La agrupación local del PSOE de Malagón (Ciudad Real) ha solicitado al alcalde, Adrián Fernández, que rectifique la retribución asignada a la concejala Olga Bastante, a la que considera "excesiva" y "fuera de lugar".
La polémica gira en torno a un salario anual de algo más de 52.000 euros que, según los socialistas, "no se corresponde ni con la responsabilidad ni con el contexto económico del Ayuntamiento".
El PSOE ha calificado la decisión como "un error político" y considera que hay otras prioridades más urgentes en el municipio, tanto a nivel económico como social y laboral. En su comunicado, la formación denuncia que esta asignación "resulta difícil de justificar" ante una ciudadanía que, aseguran, atraviesa dificultades económicas.
Desde el grupo socialista se hace referencia también al contexto financiero del Consorcio, que según apuntan, arrastra una deuda millonaria procedente de anteriores mandatos del PP. Por ello, argumentan que no es el momento de asumir este tipo de gastos con fondos públicos.
Comparación salarial
Los socialistas critican además que el sueldo asignado a la concejala supere el de alcaldes de municipios con cinco y hasta diez veces más habitantes que Malagón. Por ello, invitan al alcalde a "consultar a los vecinos" sobre esta decisión y contrastar su opinión con la realidad de otros municipios similares.
El PSOE recuerda que esta medida se llevó a cabo aprovechando el vacío temporal de su representación en el Pleno municipal, consecuencia de la moción de censura que llevó a Adrián Fernández de nuevo a la alcaldía. En su opinión, esta circunstancia fue utilizada de forma ventajosa para aprobar decisiones de calado sin el debate ni el consenso necesarios.
Petición
Por todo ello, la agrupación socialista exige al alcalde que reconsidere la decisión y adapte el sueldo asignado a Bastante Palomares “a una cantidad más coherente con la realidad del municipio”. En su lugar, proponen que esos fondos se destinen a atender necesidades reales de los vecinos.
“Si los malagoneros viven con sueldos de 15.000 o 20.000 euros al año, no vemos motivo para que sus representantes públicos no puedan hacerlo también”, concluyen, apelando directamente al sentido común y a la responsabilidad institucional.