En las ciudades del sur de Europa, la mortalidad relacionada con el calor aumentó un 160,6% entre los periodos 1991-2000 y 2015-2024. Y el peligro de incendios forestales creció un 7% entre 2003 y 2023.
En las ciudades de Europa oriental, la idoneidad climática para la transmisión del dengue se disparó un 369,3 % entre 2015-2024 respecto al periodo 1982-2010. Y en el sur y el este europeo, las concentraciones de polen alergénico se duplicaron con creces entre ambas etapas.
La nueva fotografía de Lancet Countdown Europe coloca a las ciudades en el centro de una crisis que ya tiene consecuencias sanitarias medibles.
El informe es el primero que analiza de forma sistemática la relación entre cambio climático y salud a escala urbana en Europa. Sus 28 indicadores, elaborados por 58 investigadores de 31 instituciones académicas, permiten seguir la evolución de los riesgos, la adaptación, la reducción de emisiones, los costes económicos y la respuesta política en más de 850 ciudades.
La elección del ámbito urbano resulta determinante. En 2023, 25,8 millones de personas, más de la mitad de la población española, vivían en 98 ciudades. De ellas, 5,2 millones tenían más de 65 años y 3,5 millones eran menores de 15, dos grupos especialmente expuestos a los efectos del calor.
El problema adquiere una dimensión distinta cuando el termómetro se cruza con el lugar donde se vive. Las ciudades acumulan población, edificios, carreteras y superficies que absorben y retienen calor, mientras que la escasez de vegetación reduce la capacidad natural de refrigeración.
El resultado es la isla de calor urbana, que puede hacer que determinadas zonas mantengan temperaturas muy superiores a las de su entorno.
Ola de calor en Barcelona
Para José Chen, investigador asociado de Lancet Countdown Europe en ISGlobal, las olas de calor y los incendios de este año deben entenderse como parte de una evolución climática que está haciendo que los fenómenos extremos sean más frecuentes y peligrosos.
España ofrece algunos de los ejemplos más claros. Castellón de la Plana registró el mayor incremento de mortalidad relacionada con el calor entre las ciudades españolas analizadas. La tasa media anual pasó de 25,7 muertes por millón de habitantes en 1991-2000 a 168,1 en 2015-2024, un aumento del 553,5%.
La magnitud cambia cuando se abandona la escala nacional y se observa lo que sucede en una ciudad concreta. El informe permite así identificar lugares donde la exposición al calor ha adquirido una intensidad especialmente elevada.
Granada muestra otra cara del mismo fenómeno. Entre 2003 y 2020 acumuló más de 300 días en los que la temperatura urbana superó en más de 1,5°C a la de las zonas rurales próximas. La media fue de 118 días por verano, frente a los 12,3 días de promedio entre las ciudades españolas. La distribución del arbolado ayuda a explicar parte de esta diferencia.
En España, la cobertura arbórea media ocupaba en 2020 el 13,2 % del suelo urbano, y apenas el 12 % de las ciudades alcanzaba el 30 % recomendado por la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas.
El calor tampoco llega solo. El informe identifica una expansión de las condiciones climáticas favorables para enfermedades transmitidas por mosquitos, entre ellas el dengue, el chikungunya y el Zika.
El incremento del 369,3% registrado en las ciudades de Europa oriental no significa que ese porcentaje de personas haya contraído la enfermedad, sino que las condiciones climáticas que pueden favorecer su transmisión son hoy mucho más adecuadas.
El cambio afecta también a quienes padecen alergias. En las ciudades del sur y del este europeo, las concentraciones de polen alergénico aumentaron más del doble, ampliando la exposición de las personas con rinitis alérgica y otros problemas respiratorios.
Imagen de archivo de un termómetro durante una noche infernal del mes de julio en Sevilla.
La presión climática se extiende también al aire que respiran los habitantes urbanos. En Europa, el sector residencial representó en 2023 el 38% de la mortalidad urbana atribuible a partículas PM2,5. Al mismo tiempo, la transición energética está generando resultados sanitarios cuantificables.
En las ciudades españolas, la mortalidad atribuible a PM2,5 procedente de la generación eléctrica cayó un 93,9 % entre 2000 y 2023, mientras que las muertes prematuras atribuibles a PM2,5 procedente de combustibles contaminantes descendieron un 62,6 %.
La evolución española demuestra que la respuesta urbana puede modificar los riesgos, aunque también revela grandes diferencias entre municipios. Pamplona consiguió entre 2000 y 2023 la mayor reducción española de muertes prematuras atribuibles a PM2,5, con un descenso del 78%, equivalente a 156,2 muertes menos por cada 100.000 habitantes.
En el extremo contrario, Torrelavega registró en 2023 la tasa más elevada de mortalidad prematura atribuible a partículas procedentes de combustibles contaminantes, con 144,4 muertes por cada 100.000 habitantes. El transporte fue responsable del 48% de esas muertes.
La movilidad constituye uno de los puntos donde clima y salud se encuentran de forma más directa. En ese sentido, caminar, pedalear y utilizar transporte público reduce emisiones y contaminación, pero también incorpora actividad física a los desplazamientos cotidianos.
En 2022, las ciudades españolas obtuvieron una puntuación media de 5,3 sobre 10 en accesibilidad al transporte sostenible, por debajo del 7 considerado un buen nivel. Solo el 32% de su superficie urbana se encontraba a menos de 250 metros de una parada de transporte público y las infraestructuras ciclistas cubrían el 11% de las carreteras.
Hay municipios que marcan diferencias. Pamplona obtuvo la mejor puntuación global española, con 6,8 sobre 10. Salamanca encabezó la facilidad para caminar, con el 68% de sus vías favorables al peatón, mientras que Cádiz presentó el mayor porcentaje de carreteras con carriles bici, un 19%.
En transporte público, Santa Coloma de Gramenet alcanzó el 82% de superficie situada a menos de 250 metros de una parada. En el extremo inferior, Sanlúcar de Barrameda se quedó en el 0,3%.
La adaptación también está produciendo resultados visibles. En el 88% de las ciudades europeas estudiadas, el aumento de la vegetación y otros cambios urbanos se asoció con una reducción de la intensidad de la isla de calor superficial en verano, con una variación media de 0,7°C en las zonas donde se produjo esa mejora.
En total, el informe identifica 1.519 planes de acción climática previstos o implantados en más de 850 ciudades. Sin embargo, solo el 0,5% de los proyectos de adaptación y mitigación comunicados por las ciudades estaba dirigido directamente a los sistemas y servicios sanitarios.
Ahí aparece una de las principales brechas que señala el informe. Las ciudades están desarrollando actuaciones, pero la financiación, las capacidades técnicas y la coordinación administrativa no avanzan al mismo ritmo.
Casi un tercio de las ciudades encuestadas identifica las limitaciones financieras y técnicas como obstáculos importantes para actuar frente al cambio climático. En 2024, las necesidades adicionales de financiación comunicadas se concentraban en transporte, con un 16,4%, edificios, con un 14,3%, y energías renovables, con un 13,6%.
Xavi, de 50 años, se refresca en medio de su turno como repartidor en Barcelona en junio de 2023.
Para Cathryn Tonne, codirectora de Lancet Countdown Europe, las ciudades tienen capacidad para construir entornos más saludables y resistentes, pero necesitan disponer de los medios que permitan convertir esa capacidad en actuaciones efectivas.
La investigadora plantea el reto desde una perspectiva que une urbanismo y salud pública. Los espacios verdes, un aire más limpio, el transporte público y activo y unos sistemas alimentarios más saludables pueden reducir emisiones y generar beneficios sanitarios al mismo tiempo.
La desigualdad atraviesa esa respuesta. Una ciudad con menos recursos puede tener más dificultades para plantar árboles, transformar calles, mejorar el transporte o adaptar sus servicios sanitarios.
El propio informe advierte de que una capacidad financiera limitada puede ampliar las diferencias entre municipios y dejar a las poblaciones más expuestas con menos herramientas para protegerse. La adaptación, por tanto, no consiste en aplicar la misma solución en todas partes, sino en identificar quién está más expuesto y qué recursos necesita cada territorio.
El diagnóstico también deja una tarea para los sistemas sanitarios.
Courtney Howard, médica de urgencias y presidenta electa de la Asociación Médica Canadiense, advierte de que el calor, el humo de los incendios, los cambios en las enfermedades infecciosas y el empeoramiento de las afecciones respiratorias pueden incrementar las consultas y ejercer presión sobre unos servicios que deben prepararse para episodios capaces de afectar simultáneamente a un gran número de personas.
Por su parte, Rita Issa, médica de familia y consultora de clima y salud de la OMS, sitúa la experiencia clínica en el mismo escenario y señala el golpe del calor, el deterioro respiratorio y el malestar psicológico entre los efectos que ya observa en sus pacientes.
El informe apunta a medidas concretas. En concreto, plantea reforzar las alertas tempranas frente al calor, incorporar la salud a la planificación urbana, ampliar la cobertura arbórea, reducir las superficies que acumulan calor, favorecer los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público y acelerar la reducción de emisiones en energía, transporte y alimentación.
En España, la cobertura arbórea media sigue lejos del 30% recomendado, mientras que solo el 9,4 % de las vías ciclistas o compartidas analizadas disponía de sombra arbórea entre 2018 y 2020.
La fotografía europea deja, además, una geografía desigual. El sur concentra algunos de los mayores incrementos de mortalidad por calor y peligro de incendios, mientras que el este registra el mayor aumento de las condiciones favorables al dengue. Las ciudades del norte lideran varios indicadores de reducción de emisiones y mortalidad asociada a PM2,5.
Entre 2022 y 2024, las ciudades integradas en la Misión Europea de Ciudades Climáticamente Neutras redujeron sus emisiones de gases de efecto invernadero por habitante un 13,6%, frente al 12,6% registrado en las que no formaban parte de la iniciativa.