El acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) anunciado a principios de semana trae cola: a los agricultores españoles y europeos les preocupa que el continente se "inunde" de productos que no han tenido que pasar los mismos controles ni cumplir los mismos estándares de producción que los locales.

Una y otra vez se ha escuchado eso de que "el puerto de Ámsterdam es un coladero" de alimentos llenos de pesticidas ya prohibidos a este lado del Atlántico. O que se "cuelan" productos más baratos porque no tienen que adaptarse a pies juntillas a la legislación de la UE, una de las más estrictas y garantistas en materia alimentaria y de sostenibilidad.

Al respecto, el reglamento europeo es claro: "Establece un marco unificado para los controles oficiales en toda la cadena agroalimentaria de la UE, incluyendo sanidad vegetal, salud animal, alimentos y piensos", explica la abogada Celia Miravalles Calleja, experta en el sector agropecuario.

Esto, continúa, garantiza "la aplicación de la legislación mediante controles basados en riesgos y métodos científicos avanzados para proteger la salud pública y vegetal y el bienestar animal".

La abogada indica que, en la teoría, el Reglamento (UE) 2017/625 cubre controles desde la producción hasta la distribución, incluyendo importaciones de terceros países, para alimentos, piensos, sanidad vegetal, salud y bienestar animal.

Y estos son, además, igual de estrictos para los productos comunitarios como para los extracomunitarios. Pues, indica Miravalles, "asegura que se apliquen las normas sobre productos fitosanitarios y plagas de plantas" y "garantiza que las plantas y productos vegetales que entran en la UE cumplan con los requisitos fitosanitarios".

800 millones de productos

Sin embargo, en la práctica la situación es más compleja. "El problema radica en el control en frontera", asegura Miravalles, porque es ahí donde los recursos no llegan para verificar los casi cinco mil millones de productos que entran en la UE.

En concreto, la abogada recuerda que, según la Comisión Europea, en 2024 fueron 4.777 millones los productos declarados. De ellos, apenas 392.529 fueron sometidos a controles físicos en frontera.

Miravalles matiza: "Es decir, sólo se inspeccionan 82 productos de cada millón". O, lo que es lo mismo, un 0,0082% del total de productos que entran de terceros países en la Unión Europea.

De ellos, más de 64.000 incumplieron las normas sanitarias, de seguridad o calidad, así que un 16,4% fue rechazado. "Aproximadamente uno de cada seis productos inspeccionados fue rechazado, pero el problema es la mínima tasa de productos analizados", lamenta la abogada.

Y es que, como indica a ENCLAVE ODS, "los controles a importaciones agroalimentarias en España y la UE no tienen un porcentaje único, sino que varían: algunos productos con alto riesgo (como ciertas semillas de Turquía o cacahuetes de EEUU) tienen frecuencias de control físico específicas (30% o 20%, respectivamente), mientras que otros subproductos animales se controlan al 100% de las partidas".

El problema está en que esos controles fronterizos no se llegan a adaptar a las verdaderas necesidades para verificar si todos los productos cumplen los estrictos estándares europeos.

"Si lo extrapolamos, al menos cerca del 17% del total de lo que entra no cumple los requisitos exigidos a los agricultores y ganaderos europeos y españoles; estaríamos hablando de más de 800 millones de productos que deberían ser rechazados", señala Miravalles.

Rechazo al acuerdo con Mercosur

Estas cifras, calculadas previo al acuerdo de la UE con Mercosur, son las que preocupan ahora a los agricultores europeos. Miravalles asegura que "el rechazo del sector al pacto comercial entre la Unión Europea y Mercosur está motivado, entre otras cosas, por la dificultad de aplicar las normas europeas de producción a las importaciones del bloque sudamericano".

Y es que ponen en duda "la aplicación de las llamadas 'cláusulas espejo' para que se garanticen los mismos estándares de calidad, seguridad y normativas sanitarias y medioambientales europeas a los productos procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay".

Eso sí, la abogada matiza que "la UE defiende que sus normas sanitarias, fitosanitarias y de inocuidad alimentaria se aplican a todas las importaciones procedentes de terceros países (también los del Mercosur), como las que limitan el uso de pesticidas y prohíben la utilización de antibióticos y hormonas de crecimiento".

Sin embargo, añade, "dado el escaso control fronterizo existente, es muy difícil asegurar que se apliquen las mismas normas". Y remarca que en esos terceros países no existe "el mismo nivel de exigencia normativa para la producción de productos agroalimentarios".

Por su parte, investigadores del Real Instituto Elcano insisten en que el acuerdo UE-Mercosur "reduce barreras arancelarias y no arancelarias, impulsa el comercio y la inversión, y se compromete con el desarrollo sostenible".

De ratificarse este sábado 17 de enero, dicen los expertos del think tank español, "la UE tendría acuerdos comerciales con el 95% del PIB de América Latina, posicionándola UE como el principal socio estratégico de América Latina".

Asimismo, insisten en que "los flujos comerciales entre la UE y el Mercosur crecerían un 37% sin afectar negativamente el comercio con terceros".

Miravalles zanja que, para proteger al sector primario de la Unión, "se ha incluido en el acuerdo la cláusula de salvaguarda del 5% en favor de los agricultores europeos, que permitiría a la UE reaccionar ante perturbaciones del mercado causadas por un aumento de las importaciones agrícolas procedentes del Mercosur".