El pleno de la Diputación de Albacete ha acordado este jueves por unanimidad no recurrir la sentencia sobre la herencia de Purificación Urrea, que condena a la institución a devolver los bienes a los herederos y a pagar 11 millones de euros.
Así lo ha indicado el vicepresidente y portavoz del equipo de Gobierno, Fran Valera, que ha dado las gracias a todos los grupos políticos con representación en esta institución por su postura sobre un tema que se ha dilatado en el tiempo desde 1968 para poner "punto y final" al asunto.
Valera ha considerado que no recurrir la sentencia es "lo más prudente y lo mejor para los intereses de la Diputación y de la provincia", avanzando así en la resolución de una cuestión que la entidad arrastra desde hace más de cinco décadas.
Se trata de una actitud "cauta", ha apuntado el vicepresidente, a lo que ha añadido: "Cada vez que pasa un año de este procedimiento las arcas de Diputación se ven sensiblemente afectadas,por lo que entendemos que la situación más prudente, pensando en esos intereses, es poner punto y final a este asunto”.
Valera ha remarcado que el objetivo siempre ha sido "velar" por los intereses de la provincia, de la ciudadanía y de cada localidad y ha aseverado que "en ningún caso ha existido mala fe por parte de la Diputación en la posesión de estos bienes".
"La diligente actuación que ésta ha realizado ha hecho posible que cada millón de pesetas que recibió en 1968 se haya convertido en un millón de euros en la actualidad, únicamente teniendo en cuenta el valor de las fincas de rústica, valoradas entonces en 28 millones de pesetas y actualmente en 28 millones de euros", ha dicho.
Ha explicado que la institución provincial dará cumplimiento a la sentencia judicial "desde el respeto y la transparencia que siempre ha demostrado, y trabajando".
Una sentencia millonaria
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Albacete dio el pasado mes de julio la razón a los herederos de Purificación Urrea, en la causa contra la Diputación Provincial.
Así, la Audiencia Provincial acordó mantener la condena del juzgado de instrucción número 5 de Albacete, que obliga a la institución provincial a devolver a los herederos de Urrea los bienes y pagar 11 millones de euros por la explotación de las tierras y fincas.