La situación del sector del taxi en Toledo ha alcanzado un punto "crítico". Según ha denunciado Manuel Madruga, secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), el sector ha sufrido una caída del 35 % en su facturación tras el desembarco de plataformas como Bolt el pasado verano.

Madruga califica la operativa de estas VTC como una "presunta ilegalidad" y exige una intervención "contundente" de las administraciones para evitar la desaparición de un servicio público esencial.

El conflicto radica en la ausencia de una normativa regional que autorice a las VTC a realizar trayectos urbanos. Según Madruga, al no existir una ley en Castilla-La Mancha que regule este servicio, impera el "Decreto Ábalos", que limita la actividad de las VTC al ámbito interurbano.

"Lo que estamos viendo en nuestras calles es la comisión de una presunta ilegalidad. Toledo no es Madrid ni Barcelona; aquí la penetración de estas plataformas de forma ilegal hace que el sector se hunda", advierte el secretario general en una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Ante lo que Fedeto considera una falta de control, la patronal ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Toledo la creación de una patrulla de la Policía Local dedicada exclusivamente a vigilar y sancionar el transporte irregular.

Unas 200 multas

Madruga califica de "incomprensible" que, según declaraciones de la propia directiva de Bolt, se hayan realizado 60.000 servicios en un semestre y solo se hayan interpuesto "unas 200 sanciones". "Si mañana abro una farmacia sin licencia, el Ayuntamiento me la precinta en diez minutos. ¿Por qué aquí se permite que campen a sus anchas?", cuestiona.

Uno de los puntos clave de la denuncia es la diferencia entre el modelo de negocio del taxi y el de las VTC. Madruga explica que el taxi es un servicio público con tarifas visadas "por dos administraciones" y el precio tasado mientras que Bolt ofrece precios basados en la oferta y la demanda, lo que puede elevar "un trayecto al hospital o al aeropuerto a cientos de euros en momentos de alta demanda".

"En el momento en el que perdamos el taxi, estamos perdidos", sentencia Madruga, subrayando que las licencias de taxi implican una inversión de gran volumen (vehículos adaptados, seguros especiales) que nadie querrá asumir si no existe seguridad jurídica frente a la "competencia desleal".

Fedeto ha remitido un informe jurídico tanto a la Junta de Comunidades como al Ayuntamiento y a la Policía Local para exigir que se cumpla la ley actual. Si la administración no actúa con la "contundencia necesaria", la patronal no descarta tomar medidas por su cuenta. "Tendremos que contratar detectives privados. Donde la administración no llega, tendremos que llegar nosotros", concluye.