"África debe tomar la iniciativa para salvar al mundo de esta degeneración y decadencia que es realmente muy peligrosa para la humanidad”. Así fue como, a principios de este mes, el presidente ugandés Yoweri Museveni hizo un llamamiento a los países africanos para unirse a su cruzada contra la homosexualidad. Actualmente, se está tramitando una polémica ley que pondría en jaque a las personas homosexuales y a las organizaciones LGBTQ+ en el país del África Oriental.
El continente africano es uno con tantas realidades como personas, pero en lo que respecta a los derechos de las personas homosexuales, la tesitura general es de rechazo. Casi la mitad de los 64 países en los que la homosexualidad está penalizada se encuentran en el continente africano.
Y en dos de ellos —Mauritania y Nigeria— existen penas de muerte para aquellas que tengan relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Según la base de datos de ILGA, Sudáfrica es el único país africano que permite a las parejas LGBTQ contraer matrimonio, celebrar uniones civiles y adoptar niños.
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En la mayoría de los casos, como el de Uganda, estas leyes son vestigios de la dominación colonial, y la vaga redacción de estas prohibiciones. En un estudio publicado en 2014, unos investigadores de la Universidad de Reading, destacaron que las antiguas colonias británicas fueron "más propensas a tener leyes que penalicen la homosexualidad".
Pero el colonialismo no es el único culpable de la desdeñable situación jurídica en la que se encuentran las personas homosexuales. La interpretación estricta de la religión también ha tenido que ver. En algunos países, como Mauritania o Chad, se ha utilizado la ley islámica —o sharia— para criminalizar la actividad LGBTQ+.
La ley anti-LGBTQ+ que está en el tren legislativo de Uganda no busca solamente condenar a las personas que tengan relaciones homosexuales, sino que quiere propinar un revés a la libertad de expresión. "Una de las características más extremas de este nuevo proyecto de ley es que criminaliza a las personas simplemente por ser quienes son", afirmó Oryem Nyeko en un comunicado, investigador sobre Uganda de Human Rights Watch.
Un proyecto anti-LGBTQ+
Carlos Sanguino, responsable de diversidad afectivo-sexual de Amnistía Internacional España, ha seguido de cerca la evolución del país en lo que respecta a los derechos LGBTQ+. “No es la primera vez que intenta aprobar una ley homófoba”, aclara. Ha habido dos intentos recientes —uno en 2013 y otro en 2021—, y los dos no fueron exitosos.
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Pero la homosexualidad como delito lleva tipificado desde hace mucho más tiempo. El Código Penal contempla desde el año 2000 cadena perpetua a los infractores y la enmienda de 2005 a la Constitución prohíbe explícitamente el “matrimonio entre personas del mismo sexo”. “En 2013 se aprobó una ley que incluía pena de muerte”, explica Sanguino. Pero no duró mucho, ya que finalmente el Tribunal Constitucional la tumbó al año siguiente.
“Nuevamente, en el 2021, se impulsó el Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, que también planteaba un endurecimiento y una ampliación de lo que plantea el Código Penal”, aduce Sanguino. Pero en dicho caso, el presidente rechazó dar el visto bueno. Hizo lo que ha hecho hace dos semanas, devolver el texto al parlamento. “El argumento en aquel momento, a diferencia de ahora, fue que la ley contradecía o entraba en colisión con otras normas”, añade Sanguino.
Batacazo a las libertades
Desde Amnistía Internacional aseguran que no han tenido acceso al documento, pero en base a lo que se discutió en la sesión parlamentaria del 21 de marzo, hay varios aspectos polémicos. “Hay cuatro preocupaciones: los menores, la pena de muerte, la salud sexual y reproductiva, y la libertad de expresión y asociación”, explica el portavoz de Amnistía Internacional.
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El proyecto de ley actual contra la homosexualidad impondría la pena de muerte por la denominada homosexualidad agravada y penas de 20 años por "promover" la homosexualidad. Entre los delitos definidos como homosexualidad agravada está mantener relaciones homosexuales siendo seropositivo.
“Es también un ataque al derecho a la asistencia sanitaria de las personas con sida”, explica Sanguino. Además, propone hasta diez años de prisión para los menores de edad que sean considerados homosexuales.
“Plantea también una pena de hasta 20 años de cárcel por promoción de la homosexualidad. Y se incluyen personas que puedan dirigir organizaciones LGBTI que se considere que fomentan la homosexualidad o personas que difundan o publiquen información en línea que pueda considerarse promoción de la homosexualidad”, señala Sanguino.
Los gobernantes responsables
“Históricamente, los puntos calientes de la penalización de la homosexualidad son Oriente Medio, África y Asia”, explica Sanguino. Y esto, “es algo que ha permanecido invariable durante los últimos años”. El 28 de febrero de este año se celebró una sesión plenaria en el seno de la Asamblea General relativa a la abolición de la pena de muerte donde la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA, por sus siglas en inglés) puso el foco en la carga que se sigue cerniendo sobre los derechos de las personas homosexuales.
“Se identificaron ejecuciones en al menos dos países, a las que hay que sumar las llevadas a cabo por grupos insurgentes que se hicieron con el control efectivo de cierta porción de territorio en al menos seis países”, señalaron desde ILGA. Hay leyes antihomosexuales que imponen penas “que violan el derecho a la vida, a la intimidad y a la no discriminación”. Y algunos castigos, como la lapidación o la horca, contravienen “la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, explican desde la organización.
La aversión hacia la homosexualidad muchas veces es responsabilidad de los propios gobernantes. “Hay declaraciones de gobernantes que se muestran abiertamente homófobos, líderes religiosos que condenan enérgicamente la homosexualidad y medios de comunicación que la representan como una desviación o la caracterizan como antinatural”, señala Sanguino. “Todo esto contribuye a que haya un clima de hostilidad y violencia contra las personas LGBTI”, concluye.