La Semana de la Moda de París baja el telón este martes 7 de octubre, pero en la capital francesa el foco no se queda solo en las pasarelas. Y es que Francia acaba de dar un paso que la sitúa en el centro de la agenda internacional.
Se ha convertido en el primer país del mundo en aprobar una legislación específica contra la ultra fast fashion, un modelo de negocio que ha revolucionado el consumo de ropa a nivel global con precios bajos, rotación acelerada de colecciones y un fuerte impacto ambiental.
La llamada ley anti-fast fashion, popularmente conocida como ley anti-Shein, pretende marcar un antes y un después en la forma en que se produce, vende y consume la moda.
Aprobada en junio por el Senado francés con 337 votos a favor y solo uno en contra, la norma introduce un sistema de penalización progresiva por prenda en función de su impacto ambiental.
Así, desde 2025, las marcas deberán pagar hasta cinco euros adicionales por artículo, cifra que se duplicará a diez euros en 2030.
Este recargo no podrá superar el 50% del precio de venta, pero afecta directamente a las plataformas que operan con volúmenes masivos y prendas de bajo coste, como Shein o Temu, señaladas por sobreproducción y precariedad laboral.
La ley también prohíbe la publicidad de la moda ultrarrápida, restringe el papel de influencers en su promoción y obliga a las empresas a ofrecer información verificable sobre el ciclo de vida de cada prenda: emisiones de carbono, uso de recursos y capacidad de reciclaje.
Toneladas de residuos en un vertedero en Indonesia.
Sus objetivos son claros. Se centra en reducir el consumo excesivo, reforzar el derecho de los consumidores a información fiable y proteger tanto al medio ambiente como a la industria textil local.
El texto francés se suma a otras políticas del país, como la obligación de incluir un índice de reparabilidad en productos electrónicos o la ley anti-desperdicio de 2020, confirmando la estrategia gala de situarse a la vanguardia en materia de sostenibilidad.
Pese a la ambición de la norma, las dudas no han tardado en aparecer. Organizaciones del sector señalan la dificultad de controlar a grandes plataformas internacionales, la posibilidad de que algunas marcas recurran al greenwashing para cumplir de forma superficial o el impacto desigual que podría tener en pequeñas empresas con menor capacidad de adaptación.
También preocupa que la subida de precios no se traduzca necesariamente en mejoras de calidad o sostenibilidad.
España, en el camino
Mientras Francia despliega su ley pionera, España avanza en una vía distinta, más centrada en la gestión de residuos. El Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado un Real Decreto sobre residuos textiles y de calzado, ahora en consulta pública y cuya aprobación definitiva no llegará hasta 2025 o 2026.
La norma obliga a que las tiendas de más de 400 metros cuadrados reserven espacio para productos de segunda mano e informen a los consumidores sobre reciclaje.
También responsabiliza a las empresas de financiar los costes de gestión no solo de los residuos depositados correctamente, sino también de los que acaben en la fracción resto. Además, fija objetivos de recogida separada y reutilización, con metas del 50% en 2030 y del 70% en 2035.
El sector, sin embargo, lo califica de un texto "inmaduro" y "poco realista". Se critica la ausencia de medidas que fomenten la valorización del residuo —es decir, la transformación de los desechos en nueva materia prima— y el elevado peso que recaerá sobre las pequeñas y medianas empresas.
Aunque el decreto recoge un guiño a la legislación francesa, al vincular la contribución económica de las empresas a la rapidez con que introducen productos en el mercado, España aún no ha dado el paso hacia medidas fiscales similares a las de París.
Europa, firme
El debate sobre la moda rápida no es exclusivo de Francia y España. La Unión Europea ha puesto en marcha varias iniciativas para frenar un modelo que genera 12 kilos de residuos textiles por persona al año y recicla apenas un 1% en nuevas prendas.
Bruselas plantea un recargo de 2 euros por envío de bajo coste y eliminar la exención arancelaria de 150 euros en las importaciones, una medida que afecta directamente a plataformas como Shein, origen del 91% de los envíos baratos a Europa en 2024.
Además, la Directiva 2024/825 contra el greenwashing, en vigor desde 2026, impedirá a las marcas presentarse como sostenibles sin pruebas verificables.
Otros países europeos han apostado por la reparación frente al reemplazo. Suecia redujo el IVA del 25% al 12% en arreglos de ropa y calzado, Países Bajos aplica un tipo reducido del 9% y Francia estrenará en 2025 un "bono reparación" que abaratará los arreglos para los consumidores.
Fiscalidad rezagada
La Ley 7/2022 de residuos ya obliga a partir de 2025 a que las marcas financien la recogida y reciclaje de textiles, además de informar sobre la durabilidad y reparabilidad de sus productos.
Sin embargo, España no ha dado todavía el salto a la fiscalidad verde aplicada a la moda, como sí han hecho Francia, Suecia o Países Bajos.
El reto está en definir si el país seguirá la senda francesa, penalizando directamente a las grandes plataformas internacionales, o si optará por un modelo más gradual y centrado en la gestión de residuos.
En cualquier caso, la presión europea y el precedente francés marcan el camino hacia una transformación del sector.