"No existe la más mínima sospecha" sobre el trabajo de la Guardia Civil, y su labor "está controlada judicialmente". Así de claro es el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre la competencia de la UCO para investigar documentos del Centro Nacional de Inteligencia en busca de irregularidades contables.
La decisión del magistrado llega después de que el financiero Javier de la Vega -imputado en el caso Conde- reclamara al juzgado la devolución de varias carpetas con información sobre empresas en el extranjero y envíos de fondos por orden del servicio secreto español, que se encontraba entre sus clientes. Tal y como adelantó El País, la defensa de De la Vega alertó al juzgado de que los agentes "intervinieron y suponemos que están siendo investigados documentos clasificados secretos [...] toda vez que mi mandante ya advirtió a la Comisión Judicial que se estaba de información secreta del Centro Nacional de Inteligencia". El financiero esgrime como principal argumento que tanto el CNI como el resto de los clientes de su despacho están fuera del objeto de esta causa.
En su escrito, firmado el 1 de diciembre, la defensa de De la Vega reclama la devolución de todos sus documentos, de las copias trasladadas a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria, y que que la Dirección General de la Policía "proceda a recabar de la UCO los soportes informáticos intervenidos a mi representado y su ordenador personal, a los fines de determinar por agentes especiales en delitos informáticos si por miembros adscritos a la UCO se ha procedido a acceder a las carpetas identificadas como CNI, lo que pudiera ser constitutivo de un delito de descubrimiento de secretos". Algo que el juez ya ha rechazado.
Papeles para todos
Dos semanas después, es la defensa de Mario Conde la que se opone a que los documentos sean retirados de la causa, y solicita además una copia de los mismos "en ejercicio del derecho de defensa", ya que varias de las sociedades obrantes en esas carpetas son objeto de una comisión rogatoria solicitada por la Fiscalía.
Dos días antes, la fiscal del caso recalcaba en otro escrito que ni su oficina ni los funcionarios de asistencia de la Agencia Tributaria que trabajan en esta investigación tienen copia de los documentos. Además, la fiscal se mostró ya de forma tajante a que los agentes de la Guardia Civil fueran investigados si accedían a dichos documentos. "Es de todo punto improcedente acceder a lo solicitado", recalca su escrito.
El pasado 20 de diciembre, cuatro días antes de las fiestas navideñas, fue el juez Pedraz quien marcó su posición en una providencia. "No ha lugar, por el momento, a acceder a esa devolución", refleja en juez en su escrito. "El registro, secuestro y examen de cualquier documento, autorizado judicialmente, resulta pertinente si puede servir como prueba indispensable de la comisión de alguna coducta delictiva", esgrime Pedraz.