El Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real) ha llevado a los tribunales a la gestora de Minas de Almadén, la empresa dependiente de la SEPI Mayasa, al considerar que "no ha cumplido la orden de ejecución subsidiaria por la que se le instaba a retirar todos los elementos que impiden desde hace meses que se pueda transitar por caminos de uso público de la localidad".

"Esta orden se dictó con todas las garantías legales una vez cumplidos todos los plazos y trámites requeridos para que el pueblo de Almadén pueda disfrutar de su derecho de tránsito por caminos que discurren por la Dehesa de Castilseras, propiedad de Mayasa, y que están incluidos en el inventario municipal", han expresado.

Según la alcaldesa, Raquel Jurado, ya es "bastante bochornoso e incomprensible" para el pueblo de Almadén que, desde el inicio del mandato del actual presidente de la empresa, que es un cargo público nombrado por el Ministerio de Hacienda, "se haya venido impidiendo el tránsito por estos caminos".

"Pero lo que resulta del todo vergonzoso y denunciable es el hecho de que los responsables de una empresa pública actúen saltándose la ley incumpliendo una orden dictada por una administración competente para ello", ha lamentado.

Ante estos hechos, el Ayuntamiento ha interpuesto la correspondiente denuncia tras haber advertido a los responsables de Mayasa que esta actitud podría constituir un delito penal", ha afirmado.

Según la regidora, esta actitud por parte de los responsables está "suponiendo un grave perjuicio para un ayuntamiento pequeño colapsado por la sobrecarga de trabajo".

Ante esta situación se ha preguntado "si esto es lo único que el Estado puede ofrecer a un pueblo minero que durante siglos se dejó la vida en la explotación de sus minas para mayor beneficio del país".