Rosario, la mujer de 80 años obligada a abandonar su vivienda de alquiler en la Plaza de San Justo de Toledo, tendrá una semana para decidir su futuro. Los propietarios del domicilio han abierto varias vías de negociación y la anciana dispondrá de siete días para valorar las opciones propuestas.

Así lo ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha tras la reunión que Rosario ha mantenido en la tarde de este lunes -día en el que debía salir del domicilio- con los propietarios del inmueble, herederos del anterior dueño del piso que han decidido no renovar un contrato que finalizó el pasado mes de mayo.

Rosario llegó hace cinco años a la vivienda, ubicada en el barrio donde nació. Los nuevos propietarios le enviaron un burofax para comunicarle que debía marcharse, pero le ha resultado "imposible" encontrar otro domicilio para salir del actual.

De forma paralela a la reunión, la Unión Popular de Inquilinos (UPI) de Toledo ha convocado una concentración en la misma plaza donde se ubica la vivienda, un acto al que han acudido un centenar de personas "para apoyar a Rosario".

En la protesta, Alicia Martínez, miembro de la UPI, ha pedido que "la presión de las calles tenga efecto para que podemos tener un mercado de la vivienda intervenido y quedarnos en nuestros barrios y ciudades".

"El objetivo de esta concentración es apoyar y respaldar a Rosario. Contactó con nosotros porque no podía más. Hoy podrá dormir en su casa, pero no sabemos que pasará en una semana. No podemos consentir que una persona como ella, que lleva viviendo aquí toda la vida, tenga que irse y dejar su barrio", ha asegurado.

Asimismo, ante la propuesta del Ayuntamiento de Toledo para que pueda quedarse en la Residencia Social Asistida de San José, ubicada en el barrio de Azucaica, Martínez ha asegurado que "se trata de una opción técnica pero no humana".

"Ella tiene 80 años y cierto grado de discapacidad, pero puede valerse por sí misma", ha indicado.

"No me puedo ir"

Este caso llega apenas unos días después del de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de la vivienda de Madrid en la que había vivido de alquiler durante décadas.

Rosario enviudó hace apenas siete meses y cobra una pensión de 540 euros, prácticamente la misma cantidad que paga de alquiler.

"Yo no me puedo ir a ningún sitio, no puedo irme sin más a la calle. Estoy buscando por todos los sitios, pero no encuentro nada que pueda pagar", ha explicado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Aunque ha reconocido que no quiere quedarse para siempre en el piso, sí pide "unos meses para encontrar una alternativa". Sin embargo, aunque habla de cinco o seis meses, reconoce que quizás este tiempo tampoco garantice una vivienda que pueda pagar.

El Ayuntamiento de Toledo también ha ofrecido una cama en la Residencia Social Asistida de San José y la Junta ha aportado una estancia temporal mientras se busca alternativa, pero Rosario ha rechazado estas posibilidades porque no quiere que la solución "pase por dejar de vivir de forma independiente".

Nuevo borrador del decreto-ley de vivienda

Este mismo lunes, el Gobierno ha plantado a sus socios suspender los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y prorrogar los contratos de alquiler que lleguen a su fin hasta finales de 2028.

Estas son dos de las principales medidas que recoge el borrador del nuevo decreto-ley de vivienda que el Ejecutivo quiere llevar este martes al Consejo de Ministros.

El documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, introduce cambios en buena parte de las reglas del mercado del alquiler de viviendas.

Además, toca los contratos temporales, las subidas del alquiler, los gastos que paga el inquilino, las reparaciones y los incentivos fiscales para arrendatarios y propietarios. E introduce cambios para el régimen fiscal de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliarii (socimi).