Sobre este acuerdo pesan algunos argumentos contrarios a su continuidad y que pretendía modernizarse dentro de seis semanas durante la celebración de la Conferencia anual de la Secretaría de la Carta de la Energía en Mongolia. 

El propio grupo de expertos sobre cambio climático lo calificó en el último informe de Naciones Unidas como  “un grave obstáculo para la mitigación del cambio climático”. Además, organizaciones como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF llevan cuatro años pidiendo al Gobierno la salida del TCE.

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Qué es el Tratado de la Energía

Sin contexto, la noticia queda varada entre declaraciones cruzadas. El Tratado de la Carta de la Energía es, en definitiva, un acuerdo internacional vinculante que establece un esquema para las inversiones en la industria de la energía y protege el apoyo a ciertas infraestructuras.

Nace, de hecho, tras la desaparición de la Unión Soviética, como una forma de motivar la cooperación entre países del este y el oeste y como un salvavidas para aportar seguridad energética. El Gobierno de España, en un decreto del 17 de mayo de 1995, recogía que el acuerdo servía para “catalizar el crecimiento económico mediante medidas de liberalización de la inversión y el comercio en energía”.

Entre otras cosas, incluía definiciones de materias y productos energéticos, la determinación de la soberanía sobre los recursos naturales, disposiciones sobre seguridad y otros asuntos como la no discriminación por inversiones existentes y la protección contra la expropiación.

Quién forma parte del acuerdo

En su día lo suscribieron un total de 52 países, entre los que se encontraban todos los Estados miembros de la Unión Europea,y otros países como Japón, Ucrania o Tayikistán. Sin embargo, según un análisis del Instituto Elcano, la Carta de la Energía pronto se vio limitada cuando EEUU abandonó las negociaciones en 1993 y muchos países productores como Arabia Saudí, Irán y Venezuela se establecieron como observadores sin ratificar el Tratado. 

De esta forma, la aplicación del TCE quedó restringida al ámbito de las relaciones UE-Rusia. Este último encontraba ciertas reticencias porque el hecho de establecer un “libre tránsito” se entendía como una pérdida de control por parte de Rusia del flujo energético entre Europa y Asia. De ahí, y de no aceptar “un tratado auspiciado por la UE”, mantuvo su negativa a ratificar el acuerdo.

Por qué se desvincula ahora España

Como recoge la Agencia Efe, España ha decidido iniciar el procedimiento para desvincularse del Tratado de la Carta de la Energía. En los últimos años, este acuerdo se estaba utilizando en los últimos años “para litigar contra los firmantes por políticas climáticas diseñadas para ir eliminando los combustibles fósiles”. Además, se estaba quedando anticuado. 

Tras el acuerdo por el clima alcanzado en París en el año 2015, numerosas organizaciones y países como Países Bajos o Luxemburgo han solicitado a la Unión Europea la salida del marco jurídico del TCE.

La decisión de España llega tras un aluvión de litigios –de reclamaciones millonarias de inversores– y poco antes de ratificar el nuevo texto propuesto. Según Ecologistas, el documento no da lugar a ninguna mejora. Es más, garantiza al menos 10 años más de protección a las inversiones existentes en combustibles fósiles y algunas inversiones nuevas en gasoductos y centrales eléctricas de gas quedarían protegidas hasta 2030 o 2040.

De acuerdo con Lucía Bárcena, investigadora del Transnational Institute, "El TCE se ha convertido en una pesadilla jurídica para España, las demandas de arbitraje ya han costado más de 1.000 millones de euros de dinero público para dar compensaciones y pagar a abogados y árbitros. Estas reclamaciones no hacen más que desviar importantes recursos públicos que se podrían destinar a impulsar la transición energética".

Nuestro país no es el único del entorno comunitario que ha decidido desvincularse. Italia lo abandonó en el año 2016 y se espera que tras el paso dado por España, otros indecisos como Francia, Alemania o Bélgica podrían seguir la misma senda. 

Como cuentan desde Ecologistas, a finales de este mes se espera una votación en el Consejo de la UE en la que los países se tendrán que posicionar a favor o en contra del TCE modernizado. Si otros países optan por la salida, se podría conseguir un bloque minoritario que le pusiera freno antes de proceder a su ratificación final en la Conferencia de Mongolia del 22 de noviembre.

Un bache para la transición 'verde'

El contexto energético y climático bajo el que se fraguó el acuerdo internacional no es ni mucho menos el actual, como tampoco su intento de modernización. El tratado no presenta ninguna herramienta para poner fin a los combustibles fósiles, sino, más bien, una protección a sus inversores.

En este sentido, son muchas las voces que aseguran que este tratado le hace flaco favor a la transición energética hacia energías más limpias. Algunos inversores han utilizado este tratado como arma para presionar a los estados cuando pretendían endurecer algunos requisitos medioambientales. Ocurrió, por ejemplo, en Alemania, donde una empresa sueca demandó al país por 1.400 millones de euros tras endurecer las normas a una central de carbón que tenía riesgo de contaminar el río Elba.

Clàudia Custodio, portavoz de Ecologistas en Acción y de la campaña No a los TCI, cuenta que "si bien la salida del TCE no conduce automáticamente a una transición energética justa, es sin duda un paso necesario que despejará el camino hacia el abandono de la economía fósil y el desarrollo de regulaciones ambiciosas y participadas, como el impulso del autoconsumo o las comunidades energéticas entre otras muchas cosas".