Imad Al Naddaf, un empresario sirio del ladrillo fue quien 'encontró' la documentación del caso Zaplana

Imad Ahmad Al Naddaf, empresario sirio afincado en Valencia, habría sido la persona que encontró la documentación comprometedora sobre Eduardo Zaplana que ha desencadenado en la Operación Erial y la detención del exministro de Aznar y de sus familiares y colaboradores por presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude.

A pesar de que el empresario, dedicado al comercio de madera y materiales de construcción, niega los hechos a través de un tercero con el que ha hablado EL ESPAÑOL y asegura que se trata de una "suposición periodística", él mismo describió tiempo atrás cómo ocurrieron los hechos a su círculo más cercano.

Según habría relatado el propio Al Naddaf, que fue presidente del Centro Islámico de la capital valenciana, el empresario entró a vivir a un piso que previamente tuvo alquilado el exministro Zaplana en una céntrica plaza de Valencia. Por eso, Al Naddaf decidió hacer reforma. Durante la obra, el empresario encontró, según el testimonio revelado a su entorno, diversos documentos en una especie de falso techo. 

Al ver que podían contener información relevante, puesto que él mismo pudo comprobar que hacían referencia a contratos eólicos, puso los papeles en manos de Marcos Benavent, por aquel entonces vicesecretario del PP en la ciudad. Según las mismas fuentes, el empresario sirio se decidió a poner los documentos en manos del llamado yonki del dinero por ser una persona con la que había ganado confianza tras los encuentros de ambos como responsables públicos. 

Al Naddaf es una persona conocida en el círculo empresarial de Valencia, activista comprometido con la acogida de refugiados y opositor del régimen de Bashar Al Assad, presidente de Siria. También está vinculado a la Asociación Hispano Siria de la Comunidad Valenciana, aunque nunca ha sido imán de ninguna mezquita. En lo fundamental, esta versión de Al Naddaf sobre el hallazgo de los documentos, la misma que ahora niega, es prácticamente idéntica a la facilitada por Benavent a la Justicia en sus comparecencias, adelantada este martes por EL ESPAÑOL. 

La versión ofrecida por los dos presenta luces y sombras y supondría aceptar que Eduardo Zaplana, después de mandar construir un falso techo para albergar dicha información, la olvidara tras cambiar de domicilio.

'Va a salir mierda a punta pala'

Dichos documentos llegaron a manos de la Guardia Civil en 2015, cuando se produjo un registro en el despacho de un abogado próximo a Benavent, entonces uno de los principales imputados en la llamada operación Taula. 

A raíz de dicho registro, Benavent declaró en los juzgados valencianos. Casi desde el principio de la investigación, comenzó a colaborar con la Justicia arrepentido de los hechos. En apariencia, el exresponsable del PP y de la empresa pública Imelsa ha vivido una conversión personal que le ha hecho reconocerse como una especie de 'yogui' que estuvo enganchado al dinero y ahora rechaza cualquier opulencia.

Justo después de aquella declaración, Benavent ya avanzó a los medios de comunicación que se concentraban a las puertas de los tribunales que "va a salir mierda a punta pala". Unas palabras que ahora cobran más sentido.

La Operación Erial

Las pesquisas de la UCO se remontan a movimientos de Eduardo Zaplana desde hace más de dos décadas, cuando era presidente de la Comunidad Valenciana: por un lado, analizan las concesiones del servicio público de Inspección Técnico de Vehículos (ITV) de 1997; por otro, las del Plan Eólico valenciano adjudicadas en 2001. Los agentes sospechan que Zaplana pudo haber ocultado en el extranjero -en paraísos fiscales caribeños, Panamá y Uruguay- el dinero que obtuvo en ambas operaciones y que en los últimos años ha ido repatriando a España desde Luxemburgo. Las cifras apuntan a un patrimonio de más de diez millones de euros.

En ese entramado figuran varios nombres clave, detenidos el pasado martes en el marco de la operación Erial. Juan Francisco García, jefe del gabinete de Zaplana cuando era presidente valenciano, figuraba como presidente de la mesa de contratación de una de las licitaciones investigadas, según apuntan a EL ESPAÑOL fuentes próximas a la investigación. Por otra parte, la Guardia Civil señala a Joaquín Barceló, ex director general de Turismo de la Generalitat, y a la mujer de éste, Felisa López, como los creadores del entramado societario encargado de la repatriación del dinero.

Los hermanos José y Vicente Cotino -sobrinos del exdirector de la Policía y exvicepresidente autonómico Juan Cotino, citado como investigado en esta misma causa- representan una pieza fundamental en las pesquisas: empresarios y personas de confianza de Zaplana, fueron quienes obtuvieron las concesiones (o parte de ellas) del servicio de la ITV y del VI zona del Plan Eólico valenciano.

El listado de detenidos lo completa Francisco Grau Jornet, economista y especialista financiero al servicio de Eduardo Zaplana. Fue secretario general del consejo de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo entre 1998 y 2007. Ese año empezó a trabajar como analista financiero de Decuria Consulting, consultoría recién creada por un Zaplana que acababa de dejar la política. Esta empresa ha facturado más de dos millones de euros desde su creación.

La operación fue coordinada por el juzgado de instrucción número 8 de Valencia. Además de Juan Cotino, también han sido citados como investigados la mujer de Zaplana, Rosa Barceló y la secretaria personal del exministro, Mitsuko Henríquez. Las investigaciones de la UCO arrancaron hace tres años, si bien se intensificaron desde hace un año y medio gracias a las intervenciones telefónicas. Los agentes han registrado varios domicilios y las dependencias de la Conselleria de Economía valenciana para recabar información de los movimientos financieros de Zaplana y su entorno.