Una de cada diez personas a partir de los 15 años ha sido diagnosticada de algún problema de salud mental en España. Más del 6% padece ansiedad y lo mismo aplica para la depresión. Este tipo de problemas y trastornos va en aumento en España, pero, por desgracia, no ocurre lo mismo con su tratamiento.
Guillermo Fouce, presidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras, reconoce que desde la crisis del covid-19, en 2020, se ha roto el gran estigma y el tabú en torno a la salud mental. A la gente ya no le da vergüenza reconocer que va a terapia, que tiene un malestar y necesita ayuda.
Sin embargo, ese cambio no ha venido acompañado de los recursos necesarios para gestionar esta "epidemia", lamenta el experto. En España hay únicamente unos 6 psicólogos clínicos cada 100.000 habitantes en el sistema público, lo que avoca a los pacientes a meses de espera para una primera cita.
Después, en muchos casos, las siguientes consultas "ocurren solo una vez al año, cuando no ninguna, porque si no es un trastorno mental grave no se está viendo". Por lo tanto, la gente llega a estos servicios "muy deteriorada", dice Fouce.
Esas deficiencias en el sistema público abocan a los pacientes a las consultas privadas. Sin embargo, esta opción no está al alcance de todos. "Muchas personas no tienen recursos para buscar alternativas, lo que puede dejarlas sin la atención integral que necesitan", lamenta Nel González, presidente de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA.
Un grupo al que esta entidad y Fundación Mutua Madrileña han puesto cifras. Para más de la mitad de la población, un 57,3%, acudir a estas consultas es algo económicamente inaccesible.
En España, una sesión de terapia psicológica privada cuesta de media entre 45 y 80 euros por sesión y, generalmente, suelen tenerse una dos sesiones por mes, aunque la frecuencia depende de cada caso.
El resultado: alguien con problemas de salud mental se ve obligado a gastarse entre 90 y 160 euros al mes, de media, para recibir la ayuda que necesita. "Impide el acceso a quien no tiene determinados recursos. Es una inequidad y una injusticia", dice tajante Fouce.
La importancia del contexto
No se trata únicamente de una desigualdad en el acceso a los servicios sanitarios, sino de una cuestión política y social más amplia, defiende Ana Conseglieri, presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría- Profesionales de Salud Mental (AEN-PSM).
La salud mental está profundamente condicionada por las políticas de vivienda, empleo, educación, protección social y por la distribución de los recursos y las oportunidades, insiste.
González cuenta que las personas de nivel socioeconómico bajo y medio-bajo que experimentan algún malestar emocional son las que recurren en mayor medida exclusivamente a la sanidad pública para recibir atención profesional.
A su vez, son las que se muestran menos satisfechas con su vida laboral (59,7%), agrega citando los datos recabados por su confederación. También las que manifiestan mayor preocupación por no poder pagar sus facturas (56,6%) y las que expresan menor satisfacción con su salud (31,1%) y con su vida familiar (26,7%).
"El nivel de ingresos no solo condiciona las posibilidades de acceder a una atención adecuada, sino que constituye en sí mismo un determinante de la salud mental", señala tajante el presidente de esta entidad. En este contexto, las dificultades de acceso a la atención pública profundizan esa brecha social ya existente, destaca Conseglieri.
Las personas que disponen de mayores recursos económicos tienen más posibilidades de acceder a esos cuidados. Mientras, quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad encuentran mayores barreras para recibirlos. La paradoja es que estos últimos suelen estar más expuestas a condiciones sociales que generan mayor sufrimiento psíquico.
La presidenta de AEN-PSM recuerda que la Organización Mundial de la Salud, recoge evidencias sólidas sobre el impacto de la pobreza, la desigualdad, la violencia, la discriminación y otras condiciones adversas en el riesgo de desarrollar problemas de salud mental, aumentándolo.
Empastillados
Para entender el cuadro completo no podemos quedarnos solo en la falta de acceso y en la saturación del sistema público y es que hay que mirar el consumo de psicofármacos en el país. España es el país de Europa con mayor consumo de estas sustancias, recetadas.
Según el Ministerio de Sanidad, el 11,7% de la población adulta consume tranquilizantes, relajantes o pastillas para dormir y el 6,4% consume antidepresivos o estimulantes. Si miramos los datos de SALUD MENTAL ESPAÑA junto con Fundación Mutua Madrileña, la cifra es aún mayor: se estima que el 18,9% de la población española consume psicofármacos.
Datos que, para Conseglieri, invitan a reflexionar sobre el peso de los tratamientos farmacológicos en la atención a la salud mental. Hablamos, en muchos casos, de personas que ante la ansiedad o la depresión tienen una pastilla como único tratamiento.
El problema, indica González, de Salud Mental España, no es el uso de psicofármacos en sí mismo. Estas sustancias pueden formar parte del tratamiento cuando están indicados, pero lo cuestionable es que la medicación se convierta en la única respuesta disponible.
Desde la Confederación, defienden un modelo de atención biopsicosocial, que tenga en cuenta que en la salud mental intervienen múltiples factores (biológicos, psicológicos, sociales, culturales, biográficos….) Por tanto, piden la creación y el refuerzo de equipos interdisciplinares capaces de ofrecer una atención integral y adaptada a cada persona.
Fouce, de Fundación Psicología Sin Fronteras, advierte de que esta suerte de parche químico lo único que consigue es ralentizar el proceso. Puede servir para bloquear temporalmente los síntomas pero no trata la esencia del problema, del malestar del paciente. Por tanto, acabará por agravarse.
La cuestión no es no usar psicofármacos, sino garantizar una prescripción prudente, ajustada a las indicaciones, con revisiones periódicas y durante el tiempo mínimo necesario, así como promover una deprescripción segura, señala la presidenta de la AEN-PSM.
"Existe una tendencia a trasladar a las personas la responsabilidad individual de gestionar sufrimientos que tienen, en gran parte, un origen social y colectivo". Esto debe hacer que nos planteemos hasta qué punto estamos respondiendo con tratamientos farmacológicos a situaciones que requieren también respuestas y transformaciones estructurales, agrega la experta.
Superar esta brecha requiere algo más que aumentar presupuestos; implica reestructurar el modelo asistencial. Los tres expertos coinciden en que la salud mental debe convertirse en una prioridad política transversal que no se limite a la respuesta médica tradicional, sino que intervenga directamente sobre los determinantes socioeconómicos que ahondan las desigualdades sociales.
Desde la Confederación Salud Mental España urgen a incrementar de forma sustancial la inversión pública para igualar la ratio de profesionales de la Psicología con la media de la Unión Europea. Asimismo, reclaman articular una coordinación sociosanitaria real y promover una atención de base comunitaria, universal y respetuosa con los derechos humanos.
La presidenta de la AEN-PSM aboga por reforzar los equipos de Atención Primaria reduciendo la sobrecarga de trabajo. No obstante, advierte de que la simple incorporación de perfiles de psicología clínica no bastará si se reproducen lógicas asistenciales saturadas e intervenciones aisladas que ignoren el entorno del paciente.
Fouce propone invertir la actual lógica de atención sanitaria, apostando primero por el apoyo social, la psicoeducación y las intervenciones grupales antes de recurrir a la medicación. Garantizar el derecho universal a la salud mental pasa por transformar radicalmente el modo de intervenir y actuar antes de que el deterioro sea irreversible.