El Gobierno de España ha comunicado este viernes al Ayuntamiento de Toledo su rechazo definitivo a las alegaciones presentadas por el consistorio tras haberse quedado fuera de los fondos europeos EDIL (Estrategias de Desarrollo Integrado Local).
Una decisión que el alcalde de la ciudad, el popular Carlos Velázquez, ha calificado como "injusta". Por ello, ha anunciado que acudirá a la vía judicial para tratar de corregir la exclusión de la capital castellanomanchega del reparto del dinero.
"Esta mañana se nos ha notificado la resolución definitiva en relación a las ayudas del Ministerio por los fondos EDIL. Como saben, Toledo se presentó con un proyecto verdaderamente importante que contemplaba actuaciones esenciales para el presente y el futuro de nuestra ciudad. Se nos confirma esa exclusión, contraviniendo las bases que regulaban la concesión de estas ayudas en una decisión que es completamente injusta y arbitraria para los intereses de la ciudad de Toledo", ha asegurado Velázquez.
El principal motivo del recurso anunciado por el Ayuntamiento se centra en la comparación con otras capitales de provincia que sí han resultado beneficiarias de estas ayudas con una puntuación inferior. Toledo ha quedado fuera del reparto con una valoración de 68,5 puntos, mientras que otras ciudades han recibido financiación con calificaciones más bajas.
"Por eso anunciamos un recurso ante los tribunales, para volver a tener esas ayudas, porque es completamente inentendible que se haya excluido a Toledo con un proyecto que tiene una puntuación de 68,5 puntos, cuando hay otras capitales de provincia en España que cuentan con esa ayuda con 60 puntos, por ejemplo", ha denunciado Velázquez.
El alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento agotará todas las vías legales disponibles para intentar revertir la decisión adoptada por el Ministerio. "Por eso acudiremos a los tribunales de Justicia, para hacer justicia con la ciudad de Toledo", ha concluido.
Mazazo millonario
El Ayuntamiento de Toledo presentó en marzo una ambiciosa propuesta con actuaciones valoradas en 20 millones de euros, de los cuales los fondos EDIL debían cubrir el 85 % del importe (17 millones), mientras que el 15 % restante (tres millones) saldría de las arcas municipales.
El proyecto municipal contemplaba tres ejes principales: la construcción de un pabellón multiusos en el barrio de San Antón, la creación de un centro de interpretación del Toledo Romano junto a las ruinas del Circo Romano y la remodelación integral del recinto ferial de La Peraleda.
A comienzos de octubre de 2025, el Ministerio de Hacienda hizo pública la resolución provisional de la convocatoria. En ella se asignaron 142 millones de euros a 42 municipios de Castilla-La Mancha, pero Toledo quedó excluida por "puntuación insuficiente", convirtiéndose en la única capital de provincia de la región que no recibió financiación. Otras ciudades como Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Talavera de la Reina obtuvieron la cuantía máxima prevista, 12,1 millones de euros cada una.
Supuesta "mano negra"
La exclusión provocó una reacción inmediata del Ayuntamiento, que expresó su indignación y puso en duda los criterios empleados. El alcalde, Carlos Velázquez, acuso a la exregidora y delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, de ser una "mano negra" y subrayó que la consultora encargada de redactar el proyecto de Toledo había presentado otros 16 en toda España, habiendo conseguido fondos para todos ellos.
El 16 de octubre, el Consistorio presentó alegaciones formales contra la resolución provisional. En ellas defendía que el procedimiento de concurrencia competitiva se había aplicado vulnerando los principios de transparencia y objetividad, y recordaba que el proyecto de Toledo obtuvo una puntuación de 68,5 puntos, claramente por encima del mínimo exigido de 50.
El Ayuntamiento también reprochó al Ministerio que no se aplicara un prorrateo de los fondos entre todos los proyectos que superaron la evaluación técnica, una fórmula que, según sus cálculos, habría permitido a Toledo acceder a unos 9,7 millones de euros. Además, llegó a solicitar la anulación de las bases de la convocatoria por considerarlas contrarias a la normativa y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Ante la queja del Ayuntamiento por no haber recibido inicialmente los informes de baremación, el Ministerio amplió el plazo de alegaciones hasta el 24 de octubre de 2025 para permitir un análisis más detallado del expediente.
Con el rechazo definitivo de las alegaciones, el conflicto se judicializará y elevará el tono del enfrentamiento político e institucional entre el Ayuntamiento de Toledo y el Gobierno de España. El Consistorio sostiene que la ciudad ha sido discriminada pese a cumplir los requisitos técnicos, mientras que desde el entorno del Ministerio se defiende la corrección del procedimiento y la aplicación estricta de las puntuaciones.