Europa ha decidido no abrir por ahora la reforma integral de REACH, el principal reglamento comunitario sobre sustancias químicas.

La Comisión Europea comunicó en abril que no presentará en este momento una nueva propuesta legislativa para revisar el texto, después de años de retrasos y de una evaluación de impacto que recibió una opinión negativa del Comité de Control Reglamentario en septiembre de 2025.

El reglamento sigue plenamente vigente, pero las mejoras estructurales que Bruselas había estudiado quedan sin traducirse, de momento, en una nueva ley.

La decisión llega mientras la UE orienta parte de su política hacia la reducción de cargas administrativas. Y es que, en junio de 2026, Parlamento y Consejo alcanzaron un acuerdo político sobre el llamado Omnibus VI, que afecta a distintas normas químicas, entre ellas las relativas a clasificación y etiquetado de sustancias, cosméticos y fertilizantes.

El cambio de enfoque no supone que REACH haya sido suspendido ni que se hayan eliminado sus restricciones, pero sí marca una distancia respecto al compromiso adquirido en años anteriores de corregir sus principales deficiencias.

Entre los asuntos que quedan pendientes está mejorar la actualización de la información sobre sustancias, homogeneizar controles entre Estados miembros y avanzar hacia una evaluación que tenga en cuenta la exposición simultánea a diferentes compuestos.

Para Carlos de Prada, divulgador científico y director de Hogar sin Tóxicos, así como Premio Global 500 de la ONU y Premios Nacional de Medio Ambiente, el problema parte de una estructura demasiado lenta.

Según explica, pueden pasar más de diez años desde que una sustancia peligrosa empieza a identificarse hasta que llega una eventual restricción, mientras otras continúan en circulación sin una evaluación suficiente.

El modelo europeo analiza habitualmente las sustancias de forma individual. Pero De Prada considera que ese sistema no representa adecuadamente la exposición cotidiana.

"Nos exponemos simultáneamente a complejos cócteles de diferentes sustancias", sostiene, y advierte de que estudiar cada compuesto por separado puede conducir a una infravaloración del riesgo cuando varias exposiciones coinciden.

La cuestión adquiere relevancia ante los disruptores endocrinos, sustancias capaces de interferir en el funcionamiento hormonal. De Prada señala que algunos pueden producir efectos a concentraciones muy bajas y reclama que la regulación contemple de forma más adecuada ese tipo de riesgos.

Su crítica se extiende también a la sustitución de sustancias. Pues, cuando una se restringe, explica, puede aparecer otra químicamente similar y menos estudiada, de modo que el problema cambia de nombre sin que necesariamente desaparezca.

Un informe del Observatorio Corporativo Europeo calcula en unos 46,5 millones de euros anuales el gasto declarado en lobby por grandes empresas químicas y sus asociaciones, alrededor de un 60% más que en 2020.

La batalla continúa

De Prada interpreta el cambio como una pérdida de ambición regulatoria y apunta a la creciente influencia empresarial. Cita la Declaración de Amberes de 2024, respaldada por numerosos actores industriales, y el plan de diez puntos presentado por Cefic (Consejo Europeo de la Industria Química), la patronal europea de la industria química, para reclamar una simplificación normativa.

A su juicio, algunas de esas demandas podrían retrasar la adopción de medidas frente a determinadas sustancias.

El propio informe del Observatorio pone el foco en los nuevos espacios de interlocución entre la Comisión y las empresas, entre los denominados 'Diálogos de Implementación' y 'Verificaciones de la Realidad'.

Sin embargo, el experto cuestiona su transparencia y sostiene que estos mecanismos pueden otorgar a la industria una capacidad de influencia desproporcionada frente a científicos y organizaciones sociales. La atribución de causalidad, en cambio, exige distinguir entre la existencia de esa presión y la demostración de que haya determinado una decisión concreta de la Comisión.

La historia regulatoria europea tiene, además, otra batalla abierta. El Reglamento sobre envases y residuos de envases comenzó a aplicarse de forma general el 12 de agosto de 2026 e introdujo límites específicos para los PFAS en envases destinados a entrar en contacto con alimentos.

El texto establece un máximo de 25 partes por mil millones para determinados PFAS analizados individualmente, 250 partes por mil millones para la suma de esos compuestos y 50 partes por un millón de flúor total, incluidas las formas poliméricas.

Los PFAS constituyen una familia de sustancias muy persistentes utilizadas en numerosos productos por sus propiedades frente al agua, la grasa o el calor. El Reglamento europeo de Envases no establece una prohibición general de todos los PFAS, pero sí fija esos límites para los envases alimentarios.

La entrada en vigor no significa que todos los envases existentes deban retirarse. Los productos introducidos legalmente en el mercado antes del 12 de agosto pueden continuar comercializándose.

La restricción afecta a las nuevas introducciones en el mercado desde esa fecha y, paralelamente, continúa el proceso europeo para estudiar una posible restricción mucho más amplia de los PFAS bajo REACH.

Para De Prada, la discusión sobre estos compuestos forma parte de una cuestión mayor. La Iniciativa Europea de Biomonitorización Humana (HBM4EU) ha documentado exposición de la población europea a múltiples sustancias, y el investigador sostiene que "la ciencia sabe mucho más de lo que hacen las autoridades".

La regulación química se cruza además con otra transformación europea, la de los envases. El Reglamento de Envases pretende reducir los residuos y favorecer diseños que puedan reciclarse o reutilizarse con mayor facilidad.

Josep Ragull, profesor de EAE Business School, sitúa la dimensión del problema en una cifra de 180 kilos de residuos de packaging generados anualmente por habitante en la Unión Europea, cerca de un tercio de la basura doméstica.

Ragull apunta a productos fabricados con capas difíciles de separar, como combinaciones de cartón y plástico, y a modelos de consumo que multiplican los residuos fuera del hogar. Por eso considera insuficiente juzgar la sostenibilidad de una alternativa únicamente por el material.

También deben entrar en el cálculo la distancia recorrida por el producto, el consumo de agua, las emisiones generadas durante su ciclo de vida y la facilidad de reciclaje, compostaje o biodegradación.

Ese análisis puede producir resultados contraintuitivos. Y es que una botella de vidrio de un solo uso fabricada localmente con energías renovables podría presentar una huella inferior a la de un producto biodegradable fabricado a miles de kilómetros con fuentes energéticas más intensivas en emisiones.

Sin embargo, Ragull introduce una distinción fundamental entre comparar dos envases y replantear su necesidad. "El ganador idealmente debería ser el no envase", defiende.

El ejemplo de las cápsulas de café ilustra esa tensión. Los fabricantes han destacado ventajas como la dosificación exacta, la trazabilidad o la reducción del desperdicio de café, pero Ragull señala que el sistema exige una cadena industrial más compleja que la preparación tradicional y que, después de su uso, debe someterse a procesos para separar sus componentes.

A ello suma un dato económico significativo, el café en cápsulas puede llegar a costar hasta diez veces más por gramo que el café a granel, pese a que su cuota de mercado en Europa ronda el 43%.

La reutilización tampoco queda al margen del análisis de impacto. Las botellas de cerveza diseñadas para varios ciclos pueden reducir alrededor de un 30% el consumo energético frente a la fabricación de una nueva, según los datos citados por Ragull, además de disminuir la demanda de materias primas.

Pero los sistemas de lavado, transporte y recogida tienen su propia huella y determinados sectores requieren procesos de higienización especialmente exigentes.

En productos químicos y farmacéuticos, la seguridad introduce límites diferentes. Los viales, las vacunas o determinados frascos pueden requerir envases de un solo uso porque la reutilización añadiría riesgos o tratamientos complejos. Ragull considera que estos casos deben diferenciarse de aquellos en los que la reutilización resulta técnicamente viable.

El modelo de consumo

La responsabilidad tampoco puede recaer exclusivamente sobre quien compra. Ragull recuerda que buena parte de las decisiones sobre materiales y formatos se toman antes de que el producto llegue al consumidor. Por eso cuestiona un sistema que obliga al ciudadano a desmontar envases compuestos para poder separarlos correctamente.

Su propuesta pasa por hacer visibles los costes ambientales de las distintas opciones. Pues, si un producto con un packaging complejo resulta más caro que otro con menos material, el precio puede actuar como incentivo para modificar hábitos y, a su vez, empujar a las empresas a rediseñar sus productos.

El nuevo sistema de depósito, devolución y retorno previsto para finales de 2026 puede reforzar esa lógica. Si, por ejemplo, se establece un depósito de 10 céntimos, esa cantidad se recuperaría al devolver el envase, aunque elevaría el desembolso inicial.

Para Ragull, la hostelería y la distribución tienen un papel especialmente relevante porque son espacios donde se consolidan comportamientos de consumo. Las monodosis de salsas, condimentos y determinados productos de higiene forman parte de ese cambio.

Propone alternativas como estaciones de condimentos en los establecimientos y recuerda que algunos sistemas tradicionales ya permiten reducir envases, como el uso de agua filtrada en lugar de botellas individuales. El Reglamento de Envases obligará además a las compañías a replantear formatos, materiales y cadenas de suministro.

Ragull ve en esa obligación un riesgo de adaptación superficial, pero también una oportunidad de innovación. Las grandes marcas, sostiene, pueden limitarse a cumplir con los mínimos exigidos, mientras nuevas empresas pueden intentar convertir el rediseño en una ventaja competitiva.

En ese proceso prevé una mayor utilización de inteligencia artificial para desarrollar materiales y formatos. La transición tendrá un coste, pero una parte ya está incorporada al precio final de los productos. Y es que Ragull recuerda que las empresas repercuten actualmente los costes asociados al sistema de reciclaje.

A su juicio, la cuestión será conseguir que el nuevo modelo genere señales suficientemente claras para modificar el consumo en lugar de convertirse en otro coste diluido entre todos los productos.