El Ayuntamiento de Toledo ha instado a la plantilla de la Policía Local a negociar un nuevo acuerdo sobre el cobro de las guardias para desbloquear el conflicto actual, que ha llevado a la totalidad de los agentes a rechazar la realización de horas extras. Una situación que ha llevado a suspender la media maratón prevista para este domingo en la ciudad y que podría obligar al Consistorio a contratar vigilantes de seguridad privada para garantizar la salida de las procesiones de Semana Santa, tal y como ha informado este periódico.

Según ha argumentado el teniente de alcalde, José Manuel Velasco, la culpa de que los policías no hayan cobrado las guardias realizadas durante los últimos meses es de la anterior Corporación municipal, ya que la exalcaldesa Milagros Tolón firmó tres días antes de las elecciones municipales del 28 de mayo el II Plan de Modernización de la Policía Local "sabiendo que no era viable" y que "no era conforme a la legalidad", por lo que ha acusado a la socialista de "engañar a los agentes".

Velasco ha recordado que el interventor municipal ha emitido un informe de reparo en el que queda claro que "los compromisos económicos que contrajo el Partido Socialista con el cuerpo de la Policía Local no eran viables", por lo que ha  dicho entender el "enfado" de los agentes y "que se sientan engañados por el anterior Gobierno municipal".

Voluntad de acuerdo

Es por ello por lo que el teniente de alcalde ha instado públicamente a la plantilla policial a negociar un nuevo convenio, expresando la "máxima voluntad de acuerdo para buscar alternativas de manera conjunta". Según Velasco, el "seguir instalados en que se paguen las guardias de la forma que establece el acuerdo reparado es inútil y persistir en el bloqueo solo genera un daño gratuito a la ciudad y a los propios policías".

Para el representante municipal, los agentes "están en su derecho de denunciar en el contencioso el acto del reparo del interventor", pero ha insistido: "No compartimos el bloqueo porque tenemos voluntad de arreglarlo con planteamientos conjuntos y alternativos".

El Consistorio, en palabras de Velasco, reconoce que los policías toledanos son "los más perjudicados al no poder cobrar por horas extras" y ha asegurado que el equipo de gobierno que lidera el alcalde Carlos Velázquez prefiere "abonar esas cantidades a nuestra policía que a personal externo de seguridad privada ajeno al Ayuntamiento", una posibilidad que no está descartada con vistas a la próxima Semana Santa.

Pierde la ciudad

Según Velasco, el conflicto con la Policía Local "solo agrada al PSOE y quien pierde es la ciudad". "Los empresarios y hosteleros de Toledo que este fin de semana verán anuladas todas sus reservas por la cancelación de la media maratón que estaba prevista", ha lamentado.

Por su parte, este viernes el viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Pablo García, ofreció un análisis muy distinto sobre el informe del interventor: "No creo que les haya dicho que no paguen a la policía. Lo que les ha advertido es que presupuesten bien y gestionen en condiciones. No puede ser que presupuesten 500.000 euros para servicios extraordinarios y se gasten un millón de euros, eso es lo que les advierte el interventor".

García ha acusado a los actuales gestores municipales de "despreciar de una forma muy descarada el II Plan de Modernización de la Policía Local, que lo que hace es reducir los servicios extraordinarios que el alcalde no sabe presupuestar y deja a deber".

En el informe, al que ha tenido acceso este periódico, el interventor municipal justifica su fiscalización con reparos suspensivos recordando que, en contra de lo informado al firmar el acuerdo, "la aplicación que ahora se intenta hacer de su texto supone un mayor coste de Capítulo 1 ya que mantiene, de forma ineficiente, los criterios de formulación de los cuadrantes anteriores a su aprobación, sin considerar la mutación de las 10 guardias anuales de servicios extraordinarios en complemento de productividad".

Por consiguiente, la Intervención entiende que "la aplicación del acuerdo propuesta no está recogida en los créditos presupuestarios aprobados para el 2024, por lo que supone un aumento injustificado del Capítulo 1 incumpliendo las limitaciones de incrementos retributivos del personal al servicio de las entidades locales".

Así, recuerda que, según la legalidad vigente, ahora le corresponde "al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva".