Las casas hablan. Lo hacen a través de sus puertas demasiado estrechas, de los ascensores que no llegan a todos los pisos, de los porteros automáticos imposibles de usar o de los baños que nunca fueron pensados para todos los cuerpos.
La vivienda, ese espacio íntimo que debería ofrecer seguridad y autonomía, se convierte con demasiada frecuencia en un recordatorio de la exclusión. Y es que para las personas con discapacidad en España, el hogar no siempre es sinónimo de independencia, sino el primer lugar donde se manifiesta una desigualdad estructural.
Durante décadas, la sociedad ha diseñado entornos, productos y servicios desde una idea limitada de lo que considera normal: personas que caminan sin apoyo, que oyen, ven y comprenden sin barreras. Y todo lo que se sale de ese molde queda relegado a la adaptación tardía o, directamente, a la invisibilidad.
Los últimos datos oficiales confirman que esta realidad no es anecdótica. Según la Encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia en centros, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2023 y publicada en abril de 2024, en España viven más de cuatro millones de personas con discapacidad.
Sin embargo, su inclusión efectiva sigue siendo limitada en ámbitos clave como el empleo, la movilidad o la vivienda. De ellas, 308.351 presentan discapacidad de movilidad, 317.011 dificultades de autocuidado y 311.043 limitaciones en la vida doméstica.
Las barreras están presentes dentro y fuera del espacio que habitan. 96.243 personas tienen dificultades para acceder o salir de su lugar de residencia, 71.604 encuentran obstáculos en el baño, 65.605 en las zonas comunes y 65.038 en su propia habitación.
Además, 165.441 tienen problemas para desenvolverse fuera del centro, en el transporte, los accesos a edificios o el espacio urbano, lo que limita la autonomía más allá del hogar.
La accesibilidad residencial afecta de forma desigual por sexo y edad. Las mujeres concentran 233.121 de los casos, frente a 124.774 hombres, y más de 232.500 personas con discapacidad tienen 80 años o más.
La vivienda, un reto
"La vivienda digna es ahora el gran asunto pendiente para las personas con discapacidad en España". Así lo afirma Pilar Villarino, directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
En su análisis, la vivienda no es un derecho más, sino que se constituye como "el pilar básico para la autonomía y la vida independiente". Porque, tal y como subraya, "sin ella, la inclusión y participación social se ven gravemente limitadas".
Pilar Villarino directora ejecutiva del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).
Tanto es así que Villarino asegura que "muchas personas con discapacidad aún no pueden elegir libremente dónde y con quién vivir", viéndose obligadas a permanecer en "entornos no accesibles o incluso situaciones segregadas, lo que restringe su desarrollo vital y social".
Y así, esta imposibilidad de elección se traduce en efectos directos sobre el empleo, la vida social y la salud emocional, perpetuando dinámicas de dependencia no deseadas.
Legislación insuficiente
España ratificó en 2008 la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU en 2006, un tratado que reconoce el derecho a la dignidad, la libertad y la participación en la sociedad. Desde entonces, el marco normativo ha experimentado avances, pero su aplicación ha sido regular.
"Hemos ido adaptando la normativa, pero se ha hecho de manera dispersa y sin un enfoque oficial", señala Villarino. Además, indica, "el plazo legal para alcanzar la accesibilidad universal en entornos residenciales venció en 2017, pero este objetivo sigue sin alcanzarse plenamente".
Bajo su punto de vista, todavía persisten "importantes brechas y deficiencias en la aplicación", de modo que las leyes y recursos actuales "no garantizan el derecho efectivo a la vivienda inclusiva, ni la cobertura adecuada para todas las personas con discapacidad".
Las barreras arquitectónicas siguen siendo uno de los principales obstáculos. Pues, tal y como denuncia la directora del CERMI, "faltan ajustes razonables y accesibilidad real en muchos edificios y entornos urbanos".
A esto, además, se suma que la accesibilidad "no es obligatoria" en todas las comunidades de propietarios, ni se exige en muchos procesos de rehabilitación pública, lo que, una vez más, perpetúa la exclusión y las dificultades.
Un mercado excluyente
El contexto actual del mercado de la vivienda agrava esta situación. El aumento de los precios y la escasez de alquileres accesibles impactan de forma especialmente severa a un colectivo con ingresos más bajos y mayores necesidades de adaptación.
"La especulación inmobiliaria y el encarecimiento de los alquileres afectan especialmente a las personas con discapacidad", asegura Villarino. Y, la consecuencia, es un círculo vicioso: sin vivienda accesible no hay autonomía; sin autonomía se restringe el acceso al empleo y a la vida social.
Por ese motivo, desde CERMI reclaman reformas urgentes y estructurales, tales como la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para que la accesibilidad sea siempre obligatoria; la incorporación de la accesibilidad universal en todos los planes públicos de vivienda; y la promoción de modelos habitacionales más flexibles e inclusivos.
Asimismo, piden mecanismos eficaces para reclamar judicialmente el derecho a una vivienda digna. Todas ellas, medidas que, como recuerdan, responden a un mandato claro del artículo 49 de la Constitución Española, que obliga a los poderes judiciales a garantizar condiciones de vida dignas para personas con discapacidad.