A escasos kilómetros de zonas pobladas como el Ensanche de Vallecas o la Cañada Real, al sureste de Madrid, se encuentra una de las incineradoras más antiguas de Europa, la de Valdemingómez. Los vecinos de su entorno llevan años soportando los malos olores y los gases tóxicos que provienen de la quema de unas 300.000 toneladas anuales de desperdicios.

Una investigación europea alerta ahora de los niveles perjudiciales de toxinas que genera la incineradora. Son los mayores de los tres puntos analizados en tres países europeos: la planta de UAB Kauno Cogeneration Power Plant de Kaunas, en Lituania; la de ZEVO Chotíkov de Pilsen, en República Checa, y la de Valdemingómez. En estos tres enclaves las administraciones no hacen biomonitoreo y es donde existen indicios de posible contaminación.

El trabajo ha estado coordinado por la organización de reciclaje y reutilización Zero Waste Europe, como parte del proyecto europeo LIFE. En este estudio, la Fundación Tóxico Watch se ha centrado en analizar el depósito de contaminantes orgánicos persistentes (COP) en biomarcadores como huevos de gallinas de corrales domésticos, agujas de pino y musgos. 

Por segundo año consecutivo, se han vuelto a encontrar sustancias cancerígenas y muy peligrosas para las poblaciones cercanas a las incineradoras. En concreto, en Valdemingómez, se han observado los niveles más altos de dioxinas medidos en musgos y en árboles de hoja perenne (pino y ciprés) en estudios de biomonitorización de ToxicoWatch en Europa. Además, para los huevos de gallina, en 2022 la biomonitorización ha mostrado niveles más altos de dioxinas, muy probablemente con dioxinas bromadas.   

[Detectan sustancias nocivas en el entorno de la incineradora madrileña de Valdemingómez]

Como indica el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR), la exposición excesiva a dioxinas como las halladas y furanos puede tener “efectos significativos sobre la salud humana”. Pueden dañar órganos importantes como el corazón, el sistema inmune, el hígado, la piel y la glándula de la tiroides, llegando incluso a provocar cáncer reproductivo.

Una vez liberados a la atmósfera, las dioxinas y furanos son partículas minúsculas, que se depositan eventualmente sobre el suelo y la vegetación. Al ser altamente insolubles en el agua, estos compuestos se fijan fuertemente por adsorción a los suelos o sedimentos, por lo que se degradan muy lentamente, y persisten durante muchos años en el ambiente. Llegan a acumularse en los organismos y entran en la cadena trófica o alimenticia.

El informe indica que los altos niveles localizados al suroeste de las instalaciones de incineradoras como la madrileña pueden estar relacionadas, además de con la quema de residuos, con el depósito de sacas de cenizas, algunas de ellas rotas, halladas el pasado mes de octubre, como entonces denunciaron los colectivos ecologistas y vecinales.

Ya entonces, organizaciones como Ecologistas en Acción alertaron de auténticas montañas de toneladas de residuos peligrosos que, en vez de estar debidamente enterrados, se encontraban expuestos a las inclemencias meteorológicas y “sin custodia”. Unos desechos que debían ser gestionados por Urbaser, propiedad del Consistorio que responde ante su autoridad competente: la Comunidad de Madrid.

Sacos de ceniza al aire libre en Valdemingómez. Europa Press

Se necesita más biomonitorización 

Como apuntan desde Ecologistas, el estudio también pone de manifiesto las limitaciones de las mediciones de COP basadas en análisis químicos, exigidas por la legislación de la UE. Según la organización, no miden la toxicidad total de sustancias tóxicas (PCDD/F, dl-PCB, HAP y PFAS) emitidas por las incineradoras de residuos. Además, los datos actualmente disponibles sobre las emisiones de COP se basan en cifras calculadas y promedios, lo que ofrece una imagen engañosa de las emisiones reales.

Janek Vähk, coordinador del Programa de Clima, Energía y Contaminación Atmosférica de ZWE, asegura que "miles de personas viven cerca de estas instalaciones de combustión en toda Europa. Hasta la fecha no se les ha informado sobre los riesgos para la salud y la seguridad de estas instalaciones ni tienen derecho a indemnización por los daños que sufren cuando estas instalaciones incumplen la ley".

Por su parte, Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción, señala la necesidad de impulsar la biomonitorización para conocer la situación de la salud poblacional y ambiental respecto a las emisiones de las incineradoras de residuos. 

Imagen de un vertedero con una gran acumulación de residuos. iStock

Recuerda que para el caso de España, el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, aprobado en 2021, incluye implantar estrategias de biomonitorización humana como herramienta para vigilar la relación entre exposición y los efectos potenciales en la salud. Pero hasta la fecha no se están llevando a cabo.

Como ya contamos en EL ESPAÑOL, investigadores del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) participaron en un artículo internacional para proponer una guía y diseño de estudios de biomonitorización humana. Como reflejaba entonces la institución, los investigadores valoran la exposición de las personas a sustancias químicas presentes en el medioambiente mediante el análisis de muestras biológicas en sangre, orina o pelo. Son una herramienta "fundamental" para la salud pública, porque permiten conocer la exposición real a estos contaminantes de la población general.

Sin embargo, hasta ahora, no hay noticias de esto en el área de Valdemingómez. Quique Villalobos, portavoz de la FRAVM, contaba a este periódico que en poblaciones como la Cañada Real se desestimó llevar a cabo el análisis. "Una persona que vive en la Cañada Real tiene demasiados determinantes de salud para poder afirmar que la incidencia de enfermedades tienen relación con la incineradora", comenta.

El último estudio llevado a cabo por las administraciones en el entorno de Valdemingómez es el realizado por el Ayuntamiento de Madrid en 2019. Por aquel entonces, el consistorio publicó una campaña de mediciones únicamente en dos puntos de Madrid durante un mes de 2017. Entre sus conclusiones se pudo saber que no había "suficientes evidencias" que demostraran que la actividad del Parque Tecnológico de Valdemingómez estaba incidiendo en la salud de la población.