Cláudia, Martim, Mariana, Catarina, Sofía y André, con edades comprendidas entre los 11 y los 24 años, son los nombres de los adolescentes que se han atrevido a plantarse contra los países para defender su derecho a un medioambiente limpio y seguro. Las razones que movieron a los demandantes a tomar acción en el caso Duarte Agostinho y Otros v. Portugal y Otros fueron sus experiencias en los incendios forestales que asolaron Leiria (Portugal) en 2017, provocando la muerte de 66 personas y destruyendo 20.000 hectáreas de superficie forestal.

Dificultad para dormir, concentrarse, jugar al aire libre, hacer ejercicio durante las olas de calor o problemas respiratorios son algunos de los perjuicios que enumeraban las personas demandantes. Por aquel entonces, una de ellas, Sofía, llevaba aparato en los dientes, era más alta que su hermano pequeño André y estaba empezando séptimo curso en el colegio. Ahora, ya no lleva aparato y André (15 años), es unos centímetros más alto que ella. Lo que ha fijado en la perseverancia a estos jóvenes es la acuciante evidencia de que la crisis climática está empeorando.

[La ONU establece por primera vez la obligación de los países de proteger a los niños de daños climáticos]

En declaraciones a The Associated Press, André aqueja que la Praia do Norte, en la emblemática Costa da Caparica (al sur de Lisboa), una zona próxima a su hogar, se ha visto devastada por la progresiva erosión de los suelos. Cuando su padre tenía su edad, cuenta a la agencia de noticias, la playa medía cerca de 1 kilómetro, y ahora, mide menos de 300 metros.

En declaraciones a la misma agencia, André califica a los gobiernos de "condescendientes" y Sofía comenta que "no ven el clima como una prioridad". En declaraciones recogidas por The Guardian, André cargaba contra los gobiernos europeos: "No nos protegen". Y añadía que su capacidad para hacer cualquier cosa, para vivir sus vidas "se estaba restringiendo". Y concluyó que "la crisis climática está afectando a nuestra salud física y mental; ¿cómo no asustarse?". 

Esta situación fue la que animó a los seis jóvenes portugueses a pedir justicia presentando el caso en octubre de 2020. A los pocos meses, el tribunal de Estrasburgo reconoció la "importancia y urgencia de las cuestiones planteadas", acelerando y elevando el caso a la gran sala, reservada para muy pocos litigios. La Red Global de Acción Legal (GLAN) apoya a los solicitantes en esta acción legal, que se financia gracias a un crowdfunding internacional. El TEDH aceleró el caso a finales de 2020 basándose en la "importancia y urgencia de las cuestiones planteadas". 

Algunas organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional, Greenpeace, Save The Children se han interesado en el litigio, mostrando su apoyo a los demandantes. Entre otras cosas, estas oenegés han dirigido un escrito al Tribunal de Estrasburgo para defender que los gobiernos están obligados a amparar los derechos humanos internacionalmente con sus políticas climáticas. Asimismo, los seis jóvenes se han granjeado la bendición del Comisario Europeo de Derechos Humanos, que ha hecho lo propio en nombre de la Comisión Europea. Estas entidades figuran como terceras partes en el juicio.

El litigio, que ha sido descrito como un "caso de David contra Goliat" y un litigio "sin precedentes por su escala y consecuencias", acusa a los 27 de la UE y al Reino Unido, Suiza, Noruega, Rusia y Turquía de violar cuatro derechos que figuran en el articulado —art. 2, 3, 8 y 14— de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH), como el de la vida y el de estar libre de tortura o de un trato degradante o inhumano. Este documento protege los derechos humanos y las libertades políticas en el continente.

Los jóvenes argumentan en la denuncia sufrir ansiedad ante catástrofes naturales como los incendios forestales y la perspectiva de vivir en un clima cada vez más cálido durante toda su vida, lo que repercutiría en ellos y en las familias que puedan tener en el futuro. 

El derecho a vivir

Esta no es la primera vez que los jóvenes alzan su voz para hacer rendir cuentas a las autoridades por sus políticas insuficientes en materia de cambio climático. Los últimos años han presenciado cómo la ciudadanía ha cogido el altavoz que ofrecen los tribunales para reclamar justicia climática y pedir a las autoridades que redoblen el esfuerzo hacia el cumplimiento de los objetivos climáticos globales.

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU emitió un Comentario General que, en palabras de Phillip Jaffé, uno de sus miembros, "no solo se hace eco y amplifica las voces de los niños, sino que también define claramente los derechos de los niños en relación con el medio ambiente que los Estados Partes deben respetar, proteger y cumplir de forma colectiva y urgente".

Unas semanas antes, un tribunal del estado de Montana emitió la primera sentencia en el país que daba la razón a un grupo de activistas medioambientales que acusaban a la administración de violar sus derechos constitucionales con sus políticas energéticas dependientes de los combustibles fósiles. El juez dijo que las agencias estatales estaban violando el derecho constitucional a un medio ambiente limpio y saludable al permitir el desarrollo de combustibles fósiles.

Un informe reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Centro Sabin, titulado Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review revela que el número total de casos sobre cambio climático que se han llevado ante los tribunales se ha doblado, pasando de 884 en 2017 a 2.180 en 2022. "[A] medida que los litigios climáticos aumentan en frecuencia y volumen, el cuerpo de precedentes legales crece, formando un campo del derecho cada vez mejor definido", señaló la agencia de la ONU en un comunicado.

Una sentencia decisiva

Un requisito fundamental para la presentación de una demanda ante la Corte Europea es haber agotado todas las vías de recurso. "El TEDH es el primer y último recurso para los jóvenes demandantes porque los tribunales nacionales, incluso en los casos climáticos que han prosperado en Europa, no han proporcionado recursos capaces de proteger a los jóvenes demandantes", expresó Jaffé en una rueda de prensa.

Tal como alegan en la solicitud de la demanda, la urgencia del asunto, la incapacidad de los tribunales domésticos para imponer obligaciones a los Estados más allá de Portugal y la carga económica que supondría agotar las vías de recurso internas, serían las razones que han llevado a los seis jóvenes a presentar la queja ante un órgano judicial internacional. 

El caso climático Duarte Agostinho y Otros v. Portugal y Otros es el primero que se llevó ante el TEDH y se espera que también sea el primero en el que se tome una decisión vinculante. Actualmente, hay otros dos casos pendientes que acusan a los Estados de incumplir sus obligaciones climáticas: Verein Klimaseniorinnen Schweiz y Otros v. Switzerland, y Carême v. France. 

La sentencia del primero sentaría un precedente para los próximos casos sobre justicia climática que se presentarán en la corte. Y además, dado que las decisiones del TEDH son vinculantes para los Estados afectados, una hipotética decisión condenatoria podría influir en otros casos a nivel nacional y animar a las personas damnificadas a denunciar a sus Estados. 

En caso de favorecer a los seis jóvenes, la sentencia, tal como explicó el abogado Gerry Liston de la Global Legal Action Network —el equipo de letrados que los representa— en una rueda de prensa a mediados de este mes "actuaría como un tratado vinculante... obligando [a los demandados] a acelerar rápidamente sus esfuerzos de mitigación del cambio climático". Y añadió: "En términos jurídicos, cambiaría las reglas del juego".