El plazo se ha agotado. Desde este 31 de julio, todos los Estados miembros debían haber incorporado a su legislación la Directiva europea del Derecho a Reparar, una norma con la que Bruselas pretende cambiar la forma en que los ciudadanos consumen, utilizan y desechan productos como una lavadora, un móvil o una tableta.

El objetivo es claro. Que reparar deje de ser una excepción y se convierta en una alternativa real frente a la sustitución prematura de los dispositivos, reduciendo residuos, alargando su vida útil y favoreciendo un modelo económico más circular.

España, sin embargo, llega a la fecha marcada por la Unión Europea sin haber culminado esa transposición. Aunque existe un anteproyecto de ley y el Ministerio competente continúa trabajando en él, la norma todavía no ha completado su recorrido legislativo.

"Ni siquiera se ha presentado un proyecto de ley en el Congreso", explica a ENCLAVE Manuel Jesús Marín López, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha, quien no descarta que finalmente el Gobierno opte por aprobarla mediante un real decreto-ley para cumplir con las obligaciones comunitarias.

Ese retraso no resta relevancia a una regulación que aspira a modificar la relación entre consumidores, fabricantes y reparadores. La Directiva (UE) 2024/1799 establece un marco común para facilitar la reparación de determinados productos, mejorar el acceso a piezas de recambio, aumentar la transparencia sobre precios y plazos y reforzar el papel de los talleres independientes.

También introduce incentivos para que reparar resulte una decisión más atractiva durante el periodo de garantía, ya que, cuando el consumidor opta por esta vía en lugar de sustituir el producto, el periodo de responsabilidad del vendedor se amplía doce meses.

La filosofía de la norma responde a un problema cada vez más evidente. Y es que el volumen de residuos electrónicos continúa creciendo a un ritmo muy superior al de su reciclaje.

Según el Global E-waste Monitor, en 2022 se generaron 62 millones de toneladas de residuos electrónicos en todo el mundo y apenas el 22% fue recogido y reciclado mediante sistemas formales.

A ello se suma que una parte significativa del impacto ambiental de un dispositivo se produce antes incluso de que llegue a manos del consumidor, durante la extracción de materias primas, la fabricación y el transporte.

En ese contexto, prolongar la vida útil de los productos se ha convertido en una prioridad para la Unión Europea.

La Directiva del Derecho a Reparar forma parte de una estrategia más amplia que incluye el Reglamento de Diseño Ecológico aprobado también en 2024 y otras iniciativas dirigidas a reducir el consumo de recursos naturales, disminuir la generación de residuos y reforzar la economía circular.

Un derecho con matices

Aunque el debate público ha popularizado la expresión "derecho a reparar", el alcance jurídico de la directiva dista de la interpretación que muchos consumidores han hecho de ella. Marín López advierte de que existe una idea equivocada muy extendida sobre el contenido real de la norma.

El jurista explica que no reconoce un derecho a exigir que el fabricante repare gratuitamente un producto fuera del periodo de garantía, sino un derecho del consumidor a solicitar una oferta de reparación.

Es decir, el fabricante de determinados bienes incluidos en la norma está obligado a responder a esa petición, elaborar un diagnóstico y presentar un presupuesto con unas condiciones de reparación y un precio que resulte razonable conforme al mercado. Después será el consumidor quien decida si acepta esa propuesta o busca otra alternativa.

Ese matiz explica también por qué su futura aplicación práctica dependerá, en buena medida, del coste final de las reparaciones. Si el presupuesto se aproxima demasiado al precio de adquirir un producto nuevo, muchos consumidores seguirán optando por reemplazar el aparato averiado.

El propio texto europeo utiliza el concepto de "precio razonable", una expresión deliberadamente abierta que debería interpretarse atendiendo a las condiciones habituales del mercado.

Además, la norma tampoco afecta a todos los bienes de consumo. Esta primera fase se limita a determinados productos regulados mediante requisitos específicos de diseño ecológico, entre ellos lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos, pantallas electrónicas, aspiradoras, teléfonos móviles, tabletas y algunos dispositivos de almacenamiento de datos.

La intención de Bruselas es ampliar progresivamente ese listado mediante nuevos reglamentos sectoriales.

Abrir el mercado

Uno de los cambios menos visibles para el consumidor, aunque potencialmente más relevantes, afecta al funcionamiento del propio mercado de la reparación.

Hasta ahora, acceder a determinados repuestos, herramientas de diagnóstico o manuales técnicos dependía, en muchos casos, del fabricante. Esa situación limitaba la capacidad de actuación de talleres independientes y reducía la competencia.

La directiva intenta corregir ese desequilibrio obligando a los fabricantes de los productos incluidos en su ámbito de aplicación a facilitar el acceso a piezas de recambio, información técnica y herramientas necesarias para efectuar reparaciones.

El propósito es que un consumidor no tenga que acudir necesariamente al servicio técnico oficial para reparar un electrodoméstico o un dispositivo electrónico.

Marín López considera que esta es una de las aportaciones más importantes del nuevo marco europeo. Si esas obligaciones se cumplen de forma efectiva, explica, aumentaría el número de empresas capaces de reparar productos de distintas marcas, algo que debería traducirse en una mayor competencia, mejores servicios y precios más ajustados.

El propio Reglamento de Diseño Ecológico fija, además, durante cuánto tiempo deberán mantenerse disponibles determinados repuestos, que en algunos componentes alcanzan entre siete y diez años, dependiendo del producto.

Ahora bien, el acceso formal a las piezas no garantiza, por sí solo, que el sistema funcione. También será determinante el precio al que los fabricantes las comercialicen.

Si los componentes llegan al mercado con importes demasiado elevados, los talleres independientes difícilmente podrán competir en igualdad de condiciones. De ahí que la normativa insista en que tanto las piezas como las condiciones de suministro respondan a criterios razonables.

Desde Back Market, empresa especializada en tecnología reacondicionada, considera que ahí se juega buena parte del éxito de la reforma. Alexandre Tanay, responsable de Asuntos Públicos de la compañía, sostiene que las obligaciones legales deberán traducirse en cambios reales y no limitarse a un cumplimiento formal.

A su juicio, el verdadero desafío consiste en garantizar que las piezas estén disponibles, que los profesionales independientes puedan acceder a manuales y herramientas de diagnóstico y que no existan barreras técnicas o de software que impidan instalar componentes compatibles.

El experto cree que la directiva representa un avance porque desplaza el foco desde la garantía tradicional hacia la durabilidad del producto.

En su opinión, los fabricantes empiezan a asumir que diseñar un dispositivo también implica facilitar que pueda seguir utilizándose durante más tiempo, aunque advierte que el nuevo marco todavía deja cuestiones abiertas relacionadas con el precio de los repuestos, el acceso a la información técnica o la continuidad del soporte informático.

Ese último aspecto empieza a ganar protagonismo en un mercado donde la obsolescencia ya no depende solo del desgaste físico. Para Tanay, hablar de longevidad tecnológica exige abordar conjuntamente el hardware y el software, ya que de poco sirve sustituir una batería o una pantalla si el fabricante deja de ofrecer soporte al sistema operativo.

La propia compañía pone como ejemplo el final del soporte oficial de Windows 10, una decisión que puede afectar a alrededor de 400 millones de ordenadores cuyo hardware continúa siendo plenamente operativo.

Una oportunidad económica

El Derecho a Reparar también tiene una dimensión económica. Bruselas aspira a impulsar actividades vinculadas al mantenimiento, la reparación y el reacondicionamiento, reduciendo al mismo tiempo la dependencia europea de materias primas críticas necesarias para fabricar nuevos dispositivos.

Sin embargo, no todos los especialistas comparten el mismo optimismo sobre el alcance real de la Directiva. Para Xavier Vence, catedrático de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago de Compostela, el texto finalmente aprobado quedómuy lejos de las propuestas iniciales y difícilmente alterará de forma significativa el funcionamiento del mercado.

El economista considera que el modelo de negocio basado en la sustitución frecuente de productos seguirá predominando y que el poder de negociación de los grandes fabricantes continuará siendo muy superior al de consumidores y reparadores independientes.

Aunque espera mejoras puntuales en aspectos como la disponibilidad de repuestos o el diseño de algunos componentes, cree que el impacto sobre los patrones de producción y consumo será limitado si los Estados miembros no desarrollan medidas complementarias.

Entre esas actuaciones sitúa incentivos fiscales, políticas públicas de apoyo a la reparación o programas que hagan económicamente más atractivo reparar que comprar un producto nuevo. A su juicio, la directiva establece un punto de partida, pero no constituye, por sí sola, una transformación suficiente del modelo económico.

El precio de reparar

La viabilidad del Derecho a Reparar dependerá, en última instancia, de una decisión cotidiana que se repite cada vez que un electrodoméstico o un dispositivo deja de funcionar. ¿Compensa arreglarlo o resulta más rentable comprar otro?

Desde Back Market observan que el precio sigue siendo el principal factor que inclina la balanza. Marta Castillo, responsable de marketing y brand de la compañía en España, explica que muchas personas sustituyen sus dispositivos no porque sean irreparables, sino porque desconocen cuánto costará la reparación, no encuentran piezas de recambio o dependen exclusivamente de los canales autorizados por el fabricante.

Los estudios realizados por la empresa muestran que la decisión cambia cuando el coste de la reparación supera aproximadamente el 30% del precio de un dispositivo nuevo. A partir de ese umbral, aumenta la predisposición a sustituir el producto.

Por eso, Castillo considera que la directiva puede marcar una diferencia si consigue que reparar sea una alternativa transparente, accesible y competitiva.

La responsable de Back Market cree que el consumidor empieza a cambiar de mentalidad. De hecho, en una encuesta realizada por la compañía entre más de 10.000 personas, el 49% de los consumidores españoles aseguró haber intentado reparar alguno de sus dispositivos o haberlo llevado a un servicio técnico.

También detectan una confianza creciente hacia el mercado del reacondicionamiento, impulsada por la profesionalización del sector y por la exigencia de garantías técnicas que diferencian estos productos de la compraventa tradicional de segunda mano.

Castillo defiende que reparación y reacondicionamiento forman parte de un mismo sector.

La primera permite resolver averías y prolongar la vida útil del producto que ya posee el consumidor. El segundo ofrece una salida para aquellos dispositivos que, tras ser revisados, reparados y sometidos a controles técnicos, pueden volver al mercado con garantías suficientes para iniciar un nuevo ciclo de uso.

Para la compañía, ese modelo cobra especial importancia si se tiene en cuenta que buena parte del impacto ambiental de un dispositivo se concentra antes incluso de que se encienda por primera vez.

La directiva pretende facilitar esa transición creando un entorno donde el consumidor disponga de más información y más alternativas. Entre otras medidas, prevé un formulario europeo normalizado que deberá informar de manera clara sobre el precio, los plazos y las condiciones de la reparación.

Además, la Unión Europea pondrá en marcha una plataforma digital para localizar talleres de reparación, productos reacondicionados e iniciativas comunitarias vinculadas a este ámbito.

Normativa (todavía) insuficiente

El debate de los expertos no gira tanto en torno a la utilidad del Derecho a Reparar como a su capacidad para modificar un modelo de consumo consolidado. Ahí es donde aparecen las mayores diferencias de enfoque.

Tanay considera que la medida inicia una transición necesaria al reconocer que el esquema basado en producir, utilizar y sustituir rápidamente los dispositivos resulta difícilmente compatible con los objetivos europeos de sostenibilidad.

Sin embargo, insiste en que el cambio dependerá de que reparar deje de percibirse como una opción cara, lenta o incierta. Para lograrlo, reclama incentivos económicos, una fiscalidad que favorezca las reparaciones y estándares de diseño que prioricen la modularidad y la durabilidad desde el origen.

También cree que el futuro de la regulación pasa por actuar antes de que aparezca la avería. La obligación de incorporar baterías reemplazables en los teléfonos móviles a partir de 2027, prevista en la normativa europea sobre diseño de productos, representa para él el tipo de medidas que pueden transformar de manera más profunda el mercado.

Vence comparte la necesidad de avanzar hacia una economía más circular, aunque duda de que el texto aprobado tenga capacidad para reducir de forma apreciable la dependencia europea de materias primas críticas.

A su forma de ver, la reparación constituye una herramienta fundamental para prolongar la vida útil de los productos, reducir residuos y generar ahorros económicos para familias, empresas y administraciones.

No obstante, considera que la directiva ha rebajado significativamente su ambición inicial y que, tal y como ha quedado redactada, difícilmente modificará los niveles de consumo de productos nuevos.

Medir el éxito

La entrada en vigor del nuevo marco europeo no supondrá un cambio inmediato en los hábitos de consumo. La verdadera prueba llegará en los próximos años, cuando pueda comprobarse si la reparación deja de ocupar un lugar residual y consigue consolidarse como una alternativa habitual frente a la compra de productos nuevos.

Para Xavier Vence, existen indicadores concretos que permitirán evaluar ese resultado. El primero será comprobar si aumenta la vida útil de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Si eso ocurre, se observará una reducción de la tasa de reposición de estos productos, un descenso del gasto que realizan las familias y las empresas para sustituirlos y un crecimiento del tejido empresarial dedicado a la reparación, acompañado de más empleo especializado.

También espera que esa evolución termine reflejándose en una menor generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y en una reducción de las emisiones de dióxido de carbono asociadas a la fabricación de nuevos dispositivos.

Desde el ámbito jurídico, Marín López también invita a mantener expectativas realistas. Considera que supone un avance porque garantiza que el consumidor siempre tendrá un interlocutor al que dirigirse cuando quiera reparar determinados productos, ya sea el fabricante, su representante en la Unión Europea, el importador o el distribuidor.

Ese mecanismo, afirma, facilita que quien prefiera conservar un aparato averiado tenga una vía para solicitar una propuesta de reparación.

El profesor, sin embargo, identifica dos límites importantes. El primero es que sigue afectando a un número reducido de productos, aunque la previsión europea es ampliar progresivamente ese catálogo mediante nuevos reglamentos. El segundo tiene que ver con el coste económico.

Si reparar una lavadora con diez años de uso supone desembolsar una cantidad cercana al precio de adquirir otra nueva, muchos consumidores seguirán optando por sustituirla. En ese escenario, el fabricante habrá cumplido su obligación de presentar una oferta de reparación, pero la finalidad última de prolongar la vida útil del producto difícilmente llegará a cumplirse.

España afronta además otro desafío añadido. La directiva establece un marco común para todos los Estados miembros, aunque deja margen para que cada país articule sus propias políticas de apoyo. Esa diferencia puede resultar determinante.

Mientras algunos mercados cuentan desde hace años con redes de reparación consolidadas, incentivos públicos y una cultura de consumo orientada hacia la reutilización, otros parten de una situación menos desarrollada.

Vence considera que ahí reside una de las principales oportunidades para los gobiernos nacionales. En su opinión, si realmente se quiere impulsar la economía circular, será necesario acompañar la normativa europea con medidas que hagan la reparación más rentable y accesible.

Entre ellas menciona incentivos fiscales, programas de promoción y actuaciones que favorezcan la actividad de talleres y profesionales especializados.

Desde Back Market también insisten en que el consumidor no puede asumir en solitario la responsabilidad de ese cambio. Tanay sostiene que transformar la relación con la tecnología exige implicar a fabricantes, distribuidores, reparadores, administraciones públicas y empresas del sector.

La regulación, afirma, debe seguir evolucionando para favorecer productos concebidos para durar más tiempo, con componentes fácilmente sustituibles y soporte informático acorde con su vida útil.

La Directiva del Derecho a Reparar no resolverá por sí sola los problemas asociados al consumo de tecnología ni acabará de forma inmediata con la sustitución prematura de dispositivos. Tampoco alterará de un día para otro un mercado construido durante años alrededor de la renovación constante de productos.

Lo que sí introduce es un cambio de dirección. Por primera vez, la legislación europea sitúa la reparación en el centro de la política de consumo y la convierte en un elemento estructural de la transición hacia una economía más circular.

El reto comienza ahora. Bruselas ya ha fijado el rumbo. A partir de este 31 de julio, el desafío pasa por comprobar si ese nuevo derecho consigue traducirse en más reparaciones, productos que duren más tiempo, talleres con mayor capacidad para competir y consumidores que, cuando un aparato deje de funcionar, encuentren realmente más fácil abrir la puerta al servicio técnico que la de una tienda.