La entrada de 80.000 personas a Ceuta desde Marruecos a través del mar los días 30 y 31 del pasado julio creó una tensión en la ciudad que dos meses después está lejos de disiparse.

La mayoría abandonaron España a los pocos días, pero los que se quedaron se han visto obligados a sobrevivir en las calles, dormir en asentamientos totalmente precarios en las playas y comer, con suerte, una vez al día.

Ante unas administraciones absolutamente colapsadas –tanto a nivel local como nacional–, el trabajo de las oenegés es fundamental para que todas estas personas puedan recibir algo de ayuda.

Sin embargo, desde ciertos sectores se ha adoptado el discurso totalmente contrario, señalándolas como parte del problema e, incluso, como colaboradoras de las mafias que engañan a muchas de estas personas para lanzarse al mar en pos de una vida mejor.

Esto no es nuevo, desde hace años ciertos grupos de derecha y extremaderecha han hecho circular bulos en redes sociales y medios de comunicación en los que les acusan de provocar un efecto llamada e, incluso, les relacionan con estas mafias y con el tráfico de personas.

"Intentas ayudar, pero sientes que el trabajo que haces no solo no se reconoce, sino que se criminaliza", lamenta Isla Ramos (Granada, 55 años), directora general de la ONG Save The Children. Una entidad que está presente en la ciudad autónoma y que colabora con todas las administraciones y con las asociaciones vecinales para intentar alcanzar una solución.

Ramos defiende que, para ellos, su mandato humanitario está por delante de todo y, ante todo, "intentamos cumplir la ley". Esto se traduce en un cuestionamiento de su labor y de sus profesionales. "[Nos] obstaculiza en todos los sentidos".

En Ceuta, para enfrentar a quienes les relacionan con las mafias, la directora general lo tiene claro: la mejor opción para colaborar es lo que ya están haciendo. Su papel, insiste la directora general de Save The Children, es enfocarse en resolver la situación. "No tomamos partido".

Pregunta: Dos meses después, ¿cuál es la cifra exacta de menores con los que están trabajando en Ceuta y cuál es su situación más crítica hoy?

Respuesta: La situación a día de hoy en Ceuta todavía es una situación muy complicada para todos los niños y las niñas que están allí, tanto para los locales como para los migrantes. Dos meses después, hay cientos de menores en situación de calle, lo que quiere decir que están totalmente desprotegidos.

No podemos dar cifras porque no las tenemos. Sabemos que hay más de 2000 que ya están en los centros de protección, que ya están filiados, pero no sabemos cuántos quedan en las calles. Algunos están escondidos, otros en asentamientos informales y otros muchos mezclados con los adultos.

Además, en esta crisis migratoria hay algo nuevo. Nunca habíamos visto tantas niñas. Normalmente, llegan pocas y las que llegan, por desgracia, son muy invisibles y casi siempre son víctimas de redes de trata en una fase muy inicial de su trayecto migratorio.

P: ¿Cómo llegan a los menores?

R: Parte de nuestra labor es recorrernos las calles e identificarlos, valorar su grado de vulnerabilidad e intentar derivarlos a los mecanismos de protección correspondientes. Vamos a los asentamientos informales, aunque empezamos, lógicamente, priorizando niñas, que son las que tienen una mayor situación de riesgo.

También son ellos los que nos buscan, en otras ocasiones, para que les ayudemos. Hay que pensar que, después de dos meses así, estos niños ruegan por tener un techo.

Nosotros tenemos mediadores culturales y, digamos, asistentes sociales para tener esas conversaciones con ellos y detectar, sobre todo, las mayores situaciones de vulnerabilidad.

P: ¿Qué riesgos corren los niños que están en la calle todavía?

R: La edad y el estar viviendo en la calle ya es una vulnerabilidad. Los riesgos más visibles son el de sufrir violencia y caer en redes de trata o de explotación. Por otro lado, tenemos que pensar que no dejan de ser niños y niñas, algunos de ellos bastante pequeños.

Hablamos de menores que no tienen ni una comida caliente al día y no tienen un un techo. Una situación que pone su salud en enorme peligro. Por supuesto, están fuera del sistema educativo.

No nos podemos olvidar de que ellos tienen también derechos. España, como tantísimos otros países, firmó la Convención de Derechos del Niño, aunque parece que no lo recordemos. Sin embargo, estamos incumpliendo tantísimas cosas de las que recoge.

No se trata solo de los riesgos. Estamos incumpliendo algunos derechos básicos que tienen esos niños y esas niñas. Además, está la invisibilidad. Mientras no están registrados, no existen. No hace falta decir todas las cosas que le pueden pasar a un menor que no existe [a ojos de la administración].

P: Hay menores que no han podido ser identificados porque se han ocultado por miedo a las autoridades. ¿Qué les genera tanta desconfianza?

R: Yo creo que hay, sin duda, una parte de miedo a sentirse rechazados. No es tanto que algunos no quieran acudir a la policía como tal sino que no quieren estar circulando por la calle porque a veces se sienten más protegidos en asentamientos informales, aunque no sea así realmente.

También hay un desconocimiento importante sobre los derechos que tienen. Por ejemplo, a que se valore, como mínimo, cuál es su interés superior. A una entrevista individualizada donde se valore qué es lo mejor para ese menor, que puede ser una reunificación familiar en su lugar de origen o no.

De todas formas, ahora mismo hay más que acuden y que no lo consiguen que los que no buscan ayuda.

P: Han sido los primeros en ejecutar la Unidad Multidisciplinar de Apoyo a la infancia Migrante en Emergencias (UMAIME) para reforzar la protección de los menores vulnerables. ¿Cómo hacéis ese refuerzo? ¿En qué consiste?

R: Ya estábamos trabajando en ello con UNICEF [impulsora de la organización] y con el Ministerio de Infancia antes de que ocurriera la crisis de Ceuta. Se trata de tener un equipo que ya esté listo cuando ocurren estas crisis migratorias. Es decir, anticiparse a situaciones como la del pasado 30 de julio.

Ahora mismo son grupos de ocho personas desde mediadores culturales a profesionales con un perfil más psicosocial. Lo primero que hacen es identificar a los niños, hablar con ellos e intentar averiguar su situación. Algunos de los datos cruciales son cómo han llegado, por qué y cuál ha sido su ruta migratoria.

Otra tarea es la coordinación con la Dirección General de Infancia en Ceuta para derivarlos a posibles recursos. Los primeros días los enviábamos a una ayuda más informal, las asociaciones vecinales, y luego intentábamos que llegaran a los centros de protección.

También visitan asentamientos informales para prestarles cierto apoyo psicosocial a los menores que estén en ellos y lo necesiten. Además, ahora estamos empezando a impartir capacitación y formación del personal en los recursos de acogida.

P: ¿Cómo evalúan después de dos meses la respuesta de las administraciones?

R: Insuficiente. Las administraciones están bajo una presión tremenda y se ha avanzado mucho, pero es absolutamente insuficiente. También hay que destacar que para tomar decisiones valientes es necesario no sentirse atacado constantemente.

Entendemos que es una situación enormemente complicada y valoramos en positivo todas las medidas que se han tomado hasta ahora, pero tenemos que acelerar. Hay que hacer más y creo que esos niños y esas niñas nos dirían lo mismo.