Una pareja residente en Málaga ha sido condenada por un delito de estafa y falsedad documental al suplantar la identidad del Ayuntamiento de Villalba de la Sierra (Cuenca) y defraudar más de 100.000 euros de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dedicados a la puesta en marcha de la escuela infantil del municipio.
El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha confirmado la sentencia favorable a la administración regional por parte de la Audiencia Provincial de Málaga y la devolución de todo el dinero por parte de los condenados.
Los hechos se remontan al 27 de junio de 2023. Ese día la Secretaría General de Educación puso el caso en conocimiento de la Fiscalía de Toledo al detectar un fraude en el marco del programa de impulso a la escolarización de 0 a 3 años.
Concretamente, el alcalde de Villalba de la Sierra había reclamado los fondos que correspondían a su municipio para acometer obras de construcción y acondicionamiento de la escuela infantil, y que según la Consejería ya habían sido transferidos.
A partir de aquí se dieron cuenta de que alguien había entrado al correo del ayuntamiento conquense, había suplantado su identidad y había enviado documentación falsa, incluso con los logotipos oficiales del municipio, para reclamar el dinero. En ese mail, aparecía la cuenta corriente a la que debía ser transferida la partida de la Consejería y que no coincidía con la del Consistorio.
Pastor ha señalado que se trataba de una cuenta que pertenecía a una familia residente en Málaga, que habría utilizado el dinero de forma fraudulenta.
Con esta base, el 22 de enero de 2024, el Consejo de Gobierno autorizó a la Secretaría General de Educación a personarse como acusación particular en este asunto.
Los denunciados se personaron en el Juzgado
Fuentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha han confirmado que la pareja que finalmente ha sido condenada por el delito de estafa y falsedad documental, se personó de manera voluntaria en el juzgado de Málaga, donde finalmente se ha llevado a cabo el proceso judicial.
Estas mismas fuentes también han subrayado que la sentencia da la razón a la Junta y le ha permitido recuperar los más de 100.000 euros que habían sido desviados de manera fraudulenta.