Cuando un barco de arrastre regresa a puerto, el valor de su captura es solo una parte de la actividad económica que genera. Detrás están la tripulación, la lonja, los transportistas, las empresas de hielo, los talleres navales, los proveedores de combustible y otros negocios que dependen, directa o indirectamente, del movimiento del puerto.
Por eso, las decisiones que afectan a cualquier modalidad de pesca no se quedan en el mar. En una actividad cada vez más condicionada por las políticas de protección ambiental, la cuestión es quién asume el coste de la transformación.
En 2023, la Comisión Europea presentó su Plan de Acción para proteger y restaurar los ecosistemas marinos y pidió a los Estados miembros eliminar progresivamente la pesca móvil de fondo en todas las áreas marinas protegidas antes de 2030.
No existe, sin embargo, una prohibición general, las restricciones dependen de las zonas, los ecosistemas y las medidas aprobadas en cada caladero. Porque es un error pensar que hacer sostenible la pesca es únicamente pescar menos.
Una técnica, a debate
La pesca de arrastre consiste en remolcar una red por el agua para capturar especies que viven cerca del fondo o en él. En el caso del arrastre de fondo, el arte puede entrar en contacto con el lecho marino.
Sus defensores recuerdan que es una actividad regulada, sometida a vedas, cuotas, zonas cerradas y otras restricciones. Sus críticos subrayan que el contacto continuado con determinados hábitats puede provocar daños importantes.
Para quienes trabajan en el mar, el debate resulta mucho más complejo que la imagen de una red arrastrando el fondo marino.
José Basilio Otero, pescador y patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Burela (Galicia), considera que algunas de las restricciones se han adoptado sin tener en cuenta el conocimiento científico y la experiencia de quienes trabajan diariamente en el mar.
Buque de arrastre que recoge moldes de pesca.
A su juicio, las decisiones deberían apoyarse en ambos, ya que incluso los propios investigadores han reconocido en los últimos años el valor del conocimiento empírico de los pescadores.
El patrón mayor también rechaza que todas las modalidades de arrastre puedan analizarse de la misma manera. Explica que el arrastre de fondo que se practica en España se desarrolla fundamentalmente sobre fondos de arena y recuerda que determinados aparejos utilizados sobre fondos rocosos están prohibidos desde hace años.
"Si el mar mundial fuera un campo de fútbol", sostiene, "la superficie susceptible de ser arrastrada sería equivalente a uno de sus córners. Y además no significa que toda esa superficie sea efectivamente arrastrada".
El impacto debe analizarse teniendo en cuenta las características concretas de cada zona y de cada arte. "No hay arte de pesca malo, hay arte de pesca mal utilizado", afirma Otero.
El Mediterráneo
España es uno de los países europeos donde cualquier modificación de la regulación sobre el arrastre tiene una dimensión económica considerable.
Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para 2024, la flota española contaba con 8.056 buques en el caladero nacional. Dentro de esa flota había 564 buques de arrastre de fondo en el Mediterráneo, 127 en el golfo de Cádiz y 60 en el Cantábrico Noroeste.
Javier López, director de la campaña de Pesca Sostenible de Oceana en Europa, considera que las restricciones aplicadas hasta ahora no han sido suficientes para garantizar la recuperación de las poblaciones pesqueras del Mediterráneo.
Pero López no considera que la solución sea aprobar restricciones cada vez más duras. "Lo prioritario es aplicar con rigor lo que los Estados miembros y el Parlamento Europeo acordaron en 2019", explica.
Esto implica establecer límites de capturas y días de pesca, proteger las zonas de reproducción y cría, mejorar la selectividad de los artes y garantizar un control adecuado.
La organización reconoce que se han producido avances y que la presión pesquera se ha reducido. Su posición es que la transición debe continuar, pero de manera planificada y con objetivos claros.
Fuera de las estadísticas
El Parlamento Europeo ha insistido en que la pesca de pequeña escala desempeña un papel económico y social fundamental y contribuye a mantener empleos, actividades auxiliares y comunidades costeras.
El impacto de una reducción de la actividad no se limita a los pescadores que salen al mar. Menos capturas significan menos producto que pasa por la lonja y menos trabajo para quienes participan en la cadena posterior. José Basilio Otero advierte de que "cada empleo en el mar supone de cuatro a seis empleos en tierra".
El investigador Miguel Ortega, del Institut de Ciències del Mar-CSIC y coautor, junto con Marta Coll, de un reciente estudio sobre el futuro de la pesca de arrastre en el Mediterráneo, insiste también en que la recuperación ambiental y la viabilidad económica no son necesariamente objetivos enfrentados.
Redes de pesca.
"Las actividades pesqueras dependen para su viabilidad de tener un recurso natural en buenas condiciones", explica Ortega. Un ecosistema en mejor estado puede proporcionar mayor estabilidad en las capturas, productos de mayor calidad y un mejor rendimiento de los costes de extracción".
Para Ortega, el problema no se resuelve con una única medida. Reducir el esfuerzo pesquero en determinados casos, mejorar la selectividad de las técnicas o establecer zonas de recuperación del ecosistema pueden contribuir a mejorar el estado del mar, aunque cada decisión tiene consecuencias económicas y sociales diferentes.
Javier López desde Oceana coincide en que la protección ambiental y mantener las poblaciones pesqueras en buen estado es precisamente una condición para garantizar el futuro económico del sector.
"Cuando hay menos peces", explica, "disminuyen las capturas y los ingresos y aumentan el tiempo, el combustible y los costes necesarios para obtenerlas. Mantener el modelo sin cambios, por tanto, tampoco garantiza el empleo".
Y es que una de las consecuencias de restringir la pesca de arrastre es que afecta al relevo generacional, en un sector que ya arrastra sus propias dificultades. Desde 2008, el empleo total en la flota pesquera de la UE ha descendido, de media, un 1,3 % anual.
La edad de muchos pescadores supera los 50 años. Si la actividad pierde rentabilidad y estabilidad, resulta más difícil convencer a los jóvenes para que entren en una profesión ya de por sí exigente.
Transición marítima
La cuestión pasa entonces por cómo realizar esa transición. López plantea una hoja de ruta plurianual, previsible y acordada con el sector. Entre las medidas que considera necesarias están las ayudas para mejorar la selectividad, reducir impactos y modernizar la actividad, pero también la formación, la diversificación y el relevo generacional.
La comercialización y la diferenciación del producto pueden formar parte de esa transformación. También considera necesario revisar la capacidad de las flotas y, cuando sea imprescindible reducirla, hacerlo de forma gradual y socialmente justa.
La clave, según Miguel Ortega, está en combinar medidas y adaptar su intensidad a cada situación. "No hay una solución única mágica", señala. Las administraciones cuentan con fondos europeos, recursos para innovación y capacidad normativa, mientras que el propio sector debe aportar inversión y conocimiento.
Los científicos, añade, tienen la responsabilidad de proporcionar la mejor información disponible y evaluar si las medidas adoptadas están funcionando.
Para José Basilio Otero, una parte esencial del problema está en que quienes toman las decisiones conozcan mejor la realidad de los puertos y escuchen a quienes trabajan en ellos. La experiencia de los pescadores, defiende, debería formar parte de la toma de decisiones junto con los datos científicos.
En un puerto, la sostenibilidad no se mide únicamente bajo el agua. También se mide en si dentro de diez años seguirán existiendo barcos, lonjas y trabajadores dispuestos a continuar una actividad que ha dado forma a la economía y a la identidad de muchas comunidades costeras.