El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha visto obligado a anular de manera definitiva el reglamento de caza aprobado en 2022 tras la demanda judicial interpuesta por Ecologistas en Acción.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha declarado firme la sentencia que anulaba el decreto, al considerar que en su tramitación "se recurrió a procedimientos ilegales de participación para favorecer los intereses del sector cinegético", según ha informado en una nota de prensa la organización ecologista.
El pasado viernes, 19 de septiembre, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicó dos resoluciones de la Consejería de Desarrollo Sostenible. En la primera se confirmaba la anulación del reglamento de 2022 con plenos efectos jurídicos, lo que obliga a aplicar de nuevo el antiguo reglamento de 1993 hasta que se apruebe uno nuevo.
En la segunda se abría el procedimiento para la elaboración de ese nuevo texto, con un periodo de información pública que finaliza el 17 de octubre, cuando la temporada de caza 2025/2026 ya está iniciada.
Ecologistas en Acción ha denunciado que esta situación revela "el desprecio de la Consejería y del Gobierno regional por la participación pública y el trato de favor que se está dando al lobby cinegético aceptando todas sus propuestas sin pasar por el informe preceptivo del Consejo Regional de Caza".
La organización ecologista acusa al Ejecutivo de haber eludido también el debate en el Consejo Asesor de Medio Ambiente y la correcta información pública.
Tres años y medio
Según la organización, la "ilegalidad" del procedimiento que ha permitido la vigencia del reglamento durante tres años y medio ha provocado "daños ambientales, a las propias poblaciones cinegéticas y al uso público del medio natural en Castilla-La Mancha", problemas que podrían repetirse si el nuevo borrador mantiene los términos que ya fueron cuestionados en los tribunales.
"Esta firmeza de la sentencia supone el pleno reconocimiento de que la demanda de Ecologistas en Acción estaba bien fundamentada y que el Gobierno de Castilla-La Mancha actuó al margen de la legalidad y en manifiesto desprecio a la participación pública", ha subrayado la organización.
En este sentido, reclaman al Ejecutivo autonómico que asuma responsabilidades políticas por "un desaguisado" que, a su juicio, debería traducirse en una disculpa pública, en el replanteamiento de la política cinegética y en una apertura real a que toda la sociedad pueda participar en igualdad de condiciones en la elaboración de las normas con repercusiones ambientales.