Agua. Viento. Tierra. Fuego. Desde hace siglos sabemos que los cuatro elementos de la naturaleza pueden desbordar la capacidad de control de las sociedades humanas. Por ello, hemos aprendido a convivir con las inundaciones, con los terremotos y con los huracanes mediante normas urbanísticas, sistemas de alerta e infraestructuras de protección. Con la excepción del fuego, frente al que, en vez de convivir, hemos dedicado todos los esfuerzos a erradicarlo.

Todo ello ha permitido salvar innumerables vidas y proteger ecosistemas, pero este verano se ha constatado una vez más que, cuando las condiciones meteorológicas son extremas, se alcanzan los límites de esa estrategia. Pese al enorme despliegue de medios, numerosas poblaciones se han visto obligadas a evacuar a sus ciudadanos por completo, al tiempo que se ha superado con creces la capacidad de extinción.

No es un problema exclusivo de España ni un fallo de los dispositivos de emergencia, sino la prueba de que estamos intentando resolver un problema estructural utilizando únicamente herramientas de extinción, cuando sabemos que existen otras formas de aproximarnos a este problema, y que tienen que ver con la prevención.

Este verano hemos estado bajo condiciones meteorológicas muy anómalas, lo que nos ha llevado a señalar al cambio climático como el gran culpable de los graves incendios que han afectado al país. No obstante, existen otros factores igualmente determinantes, como la propia exclusión del fuego de nuestros paisajes que, junto al abandono de los usos tradicionales del territorio, ha permitido que los bosques acumulen combustible.

Esto pasa desde hace siglos. Europa y Norteamérica han hecho del fuego su acérrimo enemigo y han invertido muchos esfuerzos en eliminarlo de nuestros ecosistemas, un posicionamiento que además han exportado al resto del mundo durante la colonización, lo cual ha derivado en que este sea un problema global.

Nos hemos vuelto tan implacables apagando pequeños incendios que cada vez se acumula más combustible, dando lugar a incendios que terminan escapando de cualquier capacidad de control. Es lo que se conoce como paradoja de la extinción y ya hace 20 años, cuando defendí una tesis sobre grandes incendios forestales, advertía que estos eran, en buena medida, un producto de nuestra propia política de exclusión del fuego.

Entonces también señalaba que el abandono rural, la expansión de la interfaz urbano-forestal y la acumulación de combustible estaban cambiando el comportamiento de los incendios. La reflexión que me queda después de todo este tiempo es que hemos perdido dos décadas para hacer el cambio de paradigma que necesitamos, aquel que prioriza la prevención frente a la extinción.

Porque hoy, al igual que antaño, la inversión en incendios forestales está mayoritariamente destinada al combate, mientras que las acciones de prevención rozan lo anecdótico, pese a que tenemos expertos más que capacitados para ello.

Ahora el problema es que, al contrario que en 2006, tenemos un clima más cálido, más árido y desértico, que da como resultado situaciones meteorológicas que incrementan con más frecuencia el riesgo extremo de incendio.

Frente a este escenario, existen una enorme diversidad de estrategias de prevención que van más allá de los cortafuegos, las cuales se han de aplicar en función del territorio, el paisaje, la orografía y el objetivo de esa prevención.

Esas soluciones pueden pasar por la recuperación de paisajes en mosaico, el favorecimiento de la ganadería extensiva, y la utilización de quemas prescritas cuando corresponda, por ejemplo. Son políticas menos visibles que un hidroavión descargando agua, pero mucho más eficaces a largo plazo.

Hay que aclarar que proteger la biodiversidad y prevenir los incendios forestales no son objetivos incompatibles. La mayoría de las áreas naturales protegidas no implican dejar el territorio sin gestión; al contrario, es necesario que incorporen planes de prevención de incendios forestales con medidas compatibles con sus objetivos de conservación.

Los territorios son paisajes vivos y dinámicos, y por eso la prevención de los incendios no puede abordarse mediante normativas generalizadas, sino a través de soluciones adaptadas a las características y necesidades de cada lugar.

Pasar de un enfoque en la respuesta a emergencia a la prevención es una inversión a medio y largo plazo, porque los resultados de estas medidas no son inmediatos. Nuestros vecinos de Portugal nos llevan una cierta ventaja.

En 2017 hubo una de las mayores catástrofes nacionales en incendios, con más de 100 muertos y dos incendios —uno en junio y otro en octubre— en los que ardieron casi 50.000 ha y 300.000 ha respectivamente. En 2018 crearon la Agencia para Gestión Integrada de Fuegos Rurales (AGIF) y, desde 2020, invierten 60% en prevención y 40% en extinción.

Según esta entidad, para el periodo 2018-2024, se ha registrado una disminución del 59% de área anual quemada con respecto al periodo 2001- 2017.

No obstante, todavía surgen situaciones extremas y catastróficas: en septiembre de 2024 hubo episodios de riesgo extremo de incendio que resultaron en 135.000 hectáreas quemadas y varias víctimas mortales.

Así, nuestros vecinos concluyen que es necesario garantizar acciones a mayor escala, con acompañamiento político, y una articulación operativa y financiera de las instituciones, así como estímulos al sector privado en todos los niveles territoriales. Nadie puede esperar que siglos de malas prácticas se arreglen en unos pocos años.

En un clima cada vez más cálido habrá más días propicios para incendios extremos; por tanto, debemos trabajar en llegar a esos días con paisajes preparados o con paisajes cargados de combustible. Agua. Viento. Tierra. Fuego. No podemos eliminar ninguno de los cuatro elementos. Pero sí podemos aprender, por fin, a convivir con ellos.

*** Imma Oliveras Menor es directora de investigación en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo (IRD) en Francia e investigadora sénior de la Universidad de Oxford en Reino Unido.