La lucha contra la violencia machista es uno de los asuntos bandera del Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, en Ciudad Real, quienes tienen que proteger a las víctimas judicialmente denuncian que lo hacen en condiciones de "grave precariedad".

Los funcionarios del Área Penal del Tribunal de Instancia han presentado una queja formal ante la Junta de Personal por una situación que califican de "insostenible" en el nuevo órgano Comarcal de Violencia sobre la Mujer, con sede en la capital y competencia también en Almagro, Puertollano y Valdepeñas.

En un comunicado, alertan de que este órgano, que aborda una materia de "sensibilidad extrema", ha comenzado a funcionar sin plantilla orgánica propia.

Para cubrir esa carencia, aseguran que el Ministerio de Justicia "ha impuesto turnos rotatorios obligatorios entre el personal de otras áreas penales".

Según denuncian, esta medida está "desmantelando" la organización de los servicios de origen y perjudica la continuidad de los procedimientos judiciales.

Además, la mayoría de los funcionarios obligados a cubrir estos turnos "no tienen experiencia previa en violencia de género ni han recibido la formación necesaria para asistir a víctimas vulnerables".

Gestión "imposible"

También advierten de que "las estadísticas del primer mes y medio de funcionamiento reflejan un volumen de expedientes imposible de gestionar con los medios actuales".

Los trabajadores reclaman la creación inmediata de una RPT, una plantilla propia, fija y estable, personal de refuerzo y formación específica.

Subrayan que la lucha contra la violencia de género es una prioridad social. Pero avisan de que "esta no puede recaer sobre la precariedad laboral y el esfuerzo personal de los trabajadores" ni en la "improvisación".

Por ello, instan al Ministerio comandado por Félix Bolaños a adoptar una solución urgente que garantice la calidad del servicio público de justicia en la provincia.