"Las personas indígenas son campeonas en el cultivo y preparación de especies vegetales olvidadas e infrautilizadas", aseguró Nadine Valat, coordinadora del Fondo Verde del Clima (FVC) de la FAO, en un comunicado. Pero una amenaza se cierne sobre estas comunidades: la dificultad para subsistir. Para atajar este problema, una reciente propuesta, publicada en la revista Nature Sustainability en el mes de mayo, plantea la implementación de una renta básica de conservación (RBC) para preservar la biodiversidad. 

Las tierras de las comunidades indígenas ocupan, según la FAO, un 28% de la superficie terrestre. Y a pesar de que a penas representan un 6,2% de la población mundial, el peso que tienen en los esfuerzos para la conservación es abismal: sustentan alrededor del 80% de la biodiversidad mundial. La función que desempeñan las poblaciones indígenas comprende la conservación de la biodiversidad, la restauración de los ecosistemas y la creación de resiliencia climática. 

La conservación y protección del medioambiente es un derecho reconocido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, adoptada en 2007. Pero en realidad este documento no obliga a los Estados a respetar este derecho. No obstante, el Convenio n.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sí que es un mecanismo vinculante bajo el cual "los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan".

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Los autores de la propuesta argumentan que las políticas gubernamentales a menudo no son las medidas más efectivas para reforzar la labor conservacionista de las poblaciones indígenas. "Las estrategias de conservación suelen implicar la creación de zonas protegidas o la generación de ingresos a través del turismo o el almacenamiento de carbono", señalan los autores del estudio en un artículo para The Conversation. 

Pueden provocar efectos no deseados. "A menudo no proporcionan ingresos suficientes para reponer los medios de vida perdidos, ni ofrecen alternativas adecuadas a las industrias extractivas", explican. Por eso, han estimado, basándose en el concepto de la renta básica universal, cuánto costaría poner en marcha una renta básica de conservación (RBC). 

6,73 billones de dólares

"Los pagos incondicionales en efectivo podrían ayudar a la gente a mejorar sus vidas de una forma acorde con su propia visión del mundo", señalan los autores del informe. Y, al mismo tiempo, se atajarían lo que ellos denominan las trampas de pobreza "que a menudo les obligan a sobreexplotar la fauna y otros recursos naturales". 

Tomando como referencia distintos indicadores —como el umbral de pobreza o el PIB per cápita por país— y utilizando varios métodos para contabilizar a las personas beneficiarias potenciales, han generado una gama de posibles costes. 

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"Según las zonas y los tipos de pago elegidos, estimamos que una renta básica de conservación podría costar entre 350.000 y 6,73 billones de dólares al año", detallan los investigadores para The Conversation. 

En el escenario más equilibrado —en términos de coste y cobertura—, donde se pagaría 5,50 dólares al día a los residentes de las zonas protegidas existentes en los países de renta baja y media, el monto ascendería a 478.000 millones de dólares anuales. 

Alternativa a los mecanismos de mercado

Un informe, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Foro Económico Mundial (FEM) y la Iniciativa sobre la Economía de la Degradación del Suelo y publicado en 2021, reveló que la financiación de la conservación de la naturaleza debería triplicarse en todo el mundo esta década para alcanzar los objetivos acordados en materia de biodiversidad, restauración del suelo y clima para 2050.

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Las comunidades indígenas no reciben ni el 1% de toda la financiación climática. Este dato procede de un informe elaborado por la Rainforest Foundation Norway (RFN) publicado en abril de 2021. El documento también advertía que buena parte de ese dinero terminaba en manos de intermediarios. En el Estado de los Bosques del Mundo 2022, una publicación anual de la FAO, se arrojan cifras similares: los pequeños agricultores, los pueblos indígenas y las comunidades locales de los países en desarrollo no reciben ni el 2% de la financiación climática. 

Julia Martín-Ortega, catedrática de Economía Ecológica de la Universidad de Leeds (Reino Unido), comparte su perspectiva sobre la noción de la renta básica de conservación (RBC). "Es un concepto incipiente que viene del mundo académico", aclara. El término fue propuesto en 2020 por dos académicos de la Universidad de Wageningen, Robert Fletcher y Bram Büscher. 

Estos dos autores propusieron "una conceptualización más concreta de un movimiento previo y más general que intenta buscar alternativas para la conservación que se alejen del uso de instrumentos de mercado". Estas formas de financiación, explica Martín-Ortega, "tienen graves riesgos asociados a la mercantilización de la naturaleza".

Poco a poco están emergiendo voces a favor de remunerar a los pueblos indígenas y comunidades locales por sus servicios conservacionistas. Un ejemplo se puede encontrar en el Fondo Territorial Mesoamericano, una iniciativa de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques que canaliza financiación internacional para el clima hacia sus miembros. Y lo hace directamente a las comunidades que 

Desde la sociedad civil, también se está impulsando esta idea. Existen algunas oenegés medioambientales, como Cool Earth, que están reivindicando las transferencias directas de dinero, sin condiciones. 

"No es una solución mágica", advierte Martín-Ortega. Pero confiesa que "puede traer a la conservación principios que eviten algunos de los efectos perversos de la mercantilización de la conservación asociada a los mecanismos de mercado".  

Indígenas pobres

Otro estudio que ahonda en los beneficios que podría traer consigo la implementación de una renta básica de conservación y recoge la opinión de los expertos conservacionistas, publicado el pasado mes de marzo en la revista científica Biological Conservation, y del que Martín-Ortega es coautora, partía de la siguiente premisa: "La pobreza a la que se enfrentan las comunidades indígenas desempeña potencialmente un papel en la degradación medioambiental".

El deterioro medioambiental también amenazaría las opciones de subsistencia disponibles para la comunidad local, que se plantearían formas alternativas. "Podría forzarles a aceptar ofertas para vender sus tierras a fuerzas destructivas", advierten en el estudio. 

La investigación, que se trata de un estudio piloto con una encuesta a 45 profesionales de la conservación en países de renta baja, arroja un mensaje claro. La renta básica de conservación es vista por el sector con un entusiasmo cauto: puede tener ventajas, pero también conlleva ciertos riesgos que deben evitarse a través de un diseño cuidadoso. "Debido a la heterogeneidad de las comunidades rurales y sus necesidades de desarrollo, es posible que la RBC no pueda aplicarse en todas partes".

Y por ello, proponen utilizar este mecanismo como una herramienta-marco en programas de apoyo a la conservación. "Se debe plantear como un marco de actuación de programas de transferencias de fondos, como unos principios de actuación más que como una receta", explica Martín-Ortega. 

La catedrática de la Universidad de Leeds insiste en que, si se llegara a diseñar un programa de renta básica de conservación, además de la voluntad política, lo más importante sería hacerlo en colaboración con las comunidades locales. "No tiene sentido diseñarlo e imponerlo ‘desde arriba’", concluye.