María Peral Pol Pareja

El soberanismo ha reaccionado a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la declaración de ruptura asegurando que los planes independentistas seguirán su curso. La decisión del TC era esperada por todos los actores soberanistas, que han intentado proyectar un mensaje de tranquilidad. Si bien la mayoría ha rehusado utilizar la palabra "desobediencia", la CUP ha instado al "conjunto de fuerzas políticas e instituciones" a no reconocer al tribunal y a "desobedecer" el fallo, que considera "papel mojado".

Es la sentencia más rápida de la historia del TC y su redacción apenas ha requerido dos días de deliberaciones. La impugnación del Gobierno de Rajoy articulada por la Abogacía del Estado ha sido acogida con la unanimidad de los magistrados, de uno y otro signo. Todos han aportado sus criterios para la elaboración de un texto armado finalmente por el ponente, Andrés Ollero. El debate no pasó de ser un fluido intercambio de opiniones sobre el orden de los argumentos, la mayor o menor explicación de cada punto, la forma de lograr más claridad o la sustitución de algunos términos por otros menos enfáticos, como "Constitución de todos los españoles" por "Constitución española", por ejemplo.

El Tribunal Constitucional ha declarado nula, en su integridad, la resolución secesionista aprobada por el Parlament el 9 de noviembre. No ha habido ni un solo punto salvable, ninguna posibilidad de hacer de alguna frase o apartado una interpretación conforme con la Constitución. Tampoco nadie lo planteó, a diferencia de lo que sucedió con la declaración soberanista de 2013, respecto a la que se hizo una interpretación conforme del 'derecho a decidir' por la insistencia de algunos magistrados propuestos por el PSOE.

"La verdad es que esta vez era imposible salvar nada. Nos lo han puesto fácil. Si hubieran sido más sutiles...", indicaron fuentes del TC respecto a la rapidez del fallo. La sentencia justifica la prioridad de la sentencia en la "trascendencia constitucional" del asunto y reitera las bases de la sentencia que echó abajo la declaración soberanista: 1) la resolución del Parlament tiene capacidad para producir efectos jurídicos y no es una mera declaración política; 2) ignora que la soberanía sólo reside en el pueblo español "y ello conlleva necesariamente la unidad de la nación" y 3) la Constitución admite su completa reforma, siempre que se haga por los cauces que la norma establece.

La "única senda" posible

"La Constitución, como ley superior, no pretende para sí la condición de lex perpetua [ley perpetua]. La nuestra admite y regula su revisión total", dice la sentencia.

"El debate público, dentro o fuera de las instituciones, sobre tales proyectos políticos o sobre cualesquiera otros que propugnaran la reforma constitucional goza, precisamente al amparo de la misma Constitución, de una irrestricta libertad. Por el contrario, la conversión de esos proyectos en normas o en otras determinaciones del poder público no es posible sino mediante el procedimiento de reforma constitucional. Otra cosa supondría liberar al poder público de toda sujeción a Derecho, con daño irreparable para la libertad de los ciudadanos", explica el TC.

"Cuando se pretenden alterar los contenidos [de la Constitución] de manera unilateral y se ignoran de forma deliberada los procedimientos expresamente previstos a tal fin, se abandona la única senda que permite llegar a ese punto, la del Derecho", remarca.

La reacción al fallo del TC por parte de las fuerzas soberanistas catalanes quedó este miércoles en un segundo nivel. La vicepresidenta del Govern en funciones, Neus Munté, afirmó en una rueda de prensa que la resolución secesionista se mantiene "inalterable" a pesar de la sentencia y que ésta "no paraliza sus efectos políticos".

La vicepresidenta no quiso responder directamente cuando le preguntaron si estaba dispuesta a desobedecer. "El Gobierno del Estado también incumple sentencias. Pregúntenles lo mismo", zanjó la portavoz, que afirmó que el único obstáculo para aplicar la resolución independentista es la falta de un Gobierno catalán. "Es imprescindible que Cataluña pueda disponer de un nuevo Govern para afrontar con más garantías todos los ataques que vengan del Estado", aseguró en un mensaje dirigido a la CUP.

Munté recordó que la declaración también incluye el diálogo con el Estado y las instituciones europeas y que en ese texto no aparece la palabra "desobediencia", algo que la CUP trató de incluir en la resolución y que Junts Pel Sí (JxS) no permitió.

El conseller de presidencia y candidato a las elecciones del 20-D, Francesc Homs, afirmó en el mismo sentido que los planes soberanistas siguen adelante. En un acto con empresarios en el Círculo de Economía, le han preguntado si después de la sentencia su partido tenía previsto alterar su estrategia y Homs ha contestado que no. Según Homs, el TC no es un órgano válido porque está "controlado por los partidos españoles".

Preguntas incómodas para Homs

Homs se encontró con algunas preguntas muy incómodas por parte de distintos empresarios, que le mostraron su preocupación por la deriva soberanista de la Generalitat. Incluso una empresaria le reprochó que su compañía se haya mudado a Madrid por culpa de la "inestabilidad política" que suponen las cesiones de JxS a la CUP.

Homs le respondió garantizándole "seguridad jurídica" y aseguró que ésta ha sido una exigencia inamovible en las negociaciones con la formación anticapitalista. "Nuestro programa no es el de la CUP, ya lo saben", respondió a otro empresario. "Si ustedes ven la resolución, verán que no dice nada de desobediencia".

Gordó: 'Se tiene que respetar, sólo faltaría' 

Por el contrario, el conseller de Justicia, Germà Gordó, afirmó este miércoles que "siempre se tiene que respetar todo" al ser preguntado por la decisión del Tribunal Constitucional, informa Efe.

"Siempre se tiene que respetar todo, solamente faltaría", declaró Gordó tras participar en Madrid en la reunión del Comité Estatal de la Administración Judicial Electrónica.

El consejero marizó que, además de la sentencia dle TC, hay que "constatar todas las realidades", como que la resolución se aprobó por mayoría absoluta por el Parlament debido a que la composición "es la que es" por los resultados electorales del 27-S.

"A partir de aquí, los políticos tienen que hacer política y se tienen que buscar los caminos de salida correspondientes", ha destacado el conseller de Justicia.

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