España tiene una promesa constitucional pendiente desde 1978 y el informe Dos promesas a quienes trabajan: voz y propiedad sostiene que ha llegado el momento de desarrollarla.
La comisión internacional de expertos y expertas sobre democracia en el trabajo, encargada por la Vicepresidencia Segunda y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, concluye que el artículo 129.2 no se está aplicando mediante una legislación eficaz.
Al mismo tiempo, sostiene que España se encuentra entre los países de la Unión Europea con menor desarrollo de los mecanismos que permiten a quienes trabajan participar en las decisiones estratégicas de las empresas y acceder a su propiedad.
La tesis del documento va mucho más lejos de una reivindicación laboral. Para la comisión, democratizar las empresas puede convertirse en una política económica capaz de afrontar varios de los grandes problemas que tiene España.
El informe vincula la participación de los trabajadores con la calidad del empleo, la innovación y la productividad y plantea que darles capacidad de influencia en las empresas puede ayudar a responder también a la sucesión de las pymes, la implantación de la IA, la pérdida de resiliencia territorial, la desigualdad, el debilitamiento sindical y los desafíos ambientales.
La propuesta se apoya en dos palabras que la comisión extrae del artículo constitucional. "Voz" para intervenir en las decisiones de la empresa y "propiedad" para facilitar el acceso de los trabajadores a los medios de producción.
El propio artículo 129.2 establece que los poderes públicos deben promover las formas de participación en la empresa, fomentar las sociedades cooperativas y facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
El artículo 129.2 de la Constitución lleva casi 50 años esperando desarrollo.
Para Isabelle Ferreras, presidenta de la comisión y autora principal del informe, esta formulación contiene una concepción especialmente avanzada de lo que significa una democracia.
A su juicio, la Constitución de la Transición entendió que la democracia no podía quedarse en las instituciones, sino que debía alcanzar la vida cotidiana y los espacios donde las personas toman decisiones que afectan a su existencia.
El trabajo ocupa ahí un lugar central porque las decisiones adoptadas en una empresa tienen consecuencias sobre la vida laboral, pero también sobre la vida personal de quienes trabajan.
"La democracia, para que sea viva, para que sea realmente positiva, tiene que ser una realidad en el día a día, en la cultura, en la gente, en la manera con la cual la gente se vive, se siente", sostiene Ferreras. Y ahí sitúa la vigencia del artículo 129.2, que considera un testimonio de la idea de que la democracia debe extenderse a la experiencia cotidiana de la ciudadanía.
Una promesa constitucional
El problema, según la comisión, es que esa ambición quedó prácticamente congelada. España cuenta con derechos de información, consulta y representación de los trabajadores por medio del Estatuto de los Trabajadores y de la normativa de prevención de riesgos laborales, pero no dispone de una ley general que desarrolle el artículo 129.2.
El informe señala además que la representación laboral a través de los mecanismos existentes alcanza aproximadamente la mitad de lo que podría llegar a ser si se utilizaran plenamente las posibilidades previstas en la legislación actual.
La distancia respecto a otros países europeos aparece con especial claridad cuando la mirada se desplaza del lugar de trabajo al gobierno de la empresa. La mayoría de los países de la UE reconocen alguna forma de representación laboral en los consejos de administración o de vigilancia.
En 13 países, según el informe, esos derechos se extienden tanto a empresas privadas como públicas. España, en cambio, pertenece al grupo minoritario en el que la cogestión no está reconocida con carácter general y se limita a determinadas empresas públicas estatales.
Ferreras pone como referencia a Alemania y a los países escandinavos. En el modelo alemán, la representación de los trabajadores en los órganos de gobierno permite intervenir en las decisiones estratégicas. La propuesta española toma este tipo de experiencias como punto de partida, aunque plantea incluso superar algunos de sus umbrales.
La reforma planteada por la comisión establece que, si la negociación colectiva no fija otro sistema, las empresas o grupos de entre 25 y 1.000 trabajadores tendrían un tercio de los derechos de voto del consejo atribuidos a representantes laborales. En las compañías de más de 1.000 trabajadores, la proporción subiría al 50%.
Ferreras rechaza que esa presencia pueda considerarse una intromisión ilegítima en la gestión empresarial. Su argumento parte de la propia Constitución.
La participación de los trabajadores, explica, no elimina la libertad empresarial porque son dos planos diferentes. Una persona puede poner en marcha un proyecto empresarial, pero esa libertad convive con las reglas que la sociedad establece para proteger otros derechos y bienes colectivos.
La profesora recurre a las cooperativas para explicar esa diferencia. Empresas como Mondragón demuestran, a su juicio, que la participación de quienes trabajan y la existencia de un proyecto empresarial viable no son conceptos incompatibles.
España está en el grupo minoritario de países europeos sin cogestión empresarial generalizada.
El informe identifica precisamente a la economía social española como uno de los espacios donde el mandato constitucional ya tiene una expresión práctica. Ese sector agrupa más de 369.000 entidades y emplea a más de 1,3 millones de personas, según los datos recogidos por la comisión.
La cuestión, por tanto, no es sustituir la empresa privada por cooperativas. El informe plantea extender mecanismos de participación a empresas con modelos de propiedad diferentes.
La voz y la propiedad aparecen como vías relacionadas, pero no idénticas. De hecho, la comisión advierte de que la propiedad de los medios de producción no tiene por qué limitarse a la empresa en la que trabaja una persona y considera compatible la participación accionarial con una estrategia de diversificación de la propiedad.
Política de productividad
La segunda gran conclusión del informe es que la democracia empresarial no se plantea como una cuestión exclusivamente social. La comisión encuentra una conexión entre participación, calidad del empleo, innovación y productividad.
Su análisis sostiene que cuando las personas trabajadoras tienen capacidad real de influencia pueden contribuir a innovaciones de procesos más exitosas y a un mayor crecimiento de la productividad.
La matización es importante. El informe no sostiene que colocar representantes de los trabajadores en un consejo de administración vaya a producir automáticamente más productividad. Distingue entre los diferentes niveles de participación.
La intervención de comités de empresa y en los propios lugares de trabajo puede tener un efecto más directo sobre la calidad del empleo y la innovación porque permite que quienes realizan las tareas tengan autonomía, responsabilidad y capacidad para aportar conocimiento sobre cómo mejorar los procesos.
En Alemania los trabajadores pueden ocupar hasta la mitad de los puestos del órgano de supervisión.
La presencia en los órganos corporativos funciona como una garantía para que esa voz pueda llegar también a las decisiones estratégicas.
La investigación recopilada por la comisión encuentra ejemplos concretos. Una revisión de 44 casos de empresas alemanas concluye que la participación a través de los comités de empresa y de los consejos de administración favorece la adopción de innovaciones y mejora tanto los resultados económicos como el bienestar de los trabajadores.
El informe relaciona esa participación con una mayor capacidad de coordinación y con el desarrollo de conocimientos útiles para innovar.
También aparecen efectos vinculados a la formación. Un estudio sobre la cogestión en Alemania recogido por la comisión señala que la influencia de los representantes laborales en los consejos puede trasladarse a decisiones sobre desarrollo de personal, formación continua y seguridad en el empleo.
Ferreras interpreta esos resultados desde una perspectiva de cambio de modelo productivo. A su juicio, España debe decidir qué relación quiere establecer entre tecnología, productividad y trabajo en una etapa marcada por la inteligencia artificial.
"España tiene que elegir", afirma. "Ir por un desarrollo tecnológico que va a ir con más automatización y menos calidad del empleo y menos desarrollo humano en el trabajo, con menos innovación", o apostar por "más productividad, más desarrollo y calidad del empleo".
Para ella la diferencia está en reconocer el conocimiento acumulado por quienes trabajan. "Tiene que considerar a los empleados como inversores en las empresas, como inversores de su trabajo, en los proyectos de las empresas", sostiene.
El razonamiento conecta con una de las conclusiones económicas centrales del informe. España ha aumentado su inversión en I+D, pero la comisión considera que los avances en productividad e innovación han sido modestos.
Entre las causas tradicionalmente señaladas aparecen la regulación, la integración financiera y fiscal o las políticas industriales, pero el informe presta especial atención a la concentración de mercado y a su efecto sobre salarios, calidad del empleo y capacidad competitiva.
La comisión considera que el modelo de empleo también condiciona la capacidad de una economía para aprovechar la tecnología. Su análisis identifica una relación entre trabajos de baja calidad, menor capacidad de innovación y un mercado laboral polarizado.
Frente a ello, plantea una estrategia de "alta calidad" en la que la tecnología complemente el trabajo humano y la participación de los trabajadores forma parte de la política industrial.
El informe también recoge una advertencia relevante. No toda forma de participación produce los mismos efectos. La evidencia sobre la cogestión representativa a nivel macroeconómico es menos concluyente que la que existe sobre la participación en el lugar de trabajo.
Por ese motivo, la propuesta pretende actuar simultáneamente sobre ambos niveles. La voz debe llegar a las decisiones cotidianas y también al gobierno corporativo.
Un tercio de los propietarios de pymes españolas podría jubilarse en la próxima década.
"Puedes tener millones de euros que invertir en un proyecto empresarial. Pero si no tienes a la gente motivada, si no están totalmente movilizados sobre los objetivos de la empresa, no va a pasar nada", resume Ferreras.
Esa es la lógica que explica por qué la comisión sitúa la democracia laboral dentro de la política económica. La participación deja de aparecer como un coste adicional o una concesión a la plantilla y pasa a concebirse como una forma de aprovechar mejor un activo que ya existe dentro de las empresas, el conocimiento de quienes realizan el trabajo.
La comparación europea es, en este punto, determinante. Para Ferreras, España corre el riesgo de quedarse rezagada respecto de los países que ya han incorporado mecanismos de participación estratégica. "Es el camino para un futuro que es inclusivo, para la gente que trabaja y que le trata bien", afirma.
Pero la transformación que propone el informe no se detiene en los consejos de administración. La comisión considera que los próximos grandes cambios tecnológicos pueden convertir la participación de los trabajadores en una cuestión todavía más decisiva.
Cambiar las reglas del poder
La llegada de la inteligencia artificial introduce un nuevo frente.
La comisión dedica uno de sus nueve grandes desafíos a la gobernanza de estas tecnologías porque entiende que la discusión sobre quién decide en la empresa adquiere una dimensión diferente cuando decisiones sobre contratación, evaluación, productividad o supervisión empiezan a apoyarse en sistemas automatizados.
El informe advierte de que la gestión algorítmica puede ampliar la capacidad de control empresarial, recopilar grandes cantidades de datos sobre las personas trabajadoras y convertir aspectos de la vida laboral en procesos difíciles de comprender para quienes están sometidos a ellos.
Además, considera que la expansión de estas herramientas abre también una oportunidad para replantear la distribución del poder dentro del trabajo.
De ahí que entre sus recomendaciones figure un nuevo derecho de codecisión para que los trabajadores puedan influir y dar su consentimiento al despliegue de inteligencia artificial en el trabajo. La propuesta busca reforzar además las competencias de los comités de empresa y de los delegados de personal.
El objetivo es que la transformación tecnológica no se decida exclusivamente desde la dirección. Para la comisión, quienes trabajan deben poder aportar el conocimiento de las tareas que serán modificadas y participar en las condiciones en las que se introducen las nuevas herramientas.
El informe considera que esta vía puede favorecer una implantación tecnológica más responsable y reducir conflictos y litigios.
La misma lógica aparece en el problema de la sucesión de las pequeñas y medianas empresas. El informe calcula que un tercio de los propietarios de pymes se jubilará en la próxima década y estima que aproximadamente 600.000 empleos al año podrían quedar en riesgo. La mayoría de estas empresas carece de un plan de sucesión.
Aquí entra en juego la segunda palabra del artículo 129.2. Si los trabajadores pueden convertirse en propietarios, la sucesión deja de depender exclusivamente de la venta a un tercero.
El informe plantea mecanismos para facilitar adquisiciones por parte de las plantillas, incluidos fondos ciudadanos y un sistema de financiación inspirado en los planes de propiedad accionarial de los empleados.
La comisión propone empezar con un 2% de propiedad laboral.
La comisión vincula esta posibilidad con la resiliencia territorial. El capital financiero puede desplazarse de un territorio a otro con relativa facilidad, mientras que las personas y las comunidades están arraigadas en lugares concretos.
Cuando una empresa cambia de propietario, se deslocaliza o cierra una actividad, los efectos recaen sobre trabajadores y territorios que no necesariamente han participado en la decisión.
La propiedad laboral aparece así como una forma de conservar capacidad de decisión económica dentro del territorio.
No se trata, según el informe, de convertir a todos los trabajadores en accionistas de su empresa a cualquier precio. Se trata de abrir una vía para que quienes trabajan puedan participar también en la distribución de la riqueza que contribuyen a generar.
Premiar a las más democráticas
La comisión propone acompañar las obligaciones legales con un sistema de incentivos. Su herramienta central sería el Índice de Desarrollo Democrático Corporativo, diseñado para medir el grado de acceso de los trabajadores a la voz y a la propiedad.
El mecanismo establecería diferentes niveles de participación y permitiría clasificar a las empresas en función de sus prácticas. El Estado utilizaría después esa información para premiar a las compañías que avanzasen hacia mayores niveles de democracia corporativa y desincentivar a las que permanecieran en los niveles más bajos.
La idea de Ferreras es utilizar instrumentos que el Estado ya tiene a su disposición. Impuestos, subvenciones, financiación pública o contratación pública pueden utilizarse para orientar comportamientos empresariales.
"Las empresas que son más democráticas, que tienen más en cuenta la voz de los trabajadores, van a tener un impuesto corporativo más o menos importante", explica.
La propuesta no se limita a la fiscalidad. El informe contempla también incentivos financieros, compensaciones específicas, posibles exenciones de cotizaciones, programas piloto sectoriales y regionales y mecanismos ligados a compromisos de largo plazo.
La fiscalidad sería, por tanto, una de las palancas, no la única. El informe incluso modeliza distintos escenarios de aplicación. En uno de ellos, una mayor democratización empresarial podría llevar el impuesto de sociedades del 25% al 27,5% para las empresas que permanecieran en niveles bajos de participación.
En otro, las compañías que alcanzasen niveles superiores pasarían del 25% al 22%, con la hipótesis de que una parte relevante de ese incentivo se destinase a inversión. Son escenarios utilizados por la comisión para analizar posibles efectos macroeconómicos, no una previsión de recaudación futura.
La propuesta parte de una idea sencilla. Si determinadas formas de gobierno empresarial generan efectos sociales positivos, el Estado puede reconocerlos. Y si determinadas prácticas trasladan costes a la sociedad, puede utilizar sus instrumentos para reducir esos incentivos.
El informe propone que una empresa pueda tener hasta la mitad de los votos del consejo en manos de representantes de los trabajadores.
El informe relaciona esa cuestión con la desigualdad. España registra una tasa de pobreza laboral del 13,7%, que asciende al 29,5% entre los trabajadores inmigrantes. En la agricultura y el trabajo doméstico se aproxima al 30%, mientras que Andalucía alcanza el 19,4%, Extremadura el 17,2% y Castilla-La Mancha el 15,4%.
La participación empresarial no se presenta como una solución automática a esas cifras, pero la comisión considera que puede modificar algunas de las decisiones que influyen sobre ellas.
Su investigación encuentra que en empresas con mayor participación laboral tienden a reducirse los empleos precarios y mal remunerados, se limita la externalización y aumenta la inversión en formación.
De la desigualdad al planeta
La comisión amplía todavía más el campo de actuación del artículo 129.2 al conectar la organización de las empresas con los problemas ambientales.
De los nueve límites biofísicos identificados para definir un espacio seguro de actuación de la humanidad, siete habían sido sobrepasados según las investigaciones que recoge. En España, además, cerca de tres cuartas partes del territorio presentan riesgo de desertificación.
La cuestión que plantea el documento es quién participa en las decisiones que determinan los impactos ambientales de una compañía. Si la estrategia empresarial responde de manera prioritaria a los intereses de los propietarios del capital, las consecuencias ambientales pueden quedar fuera del núcleo de decisión.
Incorporar a los trabajadores a ese gobierno, sostiene la comisión, puede favorecer una visión empresarial con mayor atención a las consecuencias sociales y ambientales.
Ferreras lo expresa en términos de modelo económico. Habla de avanzar hacia una economía "regenerativa", capaz de combinar prosperidad, democracia y protección ambiental. Su crítica se dirige a un modelo empresarial que trata el planeta como una fuente de recursos disponibles y a las personas como recursos productivos.
"Ese modelo extractivista que conocemos de la empresa está matando al planeta", afirma. Y añade una segunda crítica. "Los recursos humanos no son recursos humanos". Para Ferreras, reducir a las personas a esa categoría dificulta reconocer su conocimiento, su capacidad de decisión y su papel en la construcción de la propia empresa.
El informe reúne así nueve problemas bajo una misma propuesta. A la sucesión de las pymes, la competitividad y la innovación, la gobernanza de la IA, la resiliencia territorial, el trabajo oculto y la fragmentación de las cadenas de valor se suman el debilitamiento sindical, la pobreza y la desigualdad, la desafección democrática y el deterioro ambiental.
La tesis de fondo es que no son problemas independientes. La forma en que se distribuye el poder dentro de una empresa condiciona qué información llega a los órganos de decisión, qué riesgos se consideran, qué inversiones se priorizan y qué consecuencias recaen sobre quienes trabajan y sobre los territorios donde operan las compañías.
La comisión propone por ello una reforma gradual. Primero, establecer nuevos mínimos legales de participación. Después, permitir que las empresas avancen por encima de esos mínimos mediante incentivos.
La comisión quiere crear un "rating" de democracia empresarial.
En materia de voz, plantea reforzar los comités de empresa, ampliar la consulta y la mediación obligatoria e incorporar representación laboral en los órganos estratégicos. En materia de propiedad, plantea comenzar abriendo a los trabajadores un acceso mínimo del 2% de las acciones y facilitar posteriormente trayectorias de mayor participación.
El planteamiento pretende evitar que todas las empresas tengan que transformarse de la misma manera y al mismo ritmo. El objetivo es establecer una dirección común y crear mecanismos para que las compañías tengan incentivos para recorrerla.
La economía social española aparece como una prueba de que algunos de estos modelos son viables. La comisión identifica cooperativas y otras empresas participadas como espacios donde ya se han experimentado formas de gobierno diferentes y donde la participación se integra en la propia estructura empresarial.
Diez años para cambiar
Ferreras sitúa el horizonte de la reforma en una transformación de la relación entre economía y sociedad.
Si las recomendaciones de la comisión se aplicaran, España tendría dentro de diez años un sistema empresarial en el que la participación de los trabajadores formaría parte habitual del gobierno corporativo, donde la propiedad laboral tendría canales propios de acceso y donde la tecnología se introduciría con una intervención mayor de quienes deben convivir con sus consecuencias.
La profesora espera también un efecto político. Si la democracia se practica en el lugar de trabajo, argumenta, puede reforzarse la cultura democrática fuera de él. El informe dedica uno de sus nueve desafíos a esta cuestión y relaciona las formas de organización laboral con la relación de las personas con las instituciones y con el aumento o reducción de la desafección.
"Una sociedad mucho más agradable", responde Ferreras cuando se le pregunta cómo imagina España dentro de una década si las recomendaciones se aplicaran con éxito. Su explicación enlaza el cambio empresarial con un círculo entre economía, democracia y sostenibilidad.
El informe, sin embargo, no presenta la reforma como una cuestión exclusivamente española.
La comisión reclama también actuaciones europeas, entre ellas mecanismos comunes de incentivos vinculados al Índice de Desarrollo Democrático Corporativo, un posible fondo soberano para apoyar adquisiciones por parte de trabajadores, derechos de los consejos europeos de empresa para intervenir en el despliegue de IA y un régimen europeo específico para empresas democráticas.
La pobreza laboral afecta al 13,7% de los trabajadores en España.
La posición de Ferreras incorpora además una crítica directa al rechazo empresarial a abrir este debate. La presidenta de la comisión considera que la discusión sobre la participación de los trabajadores forma parte del futuro económico europeo y lamenta que la patronal española haya rechazado abordar la propuesta del Ministerio de Trabajo.
A su juicio, esa posición contrasta con la experiencia de los países donde las empresas más innovadoras han desarrollado sistemas de participación. Para ella, la discusión no debería plantearse como una confrontación entre empresa y trabajadores, sino como una cuestión sobre qué modelo productivo quiere construir España.
El informe tampoco plantea que el Estado deba sustituir a las empresas en sus decisiones. Su propuesta consiste en modificar las reglas de participación y utilizar los instrumentos públicos para favorecer determinados comportamientos.
La libertad empresarial permanece dentro del modelo, pero deja de entenderse como una facultad ilimitada para decidir sin tener en cuenta los derechos de quienes trabajan o las consecuencias sociales y ambientales de las decisiones.
La comisión resume su estrategia en una trayectoria que parte de la doble promesa constitucional de voz y propiedad. La primera busca ampliar la capacidad de intervención en las decisiones de la empresa. La segunda pretende abrir vías para que los trabajadores participen en la riqueza y en el capital que generan.
El Índice de Desarrollo Democrático Corporativo serviría después para medir cuánto ha avanzado cada compañía.
El punto de partida, según el informe, es claro. España dispone de una Constitución que reconoce desde 1978 la participación de los trabajadores y su acceso a la propiedad, pero carece todavía de un marco general que convierta esa promesa en una realidad empresarial extendida.
La comisión propone ahora pasar de ese reconocimiento programático a un sistema de derechos, obligaciones e incentivos.
El resultado que persigue no es una nueva estructura única para todas las compañías. Es una transformación progresiva del modo en que se toman las decisiones económicas. Para Ferreras, el reto está en reconocer que quienes trabajan aportan una parte esencial del valor de una empresa y que esa aportación puede traducirse también en capacidad de decisión.
El cierre de la propuesta vuelve así al punto de partida. Casi medio siglo después de que la Constitución estableciera el mandato, la comisión considera que la participación laboral puede dejar de ser una promesa pendiente y convertirse en una herramienta para afrontar los cambios que ya están transformando las empresas españolas.