"Es más barato violar a un niño o a una niña que beber una copa de vino en un bar". Así de cruda se muestra Paula Barrachena, la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España, cuando se le pregunta por la escalada de violencia en República Democrática del Congo (RDC).
Con más de 54.000 personas huyendo del país hacia el vecino Burundi, explica a ENCLAVE ODS que se ha llegado a un punto límite: "Se dan verdaderas situaciones de comercialización de las mujeres, las niñas y los niños". Y es que, asegura, quienes sobreviven y consiguen cruzar el río Ruzizi, que separa RDC de Burundi, les han contado "historias de verdadero terror".
Antes de este último recrudecimiento, tal y como recoge Médicos Sin Fronteras (MSF) en un informe de 2024, la oenegé atendía a más de dos mujeres supervivientes de violencia sexual a la hora. Pero esto, afirma la organización humanitaria, es "solo la punta del iceberg". Una vez más son ellas las que sufren en sus propios cuerpos (y mentes) este conflicto olvidado.
La violencia contra las mujeres ha venido aumentando exponencialmente en los últimos dos años, especialmente en la provincia de Kivu Norte. María Simón, responsable adjunta de operaciones en África Central de MSF, explica a ENCLAVE ODS que "es importante recordar que, en RDC, [la violencia sexual] se trata de una emergencia médica" que ven "de forma continua".
Y lo muestra con datos: "En 2023 se trataron a más de 25.000 víctimas de violencia sexual en los proyectos de MSF en todo el país. Y en 2024, esta tendencia fue en aumento. Entre enero y mayo, MSF atendió a 17.000 víctimas, lo que equivale a casi el 70% del total de 2023".
Este 2025 no pinta más halagüeño, dice Simón. "Lo más probable es que el número incremente. No tenemos la cifra exacta todavía, pero sabemos que, con el recrudecimiento del conflicto, el número de víctimas se ha crecido", admite.
La lacra de RDC
Ahora, como cuenta Barrachera, desde ACNUR han detectado que la situación ha incluso empeorado. Y es que República Democrática del Congo vuelve a desangrarse. Lo hace con especial saña desde que el pasado 26 de enero el grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23) tomase la ciudad de Goma, la tercera más grande del país.
Situada en una región altamente vulnerable, la ciudad de Goma era, hasta este enero, un centro neurálgico de la ayuda humanitaria. Su toma por parte del M23 desató el caos, dentro y fuera del municipio. Y en especial, en la cárcel, tanto masculina como femenina.
En concreto, en esta última, tal y como ya explicó EL ESPAÑOL, se produjeron violaciones masivas de prisioneras. Según recoge EFE, al menos 163 sufrieron abusos y fueron quemadas vivas.
En la cárcel masculina, de la que los prisioneros aprovecharon el caos para escapar, estaban encerradas "muchas personas condenadas por violencia sexual contra mujeres", detalla la ministra congoleña de Derechos Humanos, Chantal Chambu Mwavita, al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en sus siglas en inglés).
Pero ese no es el único caso de los flagrantes abusos que se están viviendo en el país. Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, se muestra "profundamente alarmada" por la intensificación de la violencia en el este de RDC. Especialmente, dice en un comunicado, por "su impacto en los niños, las niñas y sus familias".
Russell insiste, además, en que la violencia sexual ha alcanzado un nivel que "supera todo lo que hemos visto en los últimos años". Desde UNICEF explican que durante la semana del 27 de enero al 2 de febrero de 2025, sus aliados les informaron de un repunte en los casos de violación tratados en 42 centros de salud: "Se multiplicó por cinco en una semana", asegura la directora de la agencia de la ONU.
Masika Mukize es una congoleña desplazada por el conflicto: está en Goma con sus seis hijos esperando a ser evacuados.
Se estima que el 30% de los atendidos en esa semana fueron niños y niñas. "Las cifras reales son probablemente mucho más altas porque muchas supervivientes son reacias a denunciar", confiesa Russell.
El de República Democrática del Congo es uno de los conflictos en los que más se ha utilizado la violencia sexual como arma de guerra por parte de todas las partes. Y eso viene ocurriendo desde que estallase allá en 1992.
Una y otra vez, los grupos armados estatales y paramilitares atacan a las mujeres y las niñas —y cada vez más, también a los niños—, que son la base de la economía congoleña. Ellas son, a su vez, las que más han sufrido —y sufren— la violencia en sus propios cuerpos.
Bombardeos contra civiles
La inseguridad en Goma (y todo RDC) no solo afecta a mujeres y niños. Nadie se libra de que su vida corra peligro. Desde ACNUR aseguran, por ejemplo, que su labor y la de sus socios siguen "gravemente afectadas por la violencia y las interrupciones en las comunicaciones".
Asimismo, el personal humanitario se ve amenazado y viven en una situación de permanente "inseguridad". Aun así, "ACNUR sigue con presencia en Goma, porque es esencial", asegura Barrachera. Simón recuerda, además, que lo ocurrido a uno de los trabajadores de MSF demuestra la peligrosidad de este conflicto.
El sábado 22 de febrero, el equipo de la oenegé médica supo que su compañero Jerry Muhindo Kavali había falleció por una herida de bala que sufrió el jueves 20. Muhindo Kavali se encontraba en la base de MSF en la ciudad de Masisi, en Kivu Norte, durante los enfrentamientos entre el ejército congoleño, el M23 y sus respectivos aliados. "Lamentablemente, estos incidentes son cada vez más habituales en este conflicto", admite Simón.
Un campo de desplazados en República Democrática del Congo el pasado enero.
Como matiza Barrachera, el conflicto ha escalado hasta tal punto que las "bombas caen sobre la población civil y sobre los campos de desplazados". Simón, por su parte, insiste en que "la propagación de la violencia, unido a las limitaciones logísticas como el cierre de aeropuertos y las rutas de navegación, está afectando a la capacidad de las organizaciones humanitarias como MSF de proporcionar atención médica".
Como asegura en un comunicado Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional (AI) para África Oriental y Austral, "la población civil está gravemente expuesta a sufrir violaciones de derechos humanos en el contexto de esta última escalada". Y recuerda que, el año pasado, "ambos bandos intensificaron el uso de armas explosivas en zonas densamente pobladas, con consecuencias devastadoras".
Burundi se ahoga
La violencia extrema está llevando a que, al menos, 54.000 personas hayan cruzado la frontera con Burundi en las últimas semanas. Se trata, asegura Barrachera, del "mayor flujo de refugiados de los últimos 25 años".
Tal y como indica la portavoz de ACNUR, el país vecino ha llegado a recibir en un día a 9.000 personas. Y lo hace "en condiciones muy precarias", pues los congoleños tienen que cruzar el Ruzizi como pueden.
"Hemos visto utilizar hasta bidones de agua de plástico como balsas", confiesa. Y añade: "Hay niños que llegan completamente solos, personas que han perdido a toda su familia por el camino".
El problema radica en que Burundi no tiene la capacidad necesaria para acoger a la cada vez más creciente población congoleña. La "volatilidad" de la situación, dice Simón, tanto dentro como fuera de la frontera de República Democrática del Congo, provoca que aumente el "riesgo de que se agraven las necesidades humanitarias, en particular entre las comunidades que han estado desplazadas durante mucho tiempo".
Porque, como lamenta Barrachera, "todo apunta a que nos encaminamos a una emergencia humanitaria sin precedentes".