Una factura de 4.776 euros por ocho meses de consumo de luz en una vivienda de Recas (Toledo). Ese fue el susto que se llevó un ciudadano después de poner en el inmueble en alquiler en octubre de 2021, pese a que casi dos años había solicitado y pagado a la compañía eléctrica un nuevo contador que nunca llegó a ser instalado. El antiguo, el que seguía controlando el gasto eléctrico del inmueble, tenía más de 30 años y "presentaba fallos".

Según la OCU, pese a las numerosas alegaciones y reclamaciones del afectado, la empresa comercializadora no corrigió el "sumamente desproporcionado e irreal" consumo teniendo en cuenta las condiciones de la vivienda y advirtió al titular del contrato con un corte inmediato de suministro y una demanda si no pagaba todo lo adeudado.

Después de conseguir únicamente un fraccionamiento de la deuda, a razón de 398 euros mensuales durante un año, el cliente acudió en verano de 2023 a la oficina de la OCU en Toledo buscando amparo. Los técnicos de la asociación analizaron toda la documentación y decidieron iniciar un proceso de mediación frente a comercializadora y a la distribuidora, aunque tampoco resultó exitoso.

Sin rectificar

"La respuesta de ambas muestra una total falta de diligencia y estudio del asunto: la comercializadora alega que se ha facturado en virtud de las lecturas emitidas por la distribuidora, la cual afirma, sin comprobar nada, que las mismas son correctas", han explicado en una nota de prensa.

Fue entonces cuando al OCU aconsejó al cliente interponer una reclamación ante la Consejería de Industria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que intervino y comprobó el estado del contador, acreditando en un informe que no funcionaba correctamente y que presentaba fallos.

Después de unas semanas tras la emisión del informe oficial, las empresas decidieron "admitir la negligencia", pedir disculpas al cliente y rectificar las facturas, por lo que el afectado ha abonado únicamente 586 euros por el consumo real de esos ocho meses.