano con las soluciones ad hoc que empezaron con el caso del Aquarius, el barco rechazado por Malta e Italia que acabó viajando a Valencia. Es decir, distribución de los migrantes entre coaliciones de países voluntarios.
Refugiados del 'Aquarius' desembarcan en el puerto de Valencia.
El principal problema de esta solución es que hasta ahora muy pocos Estados miembros se han prestado a participar: fundamentalmente Francia, España, Alemania, Portugal, Bélgica, Holanda, Luxemburgo o Irlanda. "Debe animarse a todos los Estados miembros a que participen en estos esfuerzos compartidos dado que la experiencia del verano muestra que se necesita una masa crítica de Estados miembros para que estos acuerdos sean eficaces", reclama la Comisión.
Reforzar la cooperación con Marruecos
En el ámbito exterior, la prioridad ahora para Bruselas es taponar la ruta del Mediterráneo Occidental, donde se concentra en estos momentos la mayor presión migratoria en la UE. Mientras que en la ruta entre Turquía y las islas griegas el número de entradas irregulares ha caído un 90%, y en el Mediterráneo Central la bajada ha sido del 80%, en la ruta entre Marruecos y España las llegadas han aumentado un 126% y se sitúan ya en 57.000 personas este año. El Ejecutivo comunitario quiere ahora intensificar la cooperación con Rabat para que frene la salida de inmigrantes y acepte la devolución de los que lleguen a España, siguiendo el modelo de los acuerdos cerrados con Turquía y Libia.
Los ministros del Interior de la UE han debatido también este jueves la propuesta de Bruselas para aumentar hasta 10.000 personas la plantilla de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex). Pero han fracasado en el objetivo que se habían marcado de llegar a un acuerdo antes de fin de año. Ya hay consenso en algunos puntos, como fortalecer el papel de Frontex en las repatriaciones y en la colaboración con países terceros. Sin embargo, algunos países como España siguen teniendo dudas porque temen que esta reforma afecte a su soberanía en el control de fronteras.
Tampoco hay acuerdo entre los 28 sobre la reforma de la directiva de retorno, que la Comisión ha presentado para acelerar los procedimientos de repatriación, evitar la huida de los migrantes pendientes de devolución y mejorar la tasa de retornos. En lo que va de 2018, Frontex ha organizado 228 vuelos chárter para repatriar a 10.000 irregulares. Pese a estos esfuerzos, la tasa de retorno se mantiene por debajo del 40% en los últimos tres años.
Otro motivo de preocupación es la situación de los migrantes que siguen atrapados en las islas griegas. Alrededor de 12.500 personas viven todavía en tiendas de campaña o contenedores inadecuados para el invierno en cinco centros de refugiados en Lesbos, Samos, Chios, Kos y Leros. Los migrantes sufren condiciones higiénicas y sanitarias deplorables y riesgo de violencia física, especialmente las mujeres, según ha denunciado Human Rights Watch. La ONG ha pedido este jueves a la UE que facilite el traslado de estos migrantes a la Grecia continental o su reubicación en otros Estados miembros.