La situación preocupa a quienes llevan años trabajando para proteger el patrimonio arqueológico: los ladrones ya no parecen entrar en los museos para ver qué pueden encontrar, sino que llegan sabiendo qué quieren y cuánto tiempo necesitan para llevárselo.
Durante la madrugada del pasado 28 de julio, cuatro encapuchados irrumpieron de madrugada en el Museo de Albacete, rompieron las vitrinas de la sala de Arqueología y se llevaron más de 200 monedas de oro antiguas pertenecientes a dos preciadas colecciones, la de Madrigueras y la de Villamalea.
El golpe duró apenas un minuto y medio y los asaltantes abandonaron el edificio antes de que las fuerzas de seguridad pudieran llegar. No recorrieron las salas llevándose cuanto encontraban a su paso: fueron directamente hacia dos conjuntos concretos con monedas de la época de los reinados de Fernando VI, Carlos III, Carlos V e Isabel II.
El caso de Albacete dejó de ser un episodio aislado pocas semanas después. En abril, 149 monedas de oro del Tesoro de Villanueva de la Serena fueron sustraídas del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz y, a finales de agosto, el Museo de Villena, en Alicante, sufrió otro asalto en el que los ladrones se llevaron buena parte de uno de los mayores conjuntos de oro de la Edad del Bronce de Europa.
Tres robos, tres museos y una coincidencia demasiado evidente como para pasarla por alto: el oro arqueológico se ha convertido en un objetivo especialmente atractivo para los delincuentes.
La sucesión de golpes ha obligado incluso al Ministerio de Cultura a reforzar la coordinación con las comunidades autónomas y la Policía Nacional. Después de una primera reunión celebrada a finales de agosto, está prevista una nueva cita con responsables de los museos autonómicos y la Brigada de Patrimonio Histórico para analizar los sistemas de seguridad.
El Ministerio ya había solicitado información sobre las medidas de protección y los inventarios de piezas de oro, plata y piedras preciosas existentes en las colecciones.
Pero detrás de esa respuesta policial existe un problema mucho más amplio. Para Luis Benítez de Lugo, profesor de Prehistoria y Arqueología en la Universidad Complutense de Madrid y vicepresidente de la Asociación Profesional de Arqueología y Patrimonio de Castilla-La Mancha, los robos muestran que existe una delincuencia cada vez más especializada y capaz de seleccionar previamente aquello que quiere conseguir. "No entran a un museo a ver qué encuentran", sostiene, sino que "van a tiro fijo".
El experto considera que los responsables pueden estudiar previamente las colecciones, conocer la distribución de los centros y seleccionar las piezas que pretenden sustraer, de manera que el asalto se convierte en una operación rápida en la que cada minuto cuenta.
En el caso de Albacete, esa circunstancia resulta especialmente significativa: los autores se dirigieron a la sala de Arqueología y atacaron directamente las vitrinas que contenían las monedas.
No se trata únicamente de una impresión derivada de los tres casos españoles. Benítez de Lugo recuerda que organismos europeos como Europol vienen alertando de la evolución de los robos contra instituciones culturales y de la posibilidad de que las piezas sean sustraídas no por su interés histórico, sino por el valor material que representan.
En determinados casos, además, el destino final puede ser especialmente destructivo: que el objeto termine fundido y pierda para siempre su forma y, con ella, buena parte de la información que permitía estudiarlo.
El experto contempla incluso otra posibilidad: que determinadas piezas puedan ser robadas por encargo para coleccionistas que buscan objetos únicos que no puedan conseguirse en el mercado legal.
Es una hipótesis que, en su opinión, ayuda a entender por qué determinados delincuentes pueden asumir el riesgo de entrar en un museo para hacerse con una pieza concreta. Sea cual sea el destino final, la consecuencia para la arqueología es la misma cuando un objeto desaparece o acaba destruido.
Mucho más que oro
Para un ladrón, una moneda puede ser una pieza de oro con un determinado precio. Para un arqueólogo, sin embargo, ese mismo objeto puede contener información sobre una sociedad que vivió hace siglos y que todavía presenta muchas incógnitas. El valor histórico de las piezas, advierte Benítez de Lugo, es "incalculable".
El Tesoro de Villena permite entenderlo de forma especialmente clara. El conjunto, descubierto en 1963, reúne cerca de diez kilos de oro y más de 600 gramos de plata y constituye una de las grandes referencias de la orfebrería de la Edad del Bronce europea.
Su importancia no reside únicamente en la cantidad de metal acumulado, sino en todo lo que permite estudiar: las técnicas empleadas por los artesanos, el grado de especialización de quienes fabricaban estas piezas, la existencia de una determinada estructura social o la capacidad de una comunidad para acumular y concentrar riqueza.
Ese conocimiento tampoco permanece estático. Lo que un arqueólogo puede descubrir hoy no tiene por qué ser todo lo que una pieza puede contar dentro de 25 o 50 años. La ciencia avanza, aparecen nuevas técnicas de análisis y se formulan nuevas preguntas que permiten extraer información que antes era imposible obtener.
Por eso Benítez de Lugo insiste en una idea que considera fundamental: cuando desaparece una pieza arqueológica, no solo se pierde aquello que los investigadores conocen en ese momento, sino también todo lo que podrían haber descubierto sobre ella en el futuro. Una pieza puede ser irrepetible y, una vez destruida, esa posibilidad desaparece con ella.
La paradoja es especialmente evidente cuando se trata de oro. El metal puede fundirse, separarse del resto de materiales y volver a convertirse en una mercancía. Lo que no puede recuperarse es el contexto arqueológico, la forma original del objeto, sus marcas, sus técnicas de fabricación y toda la información histórica que acumulaba.
Museos y no fortalezas
La otra cara del problema está en los propios edificios. Los museos tienen que proteger las piezas, pero su razón de ser es precisamente mostrarlas al público. "Los museos no están concebidos como búnkeres", explica Benítez de Lugo.
Son espacios pensados para conservar, investigar y enseñar el patrimonio, y durante décadas sus sistemas de seguridad se han diseñado teniendo en cuenta unas amenazas que ahora parecen haber cambiado.
El Museo Provincial de Albacete es, además, un centro de titularidad estatal gestionado por la Junta de Castilla-La Mancha y uno de los principales referentes arqueológicos de la región.
Fuentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte han asegurado a este medio que, después del robo, todos los museos de Castilla-La Mancha han contactado con la Policía Nacional para que los agentes evalúen sus sistemas de seguridad y que se han adoptado las medidas propuestas, aunque estas no pueden hacerse públicas por razones evidentes.
La Junta también ha indicado que han incrementado la protección de determinadas piezas susceptibles de robo y que han establecido medidas específicas teniendo en cuenta las nuevas estrategias delictivas que se están documentando.
El Gobierno regional mantiene asimismo el contacto con el Ministerio de Cultura y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y participa en las reuniones convocadas para abordar la seguridad de los museos.
La respuesta resulta necesaria, pero para Benítez de Lugo no debería quedarse exclusivamente en cámaras, alarmas o vitrinas. El problema de fondo, sostiene, es que durante años se ha pedido a las instituciones culturales que conserven un patrimonio cada vez más valioso sin dotarlas siempre de los medios humanos y económicos necesarios.
El patrimonio que no está detrás de una vitrina
Porque el riesgo no comienza cuando una pieza llega a un museo. Castilla-La Mancha cuenta con un enorme patrimonio arqueológico repartido por su territorio, buena parte del cual permanece fuera de las instituciones museísticas y, en muchos casos, todavía no ha sido excavado ni estudiado.
Benítez de Lugo pone el foco en una amenaza que considera menos visible que los grandes asaltos a los museos: el expolio arqueológico. El uso de detectores de metales fuera de proyectos arqueológicos autorizados puede provocar que objetos que llevan siglos enterrados sean extraídos sin ningún registro científico y pierdan para siempre el contexto en el que aparecieron.
El problema no es, según el experto, el detector de metales en sí mismo, sino su utilización al margen de la investigación arqueológica. Cuando una pieza se extrae sin documentar dónde estaba, a qué profundidad, junto a qué otros materiales o en qué estrato arqueológico apareció, parte de la información desaparece aunque el objeto termine llegando a un museo.
Y esa pérdida puede ser irreversible. Un objeto aislado cuenta mucho menos que ese mismo objeto acompañado de toda la información sobre el lugar en el que fue encontrado. La arqueología no estudia únicamente piezas; estudia relaciones, contextos y sociedades.
El vicepresidente de la asociación reclama por ello una legislación más homogénea y una mayor coordinación entre las distintas administraciones.
En su opinión, la diferente regulación existente entre comunidades autónomas puede generar desigualdades en la protección del patrimonio e incluso favorecer desplazamientos hacia territorios donde las condiciones sean menos restrictivas.
Su planteamiento no pasa por prohibir una herramienta que también puede emplearse con fines científicos, sino por controlar su utilización cuando se convierte en una vía para expoliar yacimientos.
Un patrimonio que no se puede volver a fabricar
Los grandes robos de Albacete, Badajoz y Villena han puesto el foco sobre una amenaza que, hasta hace poco, podía parecer propia de otros países o de grandes museos internacionales.
Sin embargo, las piezas han desaparecido de instituciones públicas españolas y "lo han hecho con una rapidez que demuestra que la seguridad necesita adaptarse a nuevas formas de delincuencia".
Pero incluso si los sistemas de vigilancia se refuerzan y las investigaciones permiten recuperar las piezas, Benítez de Lugo considera que sería un error pensar que el problema queda resuelto.
Por eso insiste en que las administraciones deben "blindar" económicamente los museos y reforzar la protección legal y material de los bienes arqueológicos. No como una cuestión ornamental ni como una afición reservada a especialistas, sino porque se trata de un patrimonio que pertenece al conjunto de la sociedad.
"Es un recurso público no renovable", recuerda. Y esa definición resume buena parte del problema: mientras una mercancía puede fabricarse de nuevo, una pieza arqueológica única no puede reproducirse cuando desaparece.
La advertencia final del arqueólogo es especialmente contundente. Si las administraciones no adaptan sus políticas, sus recursos y sus sistemas de protección a las amenazas actuales, la sociedad puede acabar asistiendo a la desaparición de una parte de su propia memoria sin haber reaccionado a tiempo.
"No podemos seguir gestionando el patrimonio del siglo XXI y los retos que nos trae el siglo XXI, con presupuestos del siglo XX y con sistemas de seguridad obsoletos", resume Benítez de Lugo.