En los primeros días de julio la atención del mundo estaba puesta en Venezuela. Todavía se buscaban sobrevivientes entre los escombros, no se conocía con precisión el inmenso alcance de los daños provocados por dos terremotos consecutivos, se seguían contando fallecidos, viviendas colapsadas y edificios que serán irrecuperables.
Hallar desaparecidos y brindar asistencia humanitaria son ahora la prioridad absoluta. Con el paso de los días una pregunta comenzará a resonar en las zonas afectadas: ¿y ahora qué?
Esta cuestión acompaña a todos los lugares que se han visto afectados por una catástrofe. Hace cincuenta años, el 4 de febrero de 1976, la tierra también sacudió Guatemala con un terremoto de magnitud 7,5. Ocasionó 23.000 fallecidos y más de 77.000 heridos, destruyó 258.000 viviendas y dejó a cerca de 1,2 millones de personas sin hogar.
Uno de los municipios más golpeados fue Santiago Sacatepéquez, en el departamento de Sacatepéquez. Hasta allí, como en otras zonas del país, llegó la solidaridad y cooperación internacional, en concreto, distintas organizaciones suizas. Durante dos años canalizaron apoyo exterior para la reconstrucción de viviendas.
Aquella ayuda permitió a muchas familias volver a tener un techo. Pero, una vez terminada la reconstrucción física, perduraba una realidad incómoda: las familias tenían casa, sí, pero seguían atrapadas en la misma precariedad de antes.
A la pregunta '¿y ahora qué?' encontraron una respuesta concreta: organizarse en una cooperativa para hacer mejor lo que venían haciendo desde siempre: cultivar la tierra y comercializar hortalizas.
De este modo nació en 1979, la Cooperativa Agrícola Integral Unión de Cuatro Pinos, conformada en un inicio por 150 socios agricultores.
Sus primeros años, en los que la cooperación internacional jugó un papel clave, estuvieron marcados por dificultades propias de la agricultura familiar: la concentración de cosechas en las mismas fechas saturaba los mercados locales y hundía los precios que recibían los agricultores.
En búsqueda de soluciones a este problema se plantearon la opción de exportar una parte de sus cosechas. Esto implicaba asumir estándares de calidad y producción muy exigentes.
Aunque el reto parecía inalcanzable para unas comunidades que acababan de perderlo todo, al cabo de pocos años fueron capaces de transformar una organización campesina nacida tras un desastre, en una empresa cooperativa conectada con mercados internacionales.
Una de las labores de Acción contra el Hambre allí donde trabaja es identificar qué soluciones funcionan frente a la pobreza y la inseguridad alimentaria, para después adaptarlas a otros contextos donde puedan ser útiles.
Con esta premisa, Acción contra el Hambre, con el apoyo de la Generalitat Valenciana y en alianza con la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y la Unión de Pequeños Agricultores del País Valenciano (UPA-PV), puso en marcha el proyecto 'Enlazando Oportunidades: innovación y desarrollo territorial a través de aprendizajes compartidos entre cooperativistas agroalimentarios de Guatemala y la Comunitat Valenciana'.
Su objetivo es contribuir al crecimiento económico inclusivo en Guatemala mediante un ecosistema de innovación que conecte cooperativas agroalimentarias centroamericanas y valencianas.
El proyecto, que se desarrollará entre abril de 2025 y octubre de 2026, combina investigación aplicada, formación, intercambio cooperativo y análisis de oportunidades laborales.
En Guatemala, se estudia cómo las remesas enviadas por migrantes están influyendo en las condiciones de vida de sus familias vinculadas a cooperativas apoyadas por el proyecto como COOSAJO.
En la Comunitat Valenciana, se analizan las necesidades de trabajadores del sector agroalimentario y se explora la posibilidad de establecer vínculos de migración laboral temporal entre cooperativas guatemaltecas y valencianas.
Uno de los siete principios que rigen el movimiento cooperativista internacional es la cooperación entre cooperativas. Una cooperativa valenciana puede compartir su experiencia en comercialización, transformación o gobernanza.
Una cooperativa guatemalteca puede compartir su conocimiento sobre organización rural, resiliencia comunitaria, exportación desde pequeña escala o migración circular. La cooperación deja entonces de ser una escalera y se parece más a un puente.
La sociedad española, y en particular la valenciana, tiene razones para ver con interés este tipo de intercambios. El cooperativismo agroalimentario español es la columna vertebral de la alimentación de los hogares españoles; agrupa a más de 3.700 cooperativas, con más de un millón de personas socias y cerca de 120.000 empleos directos.
La Comunitat Valenciana es una de las regiones con mayor peso cooperativo, tanto por número de entidades como por facturación, además de ser esenciales para sostener la vida económica, social y comunitaria de cientos de municipios rurales.
En tiempos de dificultades, esta idea adquiere un sentido muy especial. La reconstrucción de Guatemala años atrás, de las zonas afectadas por la dana de Valencia en 2024 o de los municipios venezolanos devastados hoy por los terremotos no puede reducirse a cemento, nuevos techos e infraestructuras.
Esas obras son indispensables, pero no bastarán. Reconstruir exige también crear fuentes de empleo e ingresos, reactivar mercados, recomponer redes de confianza, conectar personas con diferentes perspectivas y ofrecer razones para permanecer e intentarlo de nuevo, intentarlo mejor.
La historia de Cuatro Pinos sugiere que los efectos de una intervención solidaria pueden extenderse durante décadas. Una ayuda internacional tras un terremoto en Guatemala contribuyó a crear una cooperativa. Esa cooperativa aprendió a exportar, a organizar productores y a facilitar una migración circular que permite capitalizar familias y ganar experiencia.
Décadas después, esa trayectoria inspira un proyecto entre Guatemala y la Comunitat Valenciana. Como en un efecto mariposa, una intervención nacida entre escombros sigue generando aprendizajes, alianzas y oportunidades medio siglo después.
*** Miguel Ángel García es responsable de Migraciones y Sistemas de Alerta Temprana de Acción contra el Hambre.