El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ciudad Real, en funciones de guardia, ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el padre del bebé de seis meses fallecido violentamente el pasado viernes en la capital.
Al hombre se le imputa de manera provisional un presunto delito de homicidio por imprudencia grave o por dolo eventual. Los primeros indicios apuntan a que pudo zarandear mortalmente al pequeño.
Para la madre del menor, el magistrado ha acordado la libertad provisional, al imputarle de forma provisional como presunta autora de un delito de abandono de familia, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Carácter provisional
Tras tomarles declaración este lunes, el juez ha determinado que ambas imputaciones tienen carácter provisional y que se concretarán a lo largo de la investigación.
El procedimiento continúa instruyéndose en sede judicial.
En la vivienda familiar
Los hechos ocurrieron el pasado viernes en un piso ocupado situado en la calle Toledo de Ciudad Real.
En torno a las 10.30 horas, la Policía Nacional recibió llamadas de vecinos que alertaban de una fuerte discusión en el interior del inmueble.
Los agentes que se desplazaron al lugar encontraron al bebé fallecido y ambos progenitores fueron detenidos de inmediato. Horas después, el subdelegado del Gobierno en la provincia, David Broceño, confirmaba que la Policía había hallado indicios de que la pareja detenida podría haber provocado la muerte del bebé.
Además del bebé fallecido, la madre tenía otras dos hijas de una relación anterior, que tienen 10 y 13 años. Una de ellas estaba presente cuando ocurrieron los hechos y ambas se encuentran actualmente bajo la custodia de su abuela.
Este mismo lunes, el portavoz del equipo de Gobierno de Ciudad Real, el popular Guillermo Arroyo, ha informado de que los servicios sociales municipales habían trasladado a la Junta de Comunidades "en varias ocasiones desde 2023" la situación de la familia y la petición de la abuela de hacerse cargo de la custodia de tres menores.
Arroyo ha criticado que la respuesta recibida de la Junta fue siempre la misma, considerando que "debía darse una nueva oportunidad a los padres".
Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha pedido "cautela", ya que el caso se encuentra bajo secreto de sumario. Ha confirmado que los servicios sociales autonómicos venían interviniendo con la familia desde hace años, con un seguimiento continuado por parte de los profesionales.
"Existía un trato muy directo y cercano a través de nuestros profesionales sobre las situaciones que se daban en el hogar y con una comunicación muy directa con la abuela materna", ha asegurado.