España desperdició 1.129,91 millones de kilos o litros de alimentos en 2025, el equivalente a 24,3 kilos o litros por persona. La cifra supone una reducción del 19,2% respecto a 2020, pero también un cambio de ritmo.

El volumen aumentó un 0,4% frente a 2024, mientras el desperdicio por habitante apenas cayó un 0,3%. El avance acumulado se mantiene, pero la evolución más reciente apunta a una etapa de mayor dificultad para seguir reduciendo la cantidad de alimentos que termina en la basura.

El principal foco está dentro de los hogares. Según el Informe de Desperdicio Alimentario en España 2025 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el consumo doméstico concentra el 97,5% del desperdicio contabilizado, con 1.101,8 millones de kilos o litros.

La evolución de los últimos años tiene varias explicaciones. María Cruz Díaz, presidenta del Instituto de la Ingeniería de España y la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, atribuye la primera reducción a una combinación de concienciación, mayor planificación de las compras y el efecto de la subida de los precios.

El problema, señala, está ahora en comportamientos más arraigados, como interpretar correctamente las fechas de los alimentos, conservarlos de forma adecuada o ajustar las compras a las necesidades reales de cada hogar.

Marie Lindström, directora general de Too Good To Go en España, sitúa el problema en tres momentos concretos del consumo cotidiano: la compra, el almacenamiento y el cocinado. La compañía detectó que un 26% de los consumidores reconocía comprar sin planificación y un 21% hacerlo por el llamado efecto "por si acaso".

Por ese motivo, aseguran que revisar la despensa, organizar un menú semanal y preparar una lista antes de acudir al supermercado son medidas vitales para reducir compras innecesarias.

Los datos del MAPA también muestran que el problema no termina cuando el alimento entra en casa. El 77,5% del desperdicio doméstico corresponde a productos comprados que no llegan a utilizarse, según los datos facilitados para el reportaje.

Las frutas, verduras y hortalizas frescas concentran el 46% del desperdicio de alimentos sin utilizar, lo que Díaz relaciona con su carácter perecedero, la compra en cantidades superiores a las necesarias y una conservación deficiente.

Lindström añade otro elemento, la falta de visibilidad dentro de la nevera. Y es que un 43% de los consumidores consultados por Too Good To Go reconoce que no dedica tiempo a organizar correctamente los alimentos y un 50% afirma no disponer de suficiente información sobre cómo conservarlos.

La diferencia entre los alimentos que nunca llegan a utilizarse y las recetas preparadas también está cambiando. Mientras aumenta el peso de los primeros, el desperdicio de recetas disminuye. Díaz interpreta esta evolución como una señal de que los hogares están aprovechando mejor las sobras, aunque siguen fallando en la planificación previa.

La directora de Too Good To Go apunta que un 30% de los consumidores reconoce tener dificultades para calcular las cantidades que necesita cocinar y un 29% afirma no disponer de tiempo suficiente para cocinar.

En ese sentido, congelar las elaboraciones, reutilizarlas en otras recetas o ajustar las raciones son algunas de las acciones que plantea para evitar que una comida termine olvidada.

La nevera

El desafío tiene además una dimensión económica y ambiental. Too Good To Go calcula que el volumen desperdiciado equivale a unos 36 kilos de comida cada segundo y a unos 152 euros por segundo en alimentos que terminan desechándose.

La empresa estima también que cada día se emplean en vano más de 2.500 millones de litros de agua para producir alimentos que finalmente no se consumen, lo que traslada el problema desde el cubo de basura al conjunto de recursos empleados para producir, transportar, almacenar y comercializar esos alimentos.

José Miguel Herrero Velasco, director general de Alimentación del MAPA, resumió esta dimensión durante el V Observatorio de los ODS de EL ESPAÑOL, ENCLAVE e Invertia al situar el desperdicio en la relación entre alimentación, recursos naturales y dinero.

En esa línea, el ministerio ha acompañado la medición de los residuos con campañas de sensibilización y, este año, con Aquí no se tira nada, centrada en mejorar la planificación, la conservación y la comprensión de las fechas de consumo.

La actuación pública también ha entrado en una nueva etapa con la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Su aplicación plena desde abril establece la prevención como primera prioridad para los agentes de la cadena alimentaria y obliga a disponer de planes de aplicación que contemplen cómo evitará la generación de excedentes.

Y es que, cuando estos no puedan prevenirse, la norma sitúa la donación y la redistribución para consumo humano entre las alternativas prioritarias.

Para María Cruz Díaz, el reto está en comprobar que estos planes consiguen reducir realmente los excedentes y no se limitan a ordenar qué hacer con ellos una vez generados. Propone utilizar como referencia el excedente producido por unidad vendida o producida, antes de que se le asigne un destino.

El cambio de enfoque también afecta a la producción. Díaz identifica la producción primaria como uno de los ámbitos donde existe un margen de mejora menos visible, debido a pérdidas relacionadas con cosechas que dejan de ser rentables, picos de producción, calibres o estándares estéticos

Para anticiparlas planea combinar sensores, teledetección, modelos de previsión de cosecha, técnicas de conservación y vías de valorización para productos que no encuentran salida comercial.

La ingeniería agronómica, explica, puede contribuir también a ajustar mejor la oferta a la demanda mediante calendarios de siembra escalonados, previsiones de cosecha y sistemas de trazabilidad que permitan localizar dónde se producen las pérdidas.

En la distribución, herramientas de previsión de demanda y mecanismos de ajuste de precios cuando se acerca la fecha de consumo pueden facilitar la salida de productos antes de que se conviertan en residuos.

Cambiar las reglas

La nueva normativa llega mientras España se prepara para cumplir objetivos europeos más exigentes.

La revisión de la Directiva Marco de Residuos fija para 2030 una reducción del 10% en el desperdicio generado en el procesamiento y la fabricación y del 30% per cápita, de forma conjunta, en comercio minorista, restauración, servicios de alimentación y hogares, tomando como referencia la media de 2021-2023.

La Comisión Europea también contempla revisar estos objetivos y estudiar su extensión a otras fases de la cadena.

España parte de una posición de avance en el consumo doméstico, pero la comparación europea requiere cautela porque los sistemas de medición no siempre abarcan con la misma profundidad todas las fases.

En la UE, los hogares representan el 53% del desperdicio alimentario medido, frente al 97,5% que concentra el ámbito doméstico dentro de la medición española representada por el MAPA. La diferencia responde al perímetro y metodología de cada medición y refuerza la necesidad de disponer de datos comparables para toda la cadena.

Lindström considera que la tecnología puede ayudar a que las empresas pasen de reaccionar ante el excedente a anticiparlo. De hecho, Too Good To Go cuenta desde 2024 con una plataforma destinada al comercio alimentario que permite monitorizar las fechas de los productos y detectar cuáles se aproximan a su fecha de consumo.

La compañía acumula en España más de 38 millones de Packs Sorpresa aprovechados, equivalentes a más de 38.000 toneladas de alimentos y en 2025 superó los 7,5 millones de packs. Su experiencia, según Lindström, muestra que el consumidor responde cuando dispone de herramientas sencillas que convierten una intención en una acción concreta.

La redistribución constituye otra vía para evitar que alimentos todavía aptos terminen como residuos. Glovo Access evitó en 2025 el desperdicio de más de 1.000 toneladas de comida en España dentro de un programa que alcanzó 4.960 toneladas en los 21 países que opera.

Zoe Giardino, directora de impacto social y sostenibilidad de Glovo, explica que la plataforma actúa como puente logístico entre comercios, supermercados y entidades sociales. Y es que, en ella, las organizaciones preparan cestas, solicitan el transporte mediante la aplicación y un repartidor recoge y entrega al destinatario.

Más aprovechamiento

La rapidez resulta determinante cuando los productos están cerca de su fecha de caducidad. Glovo trabaja con una red de más de 180 entidades sociales en los países donde desarrolla Access y analiza su capacidad de distribución antes de incorporarlas al programa. Después cruza sus necesidades con la red de establecimientos y la cobertura logística disponible en cada territorio.

Los supermercados concentran, según Giardino, las mayores oportunidades de aprovechamiento por el volumen de productos con una vida útil corta. En la restauración, los excedentes suelen concentrarse al cierre de la jornada y también aparecen picos asociados a campañas estacionales como Navidad o Semana Santa.

En los supermercados de El Súper de Glovo, la empresa monitoriza las fechas de caducidad y prepara packs con productos próximos a vencer para incentivar su venta a un precio inferior. La redistribución, sin embargo, no resuelve por sí misma la generación del excedente.

Esa distinción es central para Díaz, que defiende medir cuánto alimento sobra antes de decidir qué hacer con él. La ley española también establece esa jerarquía, al situar la prevención por delante de la donación y de cualquier otra vía de gestión.

El desperdicio tampoco puede analizarse al margen de la desigualdad. Luis González, director de Acción Social e Ingeniería Técnica de Acción contra el Hambre, advierte de que los hábitos alimentarios están condicionados por los ingresos, el tiempo disponible para cocinar, el tipo de hogar, la capacidad de almacenamiento y el acceso físico a alimentos frescos.

Durante el V Observatorio de los ODS explicó que su organización trabaja con modelos predictivos capaces de identificar qué territorios y grupos de población pueden sufrir un mayor riesgo de inseguridad alimentaria ante cambios como una subida de la inflación.

Su planteamiento desplaza parte del debate desde la cantidad de comida disponible hacia la posibilidad real de acceder a una alimentación adecuada. González defiende que la seguridad alimentaria depende de la interacción entre las vías políticas alimentarias, social, económica y sanitaria.

En determinados hogares, explica, la alimentación se convierte en una variable de ajuste cuando aumentan gastos como la vivienda o la energía

Medir para actuar

La siguiente fase exige, por tanto, mejorar la medición. Díaz considera insuficiente utilizar un único indicador. Pues, pese a que los kilos desperdiciados por persona permiten conocer la evolución general, deben acompañarse de datos sobre excedentes por eslabón, pérdidas económicas y recursos empleados, además de incorporar con mayor precisión la producción primaria y la industria.

La tecnología puede ayudar a cerrar parte de ese vacío. Acción contra el Hambre ya utiliza modelos basados en numerosas variables socioeconómicas para proyectar escenarios de vulnerabilidad alimentaria. En la cadena de suministro, las herramientas de previsión de cosechas, demanda e inventario pueden desempeñar una función distinta, anticipando excedentes antes de que aparezcan.

El reto doméstico requiere otra clase de intervención. Lindström apuesta por convertir la prevención en una rutina desde la infancia, con aprendizajes vinculados a la compra, la conservación y el aprovechamiento. Díaz coincide en que las campañas públicas deben acompañar a la regulación porque una norma puede modificar las prácticas empresariales, pero no puede intervenir directamente en las decisiones que se toman dentro de una vivienda.