Un preso interno en el módulo 5 del Centro Penitenciario de Tenerife II, en el término municipal de la Esperanza, agredió a dos funcionarios a la hora de la comida. A uno de ellos le propinó varios golpes y al otro le mordió en el gemelo. Los hechos ocurrieron este domingo, a las 13.30, según fuentes penitenciarias.
El reo se acercó "de forma agresiva y violenta" a un funcionario de la cárcel de Tenerife II durante el reparto de comida. En ese momento le propinó varios golpes. Entre varios de los presentes consiguieron apartarlo y se lo llevaron a una zona de seguridad. Es en este punto cuando se produjo la segunda agresión: el preso le mordió en el gemelo a otro funcionario.
Desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) en Tenerife señalan que uno de los agredidos fue atendido en la enfermería del centro penitenciario y después fue trasladado a un hospital. La asociación denuncia que estos hechos no son "un caso aislado en los centros penitenciarios a nivel nacional": "Se registra una media de más de una agresión al día".
"Por parte de APFP venimos denunciando las graves carencias que padecemos los empleados penitenciarios y que dificultan mucho la difícil labor que cada día se realiza en nuestro lugar de trabajo". Según los datos que maneja la asociación, es necesario un refuerzo de otros 3.400 funcionarios, 48 de ellos en Tenerife II, para desempeñar sus labores en garantías de seguridad. También hablan de "carencia de medios materiales", "un uniforme más práctico, útil y de mejor calidad" y un "efectivo protocolo frente a las agresiones".
Los funcionarios de prisiones, además, lamentan que no haya un espacio adecuado para "la gran cantidad de internos con patologías mentales": "Sólo hay dos centros penitenciarios psiquiátricos en toda España, ubicados en Sevilla y Alicante". Quejas que los funcionarios ya han trasladado a representantes políticos del Senado y del Congreso.
Agresiones como las registradas en la cárcel de Tenerife II, señalan desde APFP, podrían reducirse si se aprueba una proposición de ley que ya está en marcha para considerar a los funcionarios como agentes de la autoridad.