El próximo 1 de enero de 2026 debería empezar a aplicarse el Plan Social para el Clima de España, un instrumento europeo dotado con cerca de 9.000 millones de euros para nuestro país y pensado para que las personas y microempresas más vulnerables sean capaces de hacer frente al 'impuesto a los combustibles fósiles' que entrará en vigor en 2028.
Sin embargo, el Gobierno de Sánchez no habría presentado su borrador a la Comisión Europea a finales de junio, cuando el plazo vencía. El motivo, explican desde la Alianza por un Plan Social para el Clima justo para usuarios y microempresas vulnerables del transporte, estaría en la cartera que dirige Óscar Puente.
Este colectivo de 27 entidades de la sociedad civil que trabaja estrechamente con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en la elaboración de esta normativa denuncia que la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible estaría "planteando medidas que no están correctamente alineadas con los criterios del Reglamento europeo del Fondo Social para el Clima".
Desde la Comisión Europea se quiere garantizar que los planes nacionales estén dirigidos a los usuarios y microempresas vulnerables del transporte y la vivienda.
La idea detrás de esta iniciativa sería "paliar" el golpe que puede suponer la subida de 0,14 euros por litro para los combustibles fósiles que tendrán que asumir los suministradores de energía en 2028. Un aumento que, como alertan las oenegés y la Comisión Europea, repercutirá en el usuario final.
Las propuestas de Transportes
Según la alianza de entidades del tercer sector, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible estaría "planteando medidas que no están alineadas" con la propuesta de la Comisión Europea hasta el punto de que son directamente rechazadas por el organismo europeo.
Como ejemplo, precisan que la cartera de Puente ha querido incluir subvenciones a la compra de combustibles para profesionales. Algo que, indican desde la alianza, "impide el reglamento europeo".
Asimismo, advierten de que se ha intentado derivar dinero a la "renovación de la flota de autobuses de grandes empresas" cuando el dinero de este fondo "no puede destinarse a este tipo de compañías, sino a usuarios y microempresas vulnerables".
Parece que serían estas medidas las que estarían impidiendo el avance con el plan, "pues desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sí estarían poniendo de su parte", apuntan desde la Alianza por la Rehabilitación de Viviendas Sin Dejar a Nadie Atrás —que trabaja en el borrador con la de transporte—.
Las propuestas de la alianza
Por su parte, la alianza ha presentado a los ministerios involucrados en el plan una serie de medidas en materia de movilidad que "garanticen que cubra las necesidades de la España urbana y rural":
Abono de transporte público, ya sea colectivo urbano, metropolitano o interurbano en distancias cortas y medias. La idea es que sea gratuito para los colectivos vulnerables, según renta, especialmente en el medio rural.
Movilidad compartida para ir al trabajo o acceder a servicios públicos, como hospitales, escuelas, etc. en zonas rurales. Esta medida, explican, incluiría ayudas a la implementación de car sharing público eléctrico, transporte a demanda con turismos con conductor o car pooling con vehículos particulares de todo tipo.
Leasing social para vehículos eléctricos para aquellas personas vulnerables (de rentas bajas) de zonas rurales o sin fácil acceso al transporte público. Y, adicionalmente, bono para su recarga en puntos públicos.
Ayudas a la compra de vehículos eléctricos, tanto nuevos como de segunda mano, destinadas a transportistas y profesionales que necesiten este tipo de transporte por su trabajo y que puedan clasificarse como vulnerables.
Ayudas a la compra de ciclos eléctricos.
Sin plan no hay ayudas
Desde las alianzas, alertan de que el MITECO ni siquiera "ha sacado todavía a información pública el borrador de dicho plan, como es preceptivo legalmente". Lo que, dicen, sitúa a España y sus ciudadanos más vulnerables en un lugar complicado.
Asimismo, denuncian que, "en cuanto a la participación pública, a finales de febrero de 2025 —más de medio año después de que el reglamento europeo entrara en vigor—, el MITECO abrió durante un mes una consulta pública previa y el 8 de mayo de 2025 realizó una jornada con la realización de varios talleres participativos para la elaboración del borrador del Plan Social para el Clima, cuyo informe de conclusiones no se ha hecho público tras más de medio año desde su celebración".
Desde entonces, indican las alianzas, "no ha habido ninguna otra oportunidad de participar en la elaboración del Plan Social para el Clima, pese a que el reglamento europeo exige que cada Estado miembro garantice que el público tenga posibilidades reales de participar desde el principio en la preparación del proyecto y se asegure de que el público sea informado".