Las tres noches consecutivas de disturbios en el barrio de Gràcia han empañado lo que debía ser una semana de celebraciones para el equipo de Ada Colau, que justo cumple un año desde que ganó las elecciones municipales en Barcelona. Este jueves, el PSC ha participado por primera vez en la reunión semanal del Consistorio y, por fin, Barcelona en Comú (BComú) dispone de un socio estable en el pleno municipal. Colau ha organizado un acto para “celebrar 365 días cambiando Barcelona” el domingo, junto a los vecinos de la ciudad.
Los festejos llegan en el peor momento para el equipo de la alcaldesa: con unos altercados callejeros de difícil solución y con un enfrentamiento abierto con la Guardia Urbana por culpa de las presiones de su teniente de alcalde, Jaume Asens, a favor de los manteros.
67.500 euros en daños
Colau ha comparecido este jueves en rueda de prensa visiblemente cansada. Después de tres noches seguidas con fuertes disturbios en la ciudad, ha transmitido un mensaje de impotencia ante un problema que parece enquistarse. El balance de esta semana son dos detenidos y 33 heridos. Los activistas afirman, sin embargo, que los lesionados son muchos más ya que la mayoría de afectados evita acudir a los servicios médicos de la manifestación porque suelen estar cerca de los agentes antidisturbios. En términos económicos, los altercados han costado al Ayuntamiento un total de 67.500 euros, sin contar los costes asumidos por particulares.
La alcaldesa ha querido demostrar en todo momento que su equipo ha hecho todo lo posible para evitar la situación actual e incluso ha llegado a solicitar ayuda a los vecinos. “Lo que tenemos que hacer es escuchar a los vecinos de Gràcia”, ha afirmado.”Tenemos que saber cómo lo están viviendo, cuáles son sus necesidades y poner soluciones encima de la mesa”.
Tal y como le ha sucedido en infinidad de ocasiones, Colau ha tenido que ponderar su mensaje para mantener su perfil institucional y tratar de ser “la alcaldesa de todos”. La alcaldesa ha mezclado mensajes de apoyo a las manifestaciones con peticiones de “proporcionalidad” a los Mossos. Minutos después condenaba “enérgicamente” los disturbios y manifestaba su “confianza” en los Mossos.
Los partidos de la oposición en el pleno atenazan a Colau con esta contradicción. Buen ejemplo son las peticiones que le han hecho CDC y la CUP para el pleno de este viernes. Los convergentes han solicitado a la alcaldesa que empiece el pleno con una declaración de condena a los disturbios y de apoyo a los Mossos. Los anticapitalistas, por su parte, han emplazado a Colau a pronunciarse “contra la violencia policial” que se ha registrado en Gràcia.
Precisamente la CUP y CDC tienen mucho que ver con la actual problemática en Barcelona. Los primeros por alinearse con los manifestantes e incluso formar parte de las concentraciones. Los segundos, por haber estado pagando el alquiler a escondidas de un local sólo para evitar disturbios a pocos meses de las elecciones municipales.
La investigación a Trias: un balón de aire
A pesar de la complejidad de la situación, la Fiscalía ha concedido un balón de aire a Colau de cara al pleno de este viernes. La investigación al exalcalde convergente por haber pagado ese alquiler podría trasladar el foco hacia Trias y liberar a Colau de un problema previo a su llegada al Ayuntamiento.
La Fiscalía ha abierto una investigación a Trias por un delito de malversación por haber abonado los 65.500 euros de alquiler del local ocupado para así evitar cualquier tipo de altercado. Trias ni siquiera comunicó ese pago a los okupas, que rechazan de pleno cualquier tipo de contribución económica por parte de la Administración.
El Ministerio Público ha encargado a la Policía Nacional que investigue esos pagos -que no pasaron por el pleno municipal- a la inmobiliaria propietaria de la finca. El delito por el que se acusa a Trias contempla una pena de prisión de entre 2 y 6 años junto a la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El exalcalde y actual líder de CiU en el Ayuntamiento ha ofrecido una rueda de prensa para asegurar que el pago “se ajustó a derecho” y se decidió por “interés general” para evitar disturbios. “Tomamos la decisión como Gobierno para ganar tiempo y encontrar una salida que evitara un grave perjuicio a la ciudad”, ha defendido Trias, que ha comparecido junto a otros siete concejales de su partido.