Jaume Adrover es un agricultor de Mallorca. Tiene una explotación de hortalizas de unas tres hectáreas en la localidad de Son Macià, en Manacor, y ha visto cómo, con el paso de los años, más trabajadores como él alquilan o venden sus parcelas a empresas o inversores para sacar más rédito económico. “Este proceso urbanístico ya se venía produciendo; no es nuevo, pero va tomando nuevas formas”, asegura, y “está creciendo como nunca”.

Las imágenes satelitales disponibles en el visor IDEIB (Infraestructura de Datos Espaciales de las Islas Baleares) del Govern muestran cómo ese boom urbanístico sigue produciéndose. Un análisis realizado por la organización Terraferida concluye que, entre los años 2015 y 2021, se ha artificializado una superficie equivalente a 1.400 campos de fútbol, incluidos terrenos agrarios y forestales intactos hasta entonces.

Mateu Vic, el geógrafo que ha realizado el análisis, comenta que los 11,2 kilómetros cuadrados que se han edificado “es muchísimo para una isla como Mallorca”. De esta superficie, unos tres kilómetros cuadrados ocupan suelo urbano. En su mayor parte, apunta, son urbanizaciones litorales que aún tenían zonas boscosas y solares sin edificar. Sin embargo, lo que más preocupa es el suelo rústico o rural, donde las obras nuevas han invadido hasta ocho kilómetros cuadrados.

Este terreno se suele considerar como no urbanizable, pero, en el caso balear, goza de una excepción. La Ley del Suelo Rústico de las Islas Baleares de 1997 estableció una parcela mínima para poder edificar en este tipo de terreno igual o superior a 14.000 metros cuadrados, algo que en el plan territorial de Mallorca –igual que en Ibiza– se ha mantenido vigente.

“Los ayuntamientos pueden incrementar la protección [de este suelo], pero muy pocos lo hacen”, apunta Vic. Ocurre en Menorca, por ejemplo, donde el suelo está protegido. No obstante, en la isla mallorquina, el resultado es distinto: “Puedes construirte una casa en ese terreno e, incluso, puedes juntar varias parcelas hasta sumar los 14.000 metros cuadrados y edificar. Hasta ahora, nadie ha hecho nada por impedirlo”, explica el geógrafo, que lamenta que “el suelo rústico es un coto libre para la construcción”.

“Es una anomalía urbanística que nunca se ha querido resolver”, señala Adrover, también portavoz de Terraferida, pero es “el problema medioambiental más grande que tenemos”. Solo los chalets aislados ocupan una superficie de cuatro kilómetros cuadrados. Esto supone que se ha transformado el 51% del suelo rústico. “Si ahora dijeran que van a construir una urbanización de esa extensión, todo el mundo se opondría, pero haciéndolo disperso también se dispersa la protesta”, denuncia.

El ‘boom’ del negocio solar

A los chalets, le sigue otro negocio en auge: los proyectos de energías renovables, y, en particular, los parques fotovoltaicos. En los seis años analizados, el análisis de Terraferida muestra cómo unos 17 proyectos de este tipo han ocupado 1,1 kilómetros cuadrados.

“Este tema está explotando de una manera espectacular”, reconoce Adrover, que añade que “ahora hay unos 60 proyectos más en tramitación que sumarían seis kilómetros cuadrados más”. Una ocupación que, como denuncian, se está produciendo en las grandes fincas que no habían sido edificadas.

Entre estos nuevos proyectos está el parque solar de Fenix Energy ubicado en los municipios de Inca y Selva y declarado de interés estratégico por el Consell de Govern. La instalación contará con más de 74.000 paneles solares, además de otras dependencias como nueve centros de transformación, una subestación o un edificio de control.

Según lo recogido por la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética del Govern, se ordena la ubicación de las instalaciones y la tramitación de proyectos de energía renovable en edificios y aparcamientos públicos o privados. No obstante, indica que la ubicación de estos proyectos queda sujeto a los planes territoriales insulares para todo tipo de suelo.

“Estamos insistiendo al gobierno de que tienen que hacer una planificación”, porque la mayoría, denuncia Adrover, “se están situando sobre tierra fértil, que es lo que nos preocupa más, porque están echando a muchos agricultores de la tierra y hay poquísimas explotaciones viables”. Como cuenta, “cuando llega una empresa, y te dice que va a hacer un súperparque solar, que no trabajarás nada y que te pagarán un alquiler durante 30 años, pues hay muchos que sucumben”. 

El portavoz de Terraferida puntualiza que “tiene que haber energía renovable, pero sin hacerlo de manera caótica. Se tiene que poner algún orden. No se pueden situar estos proyectos en espacios de mucho valor”. El problema, cuenta, es que “la administración ha renunciado a su papel, no quiere intervenir”.

En esto coincide Vic, que comenta que “hay mucho interés económico en juego”. En lo que respecta a las viviendas, asegura que, en suelo rústico, “de medio millón no baja nada. Casi todo es de siete cifras”. Aunque ni siquiera estos precios desorbitados frenan la luna de miel que vive el sector inmobiliario en la región.

Precisamente, el último año se produjo un auténtico boom de compras que, unidas a la subida del precio de la vivienda y a las compraventas de grandes villas, han dejado ingresos tributarios de récord, tal y como informaba hace unos días el diario local Última Hora. Hablan de “una recaudación milmillonaria” nunca vista.

La esperanza de mallorquines como Adrover o Vic estaba puesta en el nuevo plan general de ordenación del territorio de la isla, aún en tramitación. No obstante, apuntan que, según los avances conocidos, no incluyen ninguna protección del suelo rústico ni tampoco reglas claras para limitar la expansión de los megaproyectos de renovables.

Lo que sí es cierto es que, en el último mes, el gobierno balear ha aprobado un real decreto ley para frenar las nuevas urbanizaciones en Baleares. La norma aplica restricciones a los ayuntamientos a la hora de permitir nuevos desarrollos urbanos. Entre otras cosas, no podrán admitir nuevos crecimientos si no cuentan con un 15% de suelo sin construir. Asimismo, también se limitan las piscinas en suelo rústico: a una por finca y a un máximo de 32 metros cuadrados.

Como recoge el Diario de Mallorca, el propio conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, aseguró que “en el caso de suelo rústico se ha utilizado de forma general para especular y darle usos turísticos”, apunta, así que la norma sienta las bases para “la contención urbanística”.

Además, la Cámara aprobó también recientemente la modificación de la Ley de Conservación de Espacios de Relevancia Ambiental (LECO) para permitir al Govern declarar parques naturales de forma directa y sin una ley específica mediante un Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) previo.

La transformación del suelo rústico de Mallorca en seis años. IDEIB / Terraferida

Faltan recursos

Mallorca cumplió en 2022 el verano más caluroso desde que hay registros. Además, sus reservas de agua entraron en niveles de prealerta por sequía durante el mes de agosto, con un 46% acumulado. Por no hablar de sus acuíferos, que se encuentran sobreexplotados, una situación que guarda relación directa con el boom turístico que vive la isla cada año.

“El agua aquí está fatal. La mitad de las masas de agua están comprometidas, y entre el consumo excesivo y que no está lloviendo, hay disputas enormes por el agua, porque no estamos siendo capaces de parar el crecimiento, como mínimo ralentizarlo un poco”, lamenta Adrover. “Los acuíferos no se pueden recuperar porque hay más extracción, entonces la mitad de la isla está abastecida por grandes desaladoras”.

En la localidad mallorquina de Portocolom, donde reside el agricultor, “hay un problema enorme”, cuenta. El agua del mar se ha mezclado con la de algunos acuíferos más cercanos a la costa y “es horrible”, señala Adrover, porque “los electrodomésticos, por ejemplo, no te duran nada. El termo o la lavadora te duran cuatro días; los bares tienen muchos problemas de cal, y hay municipios donde el agua del grifo es salada completamente”.

Las tres desaladoras de Mallorca –en Palma, Alcúdia y Andratx– no son una novedad, pero lo que sí es cierto es que han estado casi paradas durante décadas y, cada vez, inyectan más agua a la red. En concreto, este verano en Palma subió un 71% en los meses de julio y agosto de este año respecto a los mismos meses de 2019 (antes de la pandemia). Alcanzó el millón de metros cúbicos de agua desalada.

Cómo concluye Adrover, “es la gran penitencia que tenemos que pagar para tener agua. Habría que parar porque los acuíferos cuando menos agua tienen, la concentración de la contaminación por nitratos aumenta también”. Lamenta que surgen “un montón de problemas por no poder frenar”.