El Gobierno de España ha aprobado la reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad. Para la primera, es su primera variación en 20 años de vida. Una medida que, casi como si de un milagro se tratara, ha contado el respaldo de todos los grupos parlamentarios menos Vox.
La modificación ha sido calificada como una refundación por parte de su impulsor Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Sus dos grandes apuestas son el aumento de la financiación, el fin de la incompatibilidad de ayudas y el refuerzo de los cuidados en el hogar.
En total, se van a destinar 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027, como ha anunciado el Gobierno y aprobó el Congreso de los Diputados.
Se ofrecen más derechos, servicios y prestaciones a las personas en situación de dependencia y a quienes tienen discapacidad, además de menos burocracia. Asimismo, blinda la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia incorporando en la ley la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50% de la inversión.
No obstante, no es suficiente con la inyección económica, afirma Daniel Aníbal García, secretario de Finanzas de la la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE). "Hacen falta recursos humanos en todo el ámbito de la atención a la discapacidad y a la dependencia".
Atención en casa
Se quiere fomentar que quienes quieran permanecer en su casa o entorno próximo puedan hacerlo y no se vean obligados o abocados a la institucionalización, a mudarse a una residencia. Por eso, una de las banderas de este movimiento del Gobierno es impulsar la asistencia a domicilio y comunitaria.
Por ejemplo, la medida, además de la atención en casa, recoge también que las personas dependientes puedan recibir acompañamiento para realizar otras actividades básicas de la vida diaria como ir a hacer la compra o ir al médico.
Esto puede hacer que aumente la intensidad de la demanda de estos servicios, admite José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Española de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (AEDGSS).
Para él, la clave de todo es el final de la incompatibilidad de ayudas. Hasta ahora, quien tuviera a su cargo a una persona dependiente no podía pedir asistencia domiciliaria y ayuda para sufragar su acceso a un centro de día. Tenía que elegir entre una de esas dos opciones u otras prestaciones.
Aprobada la reforma, una de las dudas que pueden surgir es si el sistema está preparado para asumir este giro. Ramírez cree que sí, aunque subraya que no todas las comunidades autónomas invertirán de la misma forma el dinero que reciban.
La desigualdad territorial existente puede hacer que mientras en una zona los responsables decidan aumentar el número de beneficiarios de asistencia domiciliaria, en otra eleven las horas que las personas con discapacidad la reciben, ejemplifica el presidente de la AEDGSS.
No son igual de optimistas desde COCEMFE, que no ven preparadas a las autonomías y se muestran preocupados por el abordaje de esta materia en la España rural y periurbana. "Necesitamos que sea claro", dice García.
Es consciente de que no puede haber un centro de atención en cada localidad pequeña, pero expone que tampoco se puede "obligar a la gente a desplazarse a la ciudad".
Ante esto pone el ejemplo de la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad, que crea centros de recursos en las cabeceras de las comarcas.
Su discurso se encuentra con una paradoja. Castilla y León, que es la comunidad con mayores tasas de despoblación, es uno de los territorios en los que menos tardan los solicitantes en recibir las prestaciones.
Casi no tiene lista de espera, como afirma Ramírez y muestran los análisis que su propia asociación. Esto demuestra que el entorno rural puede gozar de una buena atención.
"Lo que no vamos a permitir es que ninguna comunidad haga caja con ese dinero", anuncia el presidente de la AEDGSS. Asegura que si descubren este comportamiento en algún territorio, lo llevarán al Tribunal de Cuentas.
Menos burocracia
Otra de las novedades que incorpora la medida es el cambio en los plazos de gestión. El tiempo máximo para resolver una prestación por dependencia se reduce a la mitad. Las administraciones autonómicas dispondrán ahora de un límite de tres meses, en lugar de los seis actuales, para tramitar cada expediente.
Ramírez lo celebra y recuerda las cifras actuales: "En España se muere una persona cada 17 minutos en la lista de espera de dependencia". Es decir, fallecen aguardando una respuesta de las administraciones.
Algo que va a permitir hacer realidad estos nuevos plazos en la burocracia es otra de las modificaciones de esta reforma: la unión de la aprobación de dependencia y discapacidad.
Cuando entre en vigor, quienes sean reconocidos con un grado I de dependencia obtendrán automáticamente el del 33% de discapacidad. Para los que obtengan un grado II o III puede llegar hasta el 65%.
Este es un factor que el presidente de la AEDGSS considera que debería agilizar la burocracia, como dice retomando la pregunta acerca de si el sistema español está preparado para asumir estas medidas. "Si simplificamos el procedimiento no hará falta tanto personal", sostiene.
El cuidador no profesional
La reforma planteada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 contiene también la ampliación del concepto de cuidador o cuidadores. Esta figura solo estaba reconocida para los familiares y ahora se reconocerán como tal quienes pertenezcan al mismo entorno relacional, como un vecino, un amigo cercano o una pareja no casada.
Ramírez cree que se puede tratar de una figura que, precisamente, sirva de apoyo en la parte de atención domiciliaria. Ante el incremento de demanda de cuidadores que cree que puede producirse, puede suponer cierto alivio, aunque no sea un o una profesional.
Aun así, deja claro que la administración deberá estar vigilante para asegurarse de que esto no se convierte en una relación laboral.
Sin embargo, desde COCEMFE, su secretario de Finanzas subraya que el cuidado "debe ser profesionalizado y reconocido como un derecho prestado por el Estado".
Eso sí, eso no implica que no se reconozca "el importante papel del entorno y la familia" en la atención y cuidado de las personas con discapacidad, reconoce.
Encerrados en casa
El nuevo modelo apuesta de manera firme por la desinstitucionalización y la posibilidad de que alguien dependiente pueda permanecer en su hogar. No obstante, puede que no sea tan sencillo todavía.
En España se estima que hay 100.000 personas que no pueden salir de sus casas porque sus viviendas no son accesibles. Pueden recibir asistencia en su domicilio, pero no gozar de una vida activa y social.
Desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) recuerdan que la vivienda accesible es "el campamento base" para lograr una vida independiente. Potenciar el domicilio carece de sentido si estas personas acaban confinadas por no poder salir de él.
La entidad reconoce que en la reforma existe la intención de solucionar esto, ya que modifica la Ley de Propiedad Horizontal, eliminando los vetos vecinales que bloqueaban rampas o ascensores.
Aun así, la capacidad de las comunidades de propietarios para financiar el 70% de estas obras seguirá determinando si quedarse en casa es un ejercicio de autonomía o una condena.
La plataforma recuerda que la accesibilidad universal se consolida ahora como un derecho subjetivo fundamental gracias al texto normativo. Esto facultará también a las personas con discapacidad a reclamar judicialmente reformas en cualquier edificio o servicio público, sin que la administración pueda escudarse en la falta de presupuesto.
García, de COCEMFE, comparte esta preocupación e insiste en orientar la política residencial hacia las nuevas necesidades. Reclama que, además de los apoyos dentro del hogar, se haga accesible el entorno urbano más cercano para permitir una interacción social real.