Las exigencias que nos están llegando al sector del agua urbana, como consecuencia de las transposiciones de las normativas europeas, están suponiendo un reto bastante importante, ya que nos obligará a adaptar muchos de nuestros procesos, especialmente en el ámbito de la depuración, para cumplir con los objetivos planteados.

No cabe duda de que este cambio redundará positivamente en la contribución a la conservación de un medio ambiente cada vez más amenazado, y por ello, el sector está totalmente comprometido con su adaptación a estas exigencias.

Esto nos está llevando a tener que revisar nuestros procesos, con los que veníamos funcionando desde hace años, y para los que se habían adaptado nuestras infraestructuras, que pueden empezar a quedar obsoletas en el nuevo Marco a pesar de su corta vida de uso.

Las directivas comunitarias que están en el origen de estas nuevas obligaciones para el sector han hecho un interesante trabajo desde el punto de vista medioambiental, pero han dejado muchos cabos sueltos en lo que respecta a su implementación, fundamentalmente planteando plazos difícilmente asumibles, y sobre todo, sin solucionar el delicado tema de cómo se van a pagar estas nuevas infraestructuras.

Uno de los criterios que la Unión Europea ha puesto encima de la mesa al formular la Directiva Marco del Agua, de "quien contamina, paga", es una magnífica teoría, pero cómo se lleva esto a la práctica es algo bien distinto.

Esta directiva y otras de desarrollo posterior señalan que una parte de los costes de depuración que debemos afrontar, tienen que ser asumidos por los sectores fabricantes de productos que también contaminan el agua que posteriormente debemos depurar. Es lo que se conoce como Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), que tanta controversia está generando.

Por el momento, Europa ha identificado a la industria farmacéutica y cosmética como los sectores cuya contaminación es momento de controlar. El uso doméstico de productos de estos sectores causa el vertido al agua de microcontaminantes que antes no tenían que ser tratados y que, ahora, la nueva normativa obliga a eliminar.

Por tanto, es necesario que estos sectores, y todos los que se pudieran identificar en el futuro, contribuyan a cubrir los costes añadidos que se generan por el tratamiento de estos microcontaminantes.

Esta controversia no puede ni debe contemplarse como un enfrentamiento entre sectores industriales, el sector del agua urbana frente a la industria cosmética y farmacéutica, sino como unas nuevas reglas del juego, comprometidos con el medio ambiente, y que todos debemos ir adoptando.

El incremento del coste de la depuración ocasionado por estos productos se ha calculado en unos 400 millones de euros al año, que siguiendo el criterio de "quien contamina paga", tendría que ser asumido por los sectores responsables, como ya lo hacen sectores como envases o aceites.

Pero si aplicamos este incremento de costes sobre la facturación total de estos sectores, supondría apenas un 1,5%. Esto quiere decir que, por ejemplo, un medicamento genérico que tuviera un precio de 2,95 euros pasaría a costar 2,98, y el sector podría mantener sus márgenes.

Lo que pasa, es que esta nueva situación nos obliga a todos a invertir e innovar para adaptar nuestros procesos a la nueva situación. En otras palabras, nos saca de nuestro círculo de confort y nos somete a mayores requerimientos, para contribuir entre todos a las exigencias medioambientales de la que nos estamos dotando.

El sector del agua urbana ya lo está haciendo, y las necesidades de inversión para hacer frente a las nuevas normativas superan los 2000 millones de € anuales, cinco veces más de lo que se está pidiendo que aporten algunos sectores industriales.

Por supuesto, sería deseable que la UE no limite la responsabilidad solo a estos dos sectores, y que vaya incorporando otros que también contribuyen a la contaminación de las aguas. Pero debemos empezar por compartir esas responsabilidades.

"Parar el reloj" en este proceso solo genera inseguridad jurídica y, si se hiciera, habría que hacerlo para todos, también para el sector del agua y, con ello, solo retrasaríamos los beneficios que el ciudadano obtendría con esta mejora medioambiental.

*** Jesús Maza es presidente de DAQUAS.