Venezuela llega a septiembre de 2026 con 344 presos políticos, según el último balance de Foro Penal, actualizado al 14 de septiembre. De ellos, 200 son civiles y 144 militares, mientras 153 han sido condenados y 191 permanecen sin condena.
La organización contabiliza además 19.242 detenciones con fines políticos desde 2014 y más de 11.472 personas sometidas todavía a medidas restrictivas de su libertad.
La cifra se encuentra por debajo de los 391 presos políticos registrados por la misma organización el 10 de agosto, pero el descenso responde a excarcelaciones y no equivale, por sí mismo, al desmantelamiento de las estructuras que han permitido la persecución política.
El 16 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas concluyó que las instituciones responsables de la represión, las violaciones graves de derechos humanos y los crímenes contra la humanidad permanecen esencialmente intactas.
El escenario actual está marcado también por la intervención militar estadounidense del 3 de enero de 2026 y la posterior captura de Nicolás Maduro.
La investigación de Naciones Unidas constató una reducción de las detenciones prolongadas y de las desapariciones forzadas, además de la liberación de cientos de personas detenidas por motivos políticos y una cierta ampliación del espacio para protestas y participación civil.
Sin embargo, la misión señaló que esos cambios no han ido acompañados de reformas institucionales capaces de garantizar una mejora sostenida.
Para Clara del Campo, experta en Venezuela y encargada senior de campañas para Sudamérica en Amnistía Internacional, el elemento determinante está en la continuidad. Explica que las leyes utilizadas para restringir el espacio cívico siguen vigentes y que los actores vinculados a las estructuras represivas tampoco han desaparecido.
El informe de la ONU añade que al menos 19 responsables identificados previamente por su implicación en graves violaciones continúan en posiciones de poder o han sido trasladados a puestos relevantes.
Primera comparecencia del presidente venezolano Nicolás Maduro para enfrentar cargos federales estadounidenses, en Manhattan.
La organización internacional identifica como prioridades inmediatas la liberación de las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, el cierre de los procedimientos penales abiertos contra quienes fueron perseguidos y el levantamiento de las medidas cautelares que todavía restringen su libertad.
Del Campo, además, incorpora una tercera exigencia, el desmantelamiento de la arquitectura represiva y de los organismos utilizados para ejercer vigilancia y control sobre la población.
Ese entramado alcanza a perfiles muy distintos. Periodistas, representantes políticos, defensores de derechos humanos y activistas aparecen entre las personas afectadas, pero Del Campo advierte de que la persecución también puede alcanzar a ciudadanos sin actividad política, incluidos familiares de militares vinculados a operaciones que las autoridades pretenden castigar.
Foro Penal contabiliza 32 presos políticos de nacionalidad extranjera en su último balance y señala que uno de los 344 registrados continúa con paradero desconocido.
Estructura inmóvil
La continuidad también aparece en el terreno legislativo. Del Campo señala la vigencia de la Ley contra el Odio, la normativa contra las oenegés y la Ley Simón Bolívar, utilizadas para limitar la libertad de expresión, asociación, reunión y participación en los asuntos públicos.
La Misión de la ONU llegó a una conclusión similar en septiembre y advirtió de que numerosas leyes empleadas para criminalizar la disidencia continúan en vigor. La consecuencia, según Amnistía Internacional, es que miles de personas que ya fueron detenidas siguen afrontando procedimientos judiciales y restricciones de libertad.
Entre los casos citados por Del Campo están los de los defensores Javier Tarazona y Carlos Julio Rojas, además del abogado y activista Kennedy Tejada, que fue detenido en el contexto de la represión posterior a las elecciones de 2024 y permaneció encarcelado hasta principios de 2026.
Otro caso es el de Juan Carlos Marrufo, detenido en marzo de 2019 y todavía encarcelado. Del Campo alerta de su delicado estado de salud y de las peticiones reiteradas para que reciba atención médica. En paralelo, familiares de personas detenidas mantienen desde hace meses una vigilia frente a la prisión de El Rodeo para reclamar información y la liberación de sus allegados.
Familiares de presos políticos protestan en Caracas.
La situación penitenciaria ha sido también documentada por la ONU. Su misión describió en septiembre prácticas de tortura y malos tratos en centros como El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, además de restricciones severas en el acceso al agua, alimentos, medicamentos y asistencia humanitaria.
Entre septiembre de 2025 y julio de 2026, organizaciones de la sociedad civil registraron al menos 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos.
A este escenario se añadió el 24 de junio una emergencia sísmica. Ese día se produjeron dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en el norte de Venezuela, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, quien también ha documentado deformaciones del terreno asociadas a ambos terremotos y ha advertido de la existencia de movimientos de ladera vinculados al episodio.
Para Del Campo, los terremotos han agravado una emergencia humanitaria que ya afectaba al acceso a derechos básicos. La respuesta estatal, sostiene, está marcada por una falta de información pública verificable sobre fallecidos, desaparecidos y personas afectadas. Esa opacidad dificulta determinar con precisión las necesidades y establecer dónde debe concentrarse la asistencia.
Entre los problemas señalados por la experta figura el suministro eléctrico. De hecho, Del Campo recoge denuncias de apagones diarias de hasta ocho horas en algunas zonas y vincula sus consecuencias con otros servicios esenciales, desde el funcionamiento de los hospitales hasta el suministro de agua potable.
También reclama un plan integral de vivienda para las personas que hayan perdido sus hogares, elaborado de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.
El problema se extiende a la forma en que se ha desplegado el Estado tras el desastre. Del Campo sostiene que la presencia de cuerpos policiales, militares y de inteligencia ha estado más orientada a la vigilancia y el control territorial que a la protección humanitaria.
Para Amnistía Internacional, ese enfoque reproduce patrones anteriores y deja sin respuesta suficiente a familias que todavía buscan a personas desaparecidas o intentan conocer qué ocurrió con sus viviendas y pertenencias.
Tras las fronteras
La dimensión social de la crisis se refleja también fuera de Venezuela. ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) cifra en casi 7,9 millones las personas que han abandonado el país en busca de protección y mejores condiciones de vida, con más de 6,9 millones acogidas en países de América Latina y el Caribe.
Del Campo pone el foco en quienes han salido buscando protección y continúan expuestos a vulneraciones en los países de acogida. Cita el caso de Henry Velásquez, defensor venezolano de los derechos humanos y del colectivo LGTBIQ+, que había sufrido detención arbitraria, desaparición durante varias horas y denuncias de tortura en Venezuela. Tras quedarse en Colombia, sufrió el 13 de octubre de 2025 un ataque armado junto a otro defensor colombo-venezolano.
Partidarios de la líder opositora venezolana María Corina Machado se manifiestan en Los Teques exigiendo su regreso seguro al país.
Según Del Campo, ambos necesitaron un largo proceso de recuperación y múltiples intervenciones médicas, y ahora la experta reclama que la Fiscalía colombiana esclarezca el ataque y determine quién estuvo detrás de la violencia que, según los indicios que manejan, habrían precedido al atentado.
La necesidad de protección también aparece en los datos regionales. El análisis de la plataforma R4V estima que 4,18 millones de venezolanos residentes en los 17 países de su ámbito de actuación afrontaban dificultades para acceder a servicios esenciales, protección e integración socioeconómica.
El plan regional de 2026 contempla asistencia en vivienda, alimentación, agua y educación para 1,2 millones de personas refugiadas y migrantes.
La respuesta internacional
Del Campo considera que la comunidad internacional debe mantener los mecanismos de supervisión y justicia internacional. Entre las medidas que reclama está la renovación de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU, cuyo mandato se encuentra próximo a expirar.
El propio Consejo de Derechos Humanos debatió en septiembre la continuidad del mecanismo ante la persistencia de las restricciones al espacio cívico y de las detenciones arbitrarias.
También reclama que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pueda mantener su presencia en Venezuela sin represalias ni restricciones ilegítimas y que continúe la cooperación con los mecanismos internacionales de justicia.
81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York.
La Corte Penal Internacional mantiene abierta la situación Venezuela I. Su Fiscalía anunció en noviembre de 2021, la apertura de una investigación tras concluir el examen preliminar y considerar que existía una base razonable para creer que se habían cometido crímenes contra la humanidad, especialmente en el contexto de las detenciones, desde al menos abril de 2017.
El debate internacional tiene además una dimensión relacionada con las medidas adoptadas por otros Estados. Del Campo sostiene que cualquier actuación exterior debe respetar el derecho internacional de los derechos humanos y evitar que las decisiones internacionales agraven la situación de la población venezolana.
Los nombres
Amnistía Internacional insiste en trasladar la crisis desde los balances estadísticos a casos concretos.
Del Campo recuerda a Marlen Doris Benítez, detenida en agosto de 2018, sometida a tortura y a una interrupción forzada de su embarazo y que, según relata, necesitó posteriormente una silla de ruedas. Fue excarcelada el 14 de agosto de 2026 tras haber pasado ocho años privada de libertad.
También menciona a Jorge Gunnar, detenido el 2 de agosto de 2024 y cuyo paradero continúa sin conocerse, según la información manejada por la organización. Su madre mantiene la búsqueda de información sobre su situación.