Los centros sanitarios son un nuevo objetivo de guerra. Las cifras lo dejan claro: en 2025, el Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria (SSA) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de un total de 1.348 ataques contra instalaciones médicas, que causaron la muerte de 1.981 personas.

Como indica Médicos Sin Fronteras (MSF) en su informe La atención médica en el punto de mira, publicado en la madrugada del 21 de enero, esto supone un aumento "significativo" de las muertes entre el personal médico y los pacientes en zonas de conflicto. En concreto, se duplicaron con respecto a las 944 registradas en 2024.

En 2025, Sudán fue el país más afectado, con 1.620 trabajadores médicos, humanitarios y pacientes asesinados. Le siguen Myanmar con 148, Palestina con 125, Siria con 41 y Ucrania con 19. Y eso, matiza la oenegé, a pesar de que hospitales y centros sanitarios están protegidos de acuerdo con el derecho internacional humanitario.

Algo que, lamenta la entidad, las partes beligerantes en los conflictos armados, "incluidos los Estados", han decidido "eludir", pues su obligación de proteger las instalaciones, el personal, los pacientes y los vehículos médicos quedó en 2025 en papel mojado.

Y es que, denuncia el informe, "los ataques contra la asistencia médica en los conflictos armados han alcanzado niveles récord". Esta situación se da, además, casi una década después de que se adoptase la resolución 2286 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que condena los ataques contra la asistencia sanitaria y pide el fin de la impunidad.

El informe de MSF destaca un "preocupante" descenso en el respeto del derecho internacional humanitario por parte de los actores en las guerras.

Tal y como analiza la oenegé, que se basa en su propia experiencia y en las de otras organizaciones internacionales, "esta tendencia es evidente tanto en los datos estadísticos como en las declaraciones realizadas por miembros de los Gobiernos, figuras militares y otras personas involucradas en conflictos armados".

Ya no se ataca por error

Según Erik Laan, experto en incidencia política de MSF, se ha producido un cambio en la narrativa: habríamos pasado "de los 'ataques por error' a una justificación de que las instalaciones médicas y el personal humanitario 'han perdido la protección' que les otorgan" las leyes internacionales.

Esto, dice, "refleja a menudo una priorización de las necesidades militares sobre la obligación de proteger a los civiles y mitigar los daños a la población civil".

La oenegé pone sobre la mesa con su informe una realidad complicada: en ocasiones, "los ataques pueden deberse a interpretaciones erróneas del derecho internacional humanitario o al aprovechamiento de ambigüedades tanto en el derecho convencional como en el consuetudinario".

Lo que sucede, explica, es que las instalaciones sanitarias necesitan, ahora, demostrar que no son objetivos militares en vez de ser consideradas civiles automáticamente.

Para Laan, esto implica que se "pase por alto las obligaciones fundamentales de las partes beligerantes, como la de avisar con antelación antes de un ataque". Así, se imposibilita la evacuación controlada y segura de los centros médicos.

Un 2024 desastroso

Los datos de 2025, como se explica al principio de estas líneas, son escalofriantes. Pero aún más lo fueron los de 2024, también recogidos en el informe de MSF.

En aquel año, según la Coalición para la Protección de la Salud en los Conflictos, se produjeron 3.623 incidentes dirigidos contra la atención sanitaria, un 15% más que en 2023 y un 62% más que en 2022. En 2024, aproximadamente el 81 % de los incidentes de violencia contra la atención sanitaria se atribuyeron a grupos estatales.

Raquel González, coordinadora de MSF España y responsable de la campaña Nuestra Línea Roja con la que la organización denuncia los ataques a la misión médica, asegura que "la participación del Estado en los conflictos armados plantea retos específicos para la protección de la atención sanitaria, ya que los grupos estatales son más propensos que los grupos armados no estatales a llevar a cabo ataques aéreos y utilizar explosivos, especialmente en zonas densamente pobladas".

La oenegé denuncia que este ataque deliberado y continuado a la atención humanitaria provoca el "cierre de servicios médicos esenciales" y la "retirada de las organizaciones", lo que impacta en la resiliencia y recuperación de las comunidades afectadas.

Y hace hincapié en el personal local contratado, que se ve "especialmente afectado por estos ataques". Según la Base de Datos sobre Seguridad de los Trabajadores Humanitarios, entre 2021 y 2025, 1.241 miembros del personal contratado localmente fueron asesinados, 1.006 resultaron heridos y 604 fueron secuestrados en todo el mundo.

Estas personas, lamenta MSF, representan el 98% del total de trabajadores humanitarios asesinados, el 96% de los heridos y el 94% de los secuestrados. Sin ellos, la atención se desvanece.

Por eso, concluye Laan, "los Estados deben cumplir el derecho internacional, y todas las partes beligerantes deben garantizar mecanismos adecuados para la intervención militar a fin de asegurar la protección de la atención médica, impedir el uso de instalaciones médicas con fines militares e integrar la protección de las misiones médicas en la doctrina militar y la toma de decisiones".