Alejandro Requeijo Daniel Montero

Las pesquisas de la Guardia Civil en torno al 1-O amenazan con poner en solfa la presunta independencia de la plataforma ciudadana Òminun respecto de la Generalitat. La pretendida separación entre la Administración catalana y la sociedad civil está ahora bajo el foco del Instituto Armado, que investiga el modo en el que el Govern adquirió varios dominios de internet, ocultándolo al Tribunal Constitucional, para acabar cediéndolos después a Òmnium, que los explotó como suyos. La asociación que dirigía entonces Jordi Cuixart terminó haciendo uso de la página web para publicitar el referéndum ilegal con la fingida imagen de un movimiento ciudadano.

La Guardia Civil incluye estos hechos en un informe al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL sobre la posible comisión de malversación de caudales públicos, desobediencia, prevaricación y sedición. Los investigadores creen que la Generalitat reservó y registró diversos dominios para albergar páginas web. Se trataba de 'pactepelreferendum.cat', 'referendumcatalunya.cat' y 'catalanreferendu.eu'. Lo hizo el Departamento de Presidencia de la Generalitat, pero recurrió a uno de sus proveedores para no dejar rastro y "para no figurar como titular con la desobediencia que ello supondría al Tribunal Constitucional", según reflejan los agentes en su escrito al juzgado.

Según el sumario del caso, la Generalitat pagó el coste de registrar los portales al proveedor elegido a través de una tercera persona, una mujer diseñadora de páginas webs que tiene un contrato renovable con la Administración. El Gobierno de Puigdemont pagó 2.700 euros a esta trabajadora "valiéndose del contrato menor que con ella poseen y de la poca publicidad que ello conlleva" para que crease la página web Pactepelreferendum.cat. "La reserva y compra de los dominios se realizó de una manera inusual, ya que se realizó presuntamente sin seguir los protocolos establecidos, con lo cual de nuevo se ocultaba la intervención directa de la Generalitat", insiste el informe. 

En el mes de enero, la Generalitat ordenó transferir esos dominios a una estructura clave en la organización del referéndum, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI)el principal nodo de comunicaciones del Govern de Carles Puigdemont. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela otorga una especial relevancia al CTTI en la estrategia independentista. A su juicio, el apoyo tecnológico prestado por este organismo fue “esencial en la actividad desarrollada de cara al proceso, especialmente en lo que afecta a la celebración de referéndum”. Lamela sitúa el CTTI a la misma altura que los Mossos d’Esquadra o la propaganda dentro de una misma estructura dirigida por el Gobierno separatista.

Traspaso a Òmnium

Pocas semanas después de adquirir los dominios llegó una nueva orden a los técnicos del CTTI a los que se les indicaba que "la web Pactepelreferendum.cat debe pasar a ser gestionada por Òmnium". "Se desconoce al no haberlo esclarecido ninguno de los manifestantes si la Generalitat cobró a Omnium los gastos que ella tuvo que abonar por los trámites de reserva y compra de los dominios así como los 2.700 euros del diseño de la página", añade la Guardia Civil.

Entres los interrogatorios realizados por los investigadores destacan al menos el de un técnico del CTTI, que confirmó el recorrido trazado por los investigadores. Según les transmitieron, el objetivo era recabar apoyos para el Pacte Pel Referendum (una iniciativa aparentemente transversal, pero impulsada por la Generalitat con la participación de alcaldes, agentes de la sociedad civil y las instituciones, todos ellos de ideología independentista).

Este trabajador detalló que él mismo hizo la gestión para regularizar estos dominios para que pasasen a estar gestionados por el CTTI en enero. Sólo un mes después, el responsable de Contenidos de la Dirección General de Comunicación,  le informó de que “este proyecto debe pasar a ser gestionada por una entidad externa, concretamente a Òmnium”. 

Este técnico del CTTI alegó ante los agentes de la Guarda Civil la situación de “excepcionalidad” para reconocer que los trámites para traspasar la gestión de los dominios a Òmnium "careció de todo tipo de protocolos". “No precisó de ninguna otra autorización”, explicó este trabajador. Otro testimonio relevante para el Instituto Armado es el que prestó el trabajador de una consultora que trabaja para el CTTI. Confirmó que la maqueta de la web que había empezado a realizar la Generalitat era muy parecida a la web que luego puso en marcha Òmnium.

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